La agenda radical de la OCDE

Por Andrew Quinlan y Brian Garst
Publicado en el diario La Prensa
Junio 24, 2013

DESTINO FINANCIERO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) intenta varias estrategias para obligar a aumentar las tasas de impuestos y eliminar la privacidad financiera a las naciones con bajos gravámenes. Países como Panamá han sido bombardeados con amenazas de listas negras y sanciones económicas, diseñadas para desgastar la fuerza de voluntad de los legisladores que prefieren políticas competitivas a favor del crecimiento. Mientras los funcionarios panameños debaten qué acciones tomar para aplacar nuevamente a la OCDE, deben considerar que ya se están creando los próximos obstáculos por los que tendrán que pasar.

Panamá ha hecho hasta lo imposible para satisfacer las demandas de la OCDE. Cuando finalmente firmó suficientes tratados de doble tributación y acuerdos de intercambio de información fiscal en 2011, para ser eliminado de la “lista gris” de la OCDE, el entonces ministro Alberto Vallarino lo celebró como un “hito histórico”. Desafortunadamente, los burócratas de la organización no se impresionaron y se han dedicado a idear nuevas formas para que el país se acomode a sus deseos.
Recientemente, a petición de la OCDE, Panamá ha considerado la inmovilización de las acciones al portador. La privacidad que ofrecen estas permite brindar protección de activos frente a gobiernos corruptos o aquellos propensos al exceso confiscatorio. A pesar de ser permitidas por la mayoría de los países miembros, la organización amenaza con regresar a Panamá a la lista gris si las acciones al portador no son eficazmente limitadas o abolidas, entre otras demandas.

El proyecto para inmovilizar las acciones al portador quedó en suspenso, pero al margen de lo que decidan los legisladores panameños, es casi garantizado que la OCDE requerirá aun más acción. Con base en las tendencias actuales y la agenda de la organización, es evidente que la demanda de nuevas concesiones está a la vuelta de la esquina.

El comité de la OCDE sobre Asuntos Fiscales se apoya en una teoría radical llamada neutralidad de la exportación de capitales, que concluye que no debe haber diferencias en las tasas impositivas ni capacidad de los contribuyentes de protegerse de tasas confiscatorias, para desplazar la actividad económica de las jurisdicciones de baja tributación. Por otro lado, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información promueve el paso intermedio, políticamente más conveniente, de intercambio de información.

Agravando la amenaza de la OCDE están los esfuerzos por parte de Estados Unidos de lograr que el mundo actúe como un ejército de recaudadores de impuestos. Desde la aprobación de la ley Foreign Account Tax Compliance (Fatca) en 2010, que exige a las instituciones financieras extranjeras que informen de sus titulares de cuentas estadounidenses al IRS o enfrentarán una fuerte multa de retención del 30% a los pagos originados en Estados Unidos (EU), el Departamento del Tesoro se ha dado cuenta de que la ley está demasiado mal escrita como para poder ser aplicada.

Para eludir las fallas de Fatca, el Departamento del Tesoro presiona a los Gobiernos extranjeros a firmar acuerdos intergubernamentales (AIG), que les obligan a aplicar esa ley en sus instituciones nacionales y eliminar cualquier otra de privacidad conflictiva. Para convencer a los Gobiernos extranjeros de hacer el trabajo por ellos, el Tesoro promete intercambio recíproco por parte de los bancos de EU, pero no tiene la autoridad legal para hacer que esto se cumpla. El Congreso tendría que autorizar el intercambio de información recíproca y eso es poco probable que suceda.

El Fatca es bastante malo, pero otros países empiezan a usarlo como un ejemplo a seguir. La OCDE incluso ha intervenido elogiando un acuerdo multilateral Fatca celebrado entre EU y Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Es solo una cuestión de tiempo antes de que la aceptación de este se convierta en el nuevo estándar internacional exigido por la OCDE.
Panamá, con un sistema de pro crecimiento, que no trata de aplicar impuestos más allá de sus fronteras, no gana nada a través del intercambio de información, pero gracias a la intimidación de la OCDE, sus líderes comprensiblemente deben considerar la adopción de medidas para cumplir con lo que sea considerado el estándar actual. Pero los legisladores también deben considerar que la OCDE cambia constantemente las reglas del juego. Tan pronto como un requisito se cumple, dos más se crean.

Si Panamá quiere seguir compitiendo con países más grandes y ricos, atrayendo inversiones para el crecimiento de su economía, pronto llegará el momento en que requerirá tomar una decisión difícil: si acepta aplicar la norma internacional según la definición que haga la OCDE.

Como la mayoría de aquellos que intimidan, esa organización no sabe muy bien cómo actuar cuando se le resisten. Plantarse ante ella es la única estrategia que ha demostrado tener eficacia. En pocas palabras, los líderes en Panamá o bien pueden trazar una línea en la arena contra de la OCDE hoy, trazar una en el futuro, o aceptar que no están a cargo de su propio destino financiero y económico. En última instancia, la OCDE no se conformará con nada menos.