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Funcionarios encargados del cumplimiento de leyes en EE.UU. piden el endurecimiento de las reglas de constitución de sociedades

Por Brian Monroe

Las sociedades y compañías fantasmas creadas en Estados Unidos bajo leyes de constitución de sociedades débiles están permitiendo que países sancionados se dediquen a actividades ilícitas, de acuerdo a tres funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes según su testimonio ante un panel del Senado de EE.UU.

El sistema actual de incorporación está plagado de “falta de transparencia y secretismo…es el mejor amigo del lavador de capitales, del pornógrafo infantil, del que hace trampa en impuestos, del estafador, del político corrupto, y por supuesto, del financista de redes de terrorismo,” dijo Adam Kaufmann, Fiscal de Distrito Asistente por el Condado de Nueva York. Él fue el encargado de leer una declaración de su jefe, el Fiscal de Distrito de Manhattan Robert Morgenthau, y además habló de manera improvisada según las preguntas que le iban haciendo los Senadores.

Kaufmann compareció en la Comisión del Senado sobre la Seguridad de la Patria en apoyo a la Ley de la Transparencia de la Constitución de Sociedades y Asistencia Para Hacer Cumplir las Leyes, la cual fue presentada ante el Senado en marzo. Janice Ayala, de la Oficina de Investigaciones, Migración, Vigilancia y Control de Aduanas de los EE.UU., y la Asesora Senior al Fiscal General Asistente del Departamento de Justicia de los EE.UU., Jennifer Shasky Calvery, también hablaron en apoyo a la legislación propuesta.

Cada uno la resaltó como un paso importante para disminuir la creación de sociedades fantasmas que tienen estructuras de propietarios poco transparentes y que son usadas -muy a menudo- para el blanqueo de capitales y para facilitar otras actividades ilícitas.

La crítica al proyecto de ley vino de Harry J. Haynsworth, presidente de una comisión que trató asuntos de propiedad beneficiaria para la Comisión sobre Ley Uniforme, y de Elaine F. Marshall, Secretaria del Estado de Carolina del Norte. Ambos alegaron que la legislación propuesta crearía cargas excesivas sobre los estados y negocios nacionales y extranjeros que buscaran constituir una sociedad en Estados Unidos.

El proyecto de ley, S.569, obliga a los estados a recopilar información sobre los propietarios y beneficiarios de las sociedades y a suministrar los datos a las autoridades competentes en caso de éstas requerirlos. Fue presentado por el Senador Carl Levin, un Demócrata de Michigan, y co-patrocinado por los Senadores Charles Grassley, Republicano del estado de Iowa, y Claire McCaskill, Demócrata del estado de Missouri. A los agentes que incorporan las compañías también se les requeriría implementar programas anti-blanqueo de capitales e individuos constituyendo una organización y, de esta manera, quien deliberadamente suministrara información falsa sería responsable de manera criminal.
En mayo de 2008, el senador Levin introdujo el mismo proyecto de ley, co-patrocinado por el entonces senador Senador Barack Obama, pero no pasó de la comisión.

Ilustrando los abusos actuales, Kaufmann dijo que entre abril de 2005 y marzo de 2007 este sistema de constitución de sociedades de Estados Unidos, fue señalado en más de 300 Informes de Actividad Sospechosa (“SAR”, por sus siglas en inglés), asociándolas a más de $200 millones de dólares ligados a transacciones sospechosas.

Kaufmann habló también de varias acciones criminales de alto perfil -perseguidas por su oficina- que involucraban el uso de compañías fantasmas y propietarios beneficiarios escondidos. Ilustró a la audiencia diciendo que dos compañías fantasmas involucradas escondían los intereses de los propietarios y movían capitales asociados con Irán hacia EE.UU., siendo Irán un país que es sujeto de numerosas sanciones internacionales. Otras compañías fantasmas eran usadas para evadir impuestos, para el fraude hipotecario y para mover capitales para soborno y corrupción política en Haití. En muchos casos, las transacciones relacionadas eran registradas como pagos por “servicios de consultorías.”

Un caso que involucró a Irán y fue una noticia importante en Nueva York fue el secuestro de una porción de una torre de oficinas por parte del Fiscal de Distrito de Nueva York. El edificio de Manhattan era propiedad parcial de una sociedad fantasma nacional secretamente controlada por Irán.

En otro caso, la sociedad fantasma era usada por el gobierno iraní para mover capitales -desde EE.UU.- a cuentas secretas en una jurisdicción extraterritorial. Irónicamente, cuando los investigadores presionaron a esta jurisdicción por información, obtuvieron más de lo que estaba disponible en Nueva York, según señaló Kaufmann.

