Por Juan David Morgan

Julio 28, 2017

Publicado por Revista Portada (https://portadapanama.com/el-retorno-del-pendulo-vi/)

Los acontecimientos recientes me mueven a volver sobre el tema de la oscilación pendular desde la transparencia extrema por razones fiscales hacia el derecho a la privacidad, consagrado en todas las constituciones del mundo occidental. Me refiero a la compra por parte del gobierno alemán de los mal llamados Panama Papers y a la publicación del libro Sociedades Peligrosas, de los esposos Scott Bronstein y Rita Vásquez, periodistas afiliados al diario La Prensa que participaron activamente en la investigación y posterior divulgación de los famosos papeles hackeados a Mossack Fonseca (MF).

El pago por parte del gobierno alemán de casi seis millones de dólares para adquirir la propiedad sobre el enorme cúmulo de documentos viene a convertir en verdad irrefutable algunas sospechas que se generaron a raíz de la aparición a nivel mundial de dichos documentos el 4 de abril de 2016. Quedó comprobado que se trató de una sustracción ilícita de documentos, y no de una “filtración”, y que dicha sustracción fue realizada con el propósito de lucrar y no de ayudar a la humanidad, como afirmara en una sorprendente declaración pública el autor del hackeo, conocido únicamente con el consabido apodo de John Doe, utilizado por los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que recibieron y entregaron los documentos al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El afán de lucrar quedó al descubierto desde que, menos de dos meses después del lanzamiento de la campaña mundial en la que escogieron a Panamá como chivo expiatorio, apareció en Madrid, traducido al español, el libro Los papeles de Panamá, firmado por los mismos periodistas alemanes que se habían inventado al moderno Quijote que, por amor al prójimo y lanza en ristre, acometía contra los nuevos molinos de viento las actividades offshore. Quien estas líneas escribe, igual que muchos lectores, sabe que traducir un libro de 460 páginas, editarlo y publicarlo toma muchísimo más de dos meses, por lo que es obvio que la obra mencionada ya estaba en preparación desde antes del 4 de abril de 2016.

Tampoco hay que olvidar la forma en la que fueron publicados originalmente los papeles por el ICIJ: ellos advirtieron, muy claramente, que solamente publicarían el 5% de los más de once millones y medio de documentos e incluyeron, como suculento abreboca, los nombres de políticos, deportistas y artistas mundialmente conocidos. Sobre el resto afirmaron categóricamente que no serían publicados e incluso se negaron a entregarlos a autoridades de diversos países que los solicitaron.

Ahora la estrategia ha quedado clara: el 95% restante iban a ser vendidos al mejor postor. Recordemos también que mucho antes de la reciente compra por parte del gobierno alemán, y de acuerdo con noticias aparecidas en los medios periodísticos, ya Dinamarca y Argentina habían pagado una suma de dinero importante por adquirir los documentos relacionados a sus países. La aterradora conclusión a la que debemos llegar es que a veces el crimen sí paga. Robar documentos a una empresa para después venderlos al mejor postor es un delito que, igual que los denunciados a través de los papeles sustraídos, debe ser investigado y sancionado.

No hacerlo envía a la humanidad un mensaje sumamente negativo: puedes robar información y venderla con pingües ganancias siempre y cuando esa información pueda servir para incriminar a otros delincuentes. O sea, que el fin sí justifica los medios. Las consecuencias negativas de semejante precedente son inimaginables. Por otra parte, no sabemos, porque no se ha dicho, quién recibió los cinco millones setecientos mil dólares pagados por Alemania: ¿fue el ICIJ? ¿fue el hacker? Y una pregunta ingenua pero necesaria: quienquiera que haya sido el beneficiario final ¿habrá pagado impuestos sobre esa ganancia? Y si, efectivamente, estos se pagaron ¿el fisco de qué país fue el favorecido?

Vayamos ahora al libro publicado por Bronstein y Vásquez más de un año después de la aparición de los “Papeles de Panamá”, cuya lectura recomiendo por las interioridades que revela sobre la investigación llevada a cabo por los periodistas asociados en la ICIJ y por algunos comentarios y afirmaciones que contiene.

Los autores critican sin ambages la escogencia que hizo la ICIJ del nombre “Panama Papers” para designar los once millones y medio de documentos sustraídos a MF, escogencia a la que se habían opuesto, lo que los lleva a afirmar que aunque “El nombre Panama Papers pudo ser una frase pegajosa, sin embargo ha sido un completo fracaso bajo la perspectiva del periodismo”.

