Batalla por defender a la economía de servicios

La posición de las autoridades es una clara muestra de dignidad y orgullo nacional, y le recuerda al viejo continente que Panamá no será atropellada por naciones más ricas y poderosas. Solo dos países europeos se atrevieron, y por eso estamos agradecidos, a decir que Panamá no es un paraíso fiscal: el Reino de España y el Reino de Países Bajos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de países ricos y malcriados, no deja de intentar figurar y de ganar más poder. Recientemente, en Addis Abeba, Etiopía, se celebró una conferencia de las Naciones Unidas cuyo propósito era incentivar el financiamiento para el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, la OCDE trató de hacer una movida contraria al derecho internacional como publicó, el pasado 14 de julio, Phillip Inman de The Guardian, en su artículo “Rich countries accused of failing effort to give poorer nations a voice on tax”. Dicha nota periodística destaca cómo Estados Unidos y el Reino Unido, junto a sus adláteres europeos, trataron de secuestrar la conferencia e imponer una limitante a la participación de las Naciones Unidas en materia fiscal, argumentando que la OCDE estaba tomando el liderazgo en asuntos fiscales.

En otras palabras, ahora la OCDE –que no nace de un tratado internacional y que excluye a los países menos desarrollados– quiere prohibir que las Naciones Unidas y todos sus miembros puedan discutir asuntos e iniciativas fiscales que afectan al comercio mundial. Pronto JoséÁngel Gurría y Pascal Saint-Amans, líderes de la OCDE, se declararán superhéroes y salvadores del mundo civilizado.

En este sentido, Panamá no debe bajar la guardia. Veamos cómo Las Bahamas, una jurisdicción cuyo producto interno bruto depende también de la industria de servicios financieros, ha defendido su derecho a no adherirse a la convención multilateral de la OCDE. El gobierno de dicho archipiélago ha declarado que su estrategia consistirá en firmar acuerdos bilaterales únicamente con países que sean socios apropiados. Es decir, con los que le represente un verdadero beneficio intercambiar información. Panamá debe pronunciarse con igual vehemencia ante los ataques de la OCDE, que, como bien se desprende de los párrafos anteriores, desea convertirse en un organismo privado supranacional.

Nuestra nación tiene los mecanismos legítimos que otorga el derecho internacional público para defenderse ante los embates de este cartel de países ricos. Por ejemplo, aplicar la ley de retorsión y/o elevar la queja a la Organización Mundial de Comercio (OMC, verdadero organismo internacional que agrupa a la mayoría de los países del mundo), bajo el Acuerdo General de Intercambio en Servicios. No cabe la menor duda de que existe suficiente base legal y jurisprudencia para que Panamá monte una defensa ante las sanciones que puedan imponer los países de dicho organismo.

Nos hemos enterado de que son seis países y territorios los que se oponen a que Panamá pase a la siguiente fase del Grupo de Acción Financiera Internacional, y esto es después de que hemos pasado una serie de leyes (Ley 23 de 27 de abril de 2015, por ejemplo), para cumplir con lo que piden en materia de blanqueo de capitales. Estos son: Argentina (al que estamos por ganarle una demanda ante la OMC), Jersey y Guernsey (ambos territorios ingleses, cuyos servicios financieros compiten con Panamá), Bélgica, Grecia (que sabemos está quebrado y es miembro de la OCDE) y, sorprendentemente, Costa Rica (la tierra de los casinos y juegos de azar por internet), nuestros “hermanos” centroamericanos cuyo déficit fiscal se lo querrán achacar a Panamá y no a su incapacidad legislativa de pasar una cacareada y necesaria reforma fiscal en los últimos años. Mae, esa se las serviremos en plato frío.