Bajo la reciente reiteración del proyecto de ley, si un criminal usa un nombre falso, este hecho establecería una intención dolosa lo que  daría pie a los encargados del cumplimiento de la ley para presentar cargos contra el individuo y a quienes le están asistiendo intencionalmente, dijo Kaufmann.

Sin embargo, en sus argumentos para no pasar el proyecto de ley, la secretaria del Estado de Carolina del Norte, dijo que éste se traduciría en “requerimientos adicionales para llevar registros” y significaría una cantidad no determinada de costos para los estados, los cuales ya están viendo como estiran su actual presupuesto.

El proyecto de ley de Levin también causaría confusión para trabajadores estatales que recopilan información, dijo Marshall, quien es también co-presidente del Grupo de Trabajo para la Formación de Empresas formado por la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (“NASS”, por sus siglas en inglés). Añadió que a los empleados estatales no se les debería encomendar la definición o identificación de propietarios beneficiarios.

Pero las alternativas propuestas por “NASS” y la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (“NCCUSL”, por sus siglas en inglés) sufren de deficiencias que no harán que la información clave sea accesible y mantendrán a las autoridades encargadas de hacer valer las leyes “correteándose las colas,” dijo Levin durante la audiencia del jueves.

Al destacar qué tan grande es el problema, Levin apuntó a la constitución de sociedades que venden compañías fantasmas “añejadas” que tienen varios años de existir y que le permiten al comprador obtener servicios corporativos y de cuentas bancarias más fácilmente porque pueden suministrar tres o cuatro años de declaraciones de renta para dar a la operación la apariencia de legitimidad.

Bajo la propuesta de “NASS”, un “dueño según el registro,” el cual mantendría propiedad beneficiaria y otra información, podría ser “otra compañía fantasma, testaferro o servicio de constitución de sociedades – cualquier cosa,” dijo Kaufmann.

Por otra parte, la iniciativa de “NCCUSL”, la cual aboga por un “contacto de registro” y un “individuo responsable” a ser nombrados es “compleja y confusa,” dijo Levin. La propuesta requiere que las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes llamen al agente para obtener la información, en lugar de ir confidencialmente a los estados, dijo. “Esa no es la manera como deseas investigar a alguien, enfatizó.”

En una audiencia en noviembre de 2006 en donde estuvieron representantes de la Sub-Comisión Permanente del Senado sobre Investigaciones funcionarios del Servicio de Recaudación de Ingresos de los EE.UU., de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas y del Departamento de Justicia, hubo un acuerdo en que la falta de datos sobre los propietarios de las compañías ha sido una debilidad en el sistema financiero por más de 20 años.

Cuando se les dijo que dieran soluciones concretas, sin embargo, y a llamada por parte de Levin, la respuesta de las agencias incluyó declaraciones tales como “fuera del alcance de nuestra responsabilidad,” “este asunto está siendo estudiado y la agencia no podía decidir sobre políticas en el asunto”.

La audiencia de 2006 confrontó a Richard Geisenberger, sub-secretario de estado de Delaware, contra Laurie Flynn, consejera legal principal de Massachusetts. Ella declaró que la mancomunidad es capaz de recolectar y catalogar información de compañías, mientras que Gisenberger fue presionado para responder por qué su estado se rehusa a recolectar esa información.

Flynn, quien dijo que Massachusetts no publica las direcciones residenciales de los funcionarios de las compañías debido a aspectos sobre la privacidad, pero que sí recolecta información incluyendo la actividad mercantil de la operación, nombre y dirección del presidente, tesorero, agente residente, accionistas y registros.

La audiencia de 2006 de la Sub-Comisión Permanente del Senado sobre Investigaciones (“PSI”, por sus siglas en inglés) siguió a una que se celebró en agosto del mismo año luego de que se presentaran informes por parte del Departamento de la Red Para Hacer Cumplir la Ley Contra Delitos Financieros del Tesoro y de que el Grupo de Acción Financiera basado en París condenara la falta de transparencia de información de propietarios y la creciente constitución de sociedades fantasmas que sólo existen en papel.

Que el GAFI considerara que EE.UU. “no cumple” en lo relativo a propietarios beneficiarios es una “vergüenza” y que las leyes no hayan cambiado significativamente desde entonces es “absurdo,” dijo Kaufmann durante la audiencia de casi tres horas de la Comisión del Senado sobre Seguridad de la Patria presidida por el Senador Joseph Lieberman (Independiente representando a Connecticut).

Los estándares de transparencia nacional de EE.UU. “deberían ser algo más que: ‘Mejor que Liechtenstein y tratando de alcanzar a Panamá,’” dijo. “Simplemente, estamos rezagados, detrás de muchos otros países en el mundo, en esta materia, y esto hace que nuestras declaraciones -concernientes a la transparencia y evasión de impuestos- suenen huecas e hipócritas.”

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