¿Quién le teme a la OCDE?

Martes Financiero

Edición No. 744 | Septiembre 4, 2012

TRIBUTARIO – Soberanía y Cooperación

ÓSCAR CASTAÑO LLORENTE Y MELISSA NOVOA

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SITUACIÓN. Se vive en Panamá una revolución fiscal, con repercusiones directas en la competitividad del país. LA PRENSA/David Mesa

Eduardo Morgan Jr. pidió la palabra y tuvo suficiente con un minuto y 11 segundos para fijar la posición panameña más radical frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Primero como un zumbido de abejas y luego como el sonido de un aguacero, la intervención se escuchó en el salón principal de reuniones de la Cámara de Comercio,  Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) poco antes de finalizar su foro sobre el proyecto global de la OCDE.

En él se analizó la situación del país en asuntos de transparencia fiscal internacional.

«¿Ustedes estudiaron si los países [miembros de la OCDE] tienen el sistema de Panamá del agente residente abogado de registro público en el que consta quién es el agente residente y quiénes son los directores de la compañía, el cual está abierto al público según la ley nuestra de conocer al cliente?”, preguntó al panel de exposición.

Este lo integraban representantes eruditos de la plataforma de servicios del país y ante un auditorio de por lo menos 100 personas vestidas de traje formal.

Después preguntó “¿conocen la opinión del procurador general de la Nación sobre el sistema panameño del Registro Público de agente residente abogado, que tiene la obligación de conocer al cliente y que no permite que nadie se esconda detrás de una acción al portador para hacer bribonadas con una sociedad anónima sin que lo agarremos?”.

Y cerró con esta afirmación: En ese aspecto, en Panamá no se tiene ningún antecedente.

Fuera de la reunión Morgan Jr. recalca con más fuerza: “el Gobierno debería estar consciente de que la OCDE, que no es una organización internacional sino un club de países ricos, como la llaman la revista The Economist y Paul Krugman —ganador del Premio Nobel de Economía de 2008—, lo que persigue es acabar con sus competidores. Entre los cuales estamos nosotros”.

La intervención fulgurante de Morgan Jr. ilustra la manera como se vive el debate sobre las sugerencias de la OCDE dirigidas a dotar de mayor transparencia el manejo de información fiscal.

El organismo sostiene, por ejemplo, que es necesaria la eliminación de las acciones al portador porque a través de ellas se puede incurrir en delitos de evasión fiscal en y desde otras jurisdicciones, e incluso facilitan la consumación de ilícitos como la financiación al terrorismo o el lavado de activos.

En Panamá la figura de acciones al portador se constituye en uno de los principales atractivos para los inversionistas foráneos. Garantizan un flujo importante de inversiones provenientes del exterior.

En 2011 tuvo un crecimiento de 18.7% en comparación con 2010, es decir, de 2 mil 789 millones de dólares. Se estima en 300 mil el número de sociedades anónimas inscritas.

Los expositores del panel en la cita de  la CCIAP ofrecieron sus posiciones en relación con la OCDE, y palabras más, palabras menos, hubo consenso en que se deben tener muy en cuenta los comentarios del organismo multilateral en el manejo de información tributaria, en especial ahora que Panamá se logró quitar de encima el título de “paraíso fiscal”.

Pero también hubo consenso en la obligación de anteponer los intereses del país y después ajustar a los requerimientos nacionales la normatividad extranjera y los acuerdos negociados y suscritos.

“La prioridad es Panamá, eso debe quedar en claro. El segundo norte es que no se debe mover nada que nos quite competitividad hasta tanto los otros países hagan el mismo sacrificio. De lo contrario, nuestros clientes van a dejar de acudir a nuestra plaza, para irse a otras más atractivas”, augura Gian Castillero, miembro de la Asociación de Abogados Internacionales.

Sin decirlo, este enunciado hace referencia a los países miembros de la OCDE que a veces presentan estándares de cumplimiento inferiores a los exigidos a las jurisdicciones por fuera del organismo.

Y además tienen al alcance un foro mundial no vinculante, pero sí con la facultad de influir en las decisiones de sus miembros y sus relaciones comerciales y en las resoluciones de otros entes multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.

La muestra de esa capacidad de influencia la ofrece el ministro de Economía y Finanzas,

Frank De Lima, al reconocer el impacto de la eliminación o la inmovilización de las acciones al portador.

“El país está sufriendo sanciones económicas por parte del brazo privado de financiamiento del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI). A partir de 2011, la CFI ha restringido financiamientos a bancos de la plaza y a operaciones en cuya estructura se encuentre una sociedad anónima panameña, por el hecho de que Panamá no ha pasado la fase 1 del proceso de revisión paritaria”.

Una vez se retiró a Panamá de la lista de países considerados paraísos fiscales, esfuerzo de varios años que concluyó el 7 de julio de 2011 tras haber suscrito 14 tratados de doble tributación (TDT) y un tratado de intercambio de información fscal (TIA, por sus siglas en inglés), seguía la superación de la fase 1.

Es el escenario  de paridad técnica en que se evalúa la infraestructura legal y reglamentaria existente para intercambio de información tributaria.

En este proceso se verifica la disponibilidad de los contenidos fiscales, el acceso a las autoridades y la existencia y aplicación de una red de tratados.

Bajo este supuesto, “en agosto de 2011 se solicitó un reporte suplementario con el propósito de que la situación del país se revaluara tomando en consideración las modificaciones legales realizadas durante el año pasado y la red de acuerdos negociados hasta la fecha”, comenta Frank De Lima.