Dentro de ese mismo orden de ideas, reprochan el sensacionalismo con que se divulgó la noticia, especialmente por parte de los periodistas alemanes que originalmente recibieron la información robada. En este sentido, llama mucho la atención la afirmación que hacen Bronstein y Vásquez de que haber nombrado Panama Papers al proyecto “era lo mismo que lo que hacían los equipos de la televisión (se refieren a cadenas de televisión foráneas) correteando a Leticia Montoya, la mal afamada directora nominativa (se refieren a Mossack Fonseca) por todo Panamá para obtener una entrevista: podía ser un gran material para lograr grandes titulares, pero no solucionaba los problemas reales que existían. De hecho, creó una distracción innecesaria de dichos problemas”.

Bronstein y Vásquez también critican la hipocresía prevaleciente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues mientras atacaba a los países en vías de desarrollo por su falta de transparencia se olvidaban de que países desarrollados, como los Estados Unidos, rehusaban adoptar la imposiciones de ese cartel de países ricos, del cual dicho país es un miembro importante. Afirman los autores: “Antes de que aparecieran las historias sobre Mossack Fonseca, Panamá se había negado a seguir a la OCDE; sin embargo, los Panama Papers hicieron que esto cambiara. Frente a una presión internacional intensa, el presidente Varela se comprometió a adoptar las normas a pesar de que Estados Unidos no lo hubiese hecho”.

Y también afirman que “Panamá había sido de los últimos países en inmovilizar el uso de las acciones al portador; tal vez fue así porque otras jurisdicciones aún seguían ofreciéndolas a sus usuarios, y muy a pesar de las recomendaciones internacionales no terminaban de hacer los cambios que la mayoría habían efectuado. Sí, se trataba nada más y nada menos que de algunas acciones operadas desde Estados Unidos como Liberia y las Islas Marshall, ambas administradas desde firmas de abogados en Virginia y Maryland, respectivamente”.

Agrego yo que hoy esas jurisdicciones, que representan la principal competencia de Panamá en el registro abierto de naves, todavía siguen ofreciendo abiertamente y por internet sociedades con acciones al portador para el abanderamiento de naves.

El libro que comentamos también incluye una crítica muy significativa al Nobel de economía Joseph Stiglitz por su actuación como miembro de la comisión presidencial nombrada por el gobierno panameño para examinar y hacer recomendaciones que mejoraran el sistema financiero. Luego de afirmar que Stiglitz “se ha convertido rápidamente en el enemigo número uno de Panamá”, expresan: “Creo que fue por esto por lo que Stiglitz, al igual que Mark Pieth, su colega suizo, renunciaron a la comisión, y lo hicieron de la forma más dramática posible: una vez se percataron de que solamente estaban allí para sellar los cambios que Panamá ya había hecho, decidieron sabotear el proceso” Y añaden: “Fuentes cercanas a los miembros restantes del comité dijeron que Stiglitz había hecho peticiones al grupo, entre ellas financiamiento para realizar la investigación para un libro sobre el tema.

También dijeron que desde el principio tuvo choques con Alemán Zubieta, el ex administrador del canal, (de quien los autores se expresan en términos elogiosos) que había sido nombrado presidente.”

El libro Sociedades Peligrosas contiene otras críticas a la ICIJ por el afán de lucro que se hizo evidente desde el inicio del proyecto: la forma en que fueron divulgados los documentos de MF al ofrecer, como un abreboca, el 5% del total de la documentación; la venta parcial, anónimamente, de documentos a países como Dinamarca por una suma importante de dinero; y finalmente, y quizás lo más revelador, la instrucción dada por la ICIJ a los participantes en el proyecto Panama Papers, antes de que los documentos se dieran a la publicidad: “Después de la publicación —decía la ICIJ citado por los autores del libro— por favor no comparta ningún documento con funcionarios del gobierno, defensores o abogados.

Básicamente, no comparta los documentos con nadie. De existir alguna duda, dirija al ICIJ a las personas que solicitan los documentos”.

Todo lo anteriormente señalado en el libro que comento coincide con lo que expresé al inicio: en la agenda de la investigación y divulgación de los maliciosamente llamados Panama Papers siempre existió un afán de lucro que ahora comienza a conocerse plenamente. Y como viene ocurriendo desde que se inició la infame, injusta e inmerecida campaña contra Panamá, el péndulo sigue alejándose del extremo en que lo colocaron los frenéticos burócratas que hoy dirigen la OCDE, cuyo único objetivo parece ser el de convertir el planeta en un infierno fiscal.