En septiembre de 2011 “recibimos un borrador de reporte suplementario, de manera informal, preparado por técnicos de la OCDE”, dice Leticia Arias, subdirectora de Tributación Internacional de la Dirección General de Ingresos. Al compararse el documento enviado por la OCDE con los avances locales, el Gobierno cayó en la cuenta de que la situación del país “no cambió de manera significativa”, afirma la funcionaria.

La imposibilidad de rebasar la fase 1 implica una serie de posibles efectos negativos: aplicación de medidas discriminatorias de parte del G-20 o de países con los cuales se tienen acuerdos, hasta llegar a la posible terminación del tratado; interferencia en la agenda futura de la OCDE; medidas de otros organismos, y la inclusión en listas discriminatorias de otras jurisdicciones.

Se llegó a pensar que se obtendrían los requisitos de la fase   un año después, es decir en el presente mes, y de nuevo acudir a la OCDE para conocer sus comentarios en los resultados logrados hasta la fecha. Era el examen del alumno con su tutor de clases.

No haber inmovilizado las acciones al portador, abstenerse de hacer cambios en la normativa relativa al conocimiento del cliente y la falta de una ley que regule localmente la contabilidad de las sociedades offshore, obligó a posponer la revisión para enero de 2013. El alumno pidió un plazo extra.

En detalle

Uno de los asuntos que genera más inquietudes en abogados y ejecutivos de la plataforma de servicios es el comentario hecho por la OCDE el 16 de julio pasado, concerniente al artículo 26 del Modelo de Convenio. Este otorga la posibilidad de solicitar información fiscal de determinados grupos de personas.  

Estamos comprometidos a mantener nuestro modelo de protocolo y no se permitirán solicitudes catalogadas como fishing expeditions. Panamá mantendrá una agenda bilateral activa con sus socios más importantes, y continuará procurando acuerdos con los estándares actuales —que son los que hoy en día se aplican en el Foro Global—, ente en el cual participa el país”, sostiene Frank de Lima.

“Panamá se opone a este tipo de interpretación, más amplia. Estamos dispuestos a cooperar en cualquier investigación internacional en casos precisos, pero no en aquellas que utilizan grupos genéricos de personas”, complementa Castillero.

Hoy el mecanismo de cooperación, explica la fuente, se cumple mediante la investigación hecha en cada país hasta agotar todas las etapas.

En caso de ser insuficiente el procedimiento, se tiene la oportunidad de solicitar la colaboración de la otra parte para obtener los elementos pendientes. “Es muy desbalanceado”, dice.

Al argumento de Castillero se le une el de Morgan Jr. Este dice que francamente no le ve ningún pro a esta cláusula, pero sí muchos contra.

“El Gobierno no debe aceptar los cambios sugeridos por la OCDE, sin hacer una verdadera defensa de los intereses de nuestro país y debe consultar con los pilares de nuestra economía de servicios y no proceder, como lo hizo con el tratado de información fiscal con Estados Unidos, al firmarlo sin previa consulta”, exige Morgan Jr.

José Romero, vicepresidente de regulación de SFC Investment, opina en forma diferente. Él destaca que tarde o temprano Panamá como centro financiero internacional va a tener que apostar paulatinamente a lo que el resto del mundo vaya demandando en función de la transparencia.“La tendencia del resto del mundo es hacia la transparencia, no solo fiscal. Lo que se quiere es que la información que fluye a través de estas redes de tratados pueda ser utilizada no solo para fines fiscales, sino para prevenir otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico, del tráfico de personas o el financiamiento del terrorismo”.

Revolución silenciosa

Los postulados de la OCDE fracturan un sistema siempre homogéneo en la aplicación de normas contables.

“La mayoría de los países desarrollados tiene un sistema fiscal basado en residencias y en domicilios. Pero en Panamá se aplica un sistema fiscal territorial diferente que no grava los ingresos de los panameños en el extranjero”, compara Rolando García Maritano, del Colegio Nacional de Abogados.

La diferencia entre los sistemas debe reducirse a lo mínimo posible, como consecuencia de los tratados suscritos por Panamá desde 2009.

“Esto ha llevado al país a mejorar su sistema tributario. La Ley 52 de 2012 es prueba de ello, puesto que incluye el tema de los precios de transferencia para todos los contribuyentes con operaciones o partes relacionadas en el exterior. Pero son temas nuevos y muy pocos los entienden a cabalidad”, destaca con preocupación Rubén Bustamante, socio de la firma BDO.

Otros asuntos “totalmente nuevos” en materia fiscal que se han modificado o ajustado con el fin de “lograr mayor transparencia” se deben analizar en detalle porque tienen repercusiones que afectan a los “profesionales, empresarios, consultores, al mercado, al comercio”, enumera Bustamente.

“Estamos hablando, por ejemplo, del establecimiento permanente y del residente fiscal. Son cambios dramáticos en la cultura tributaria”.

 Bustamante propone borrón y cuenta nueva en materia fiscal. “Para atrás, podemos emplear los criterios anteriores y hacer caso omiso sobre aspectos desconocidos, y para adelante utilizar la regla dura y fuerte. Es el momento oportuno”.

Como también es el tiempo ideal para fijar una posición más compacta en materia de cooperación tributaria internacional. El país, opina Bustamante, tiene que mantener su competitividad con  la mayor transparencia posible. “De esto también depende la calificación de Panamá en las firmas calificadoras de riesgo”.