Por: Juan David Morgan
Publicado por Portada Panama
Enero 8, 2017
El pasado 23 de octubre, el Consejo Constitucional de Francia le dio otro empujón al péndulo en su movimiento de regreso del extremo en el que lo habían colocado los organismos y países que anteponen el cobro excesivo de impuestos al desarrollo económico y la transparencia absoluta al derecho a la privacidad. Recapitulemos.
A inicios del presente siglo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel de países desarrollados o que pretenden serlo, comenzó una campaña en contra de los denominados paraísos fiscales alegando que se prestaban para el lavado de dinero proveniente del terrorismo y el narcotráfico.
Muy pronto incluyeron entre sus objetivos combatir la evasión fiscal y para lograrlo crearon listas discriminatorias de diferentes tonos oscuros en las que colocaron a jurisdicciones y a países que en su criterio caían bajo la definición de paraíso fiscal. Desde que se inició el ataque, Panamá, que fue una de las primeras víctimas, dejó claro que cooperaría con las exigencias de la OCDE siempre y cuando hubiera igualdad de condiciones en la aplicación de las medidas, el llamado level playing field. Esta posición obedecía a que desde el principio quedó claro que algunos países, considerados por muchos paraísos fiscales importantes, no aparecían en ninguna de las listas discriminatorias.
La OCDE dispuso que para no ser incluidos en listas negras o grises los países deberían firmar por lo menos doce convenios para evitar la doble tributación en los que se incluyera una cláusula de intercambio de información fiscal. En el 2009 Panamá comenzó a negociar y firmar esos tratados y muy pronto sobrepasó con creces la cuota impuesta. Sin embargo, la OCDE elevó sus exigencias y ya la firma de doce tratados no fue suficiente.
La transparencia surgió como el nuevo criterio que se utilizaría para decidir quién debía permanecer en las listas discriminatorias y evolucionó hasta llegar a lo que hoy tenemos: un intercambio automático de información en el que todos los países tienen que dar a conocer quiénes son los beneficiarios finales de los fondos que se encuentran depositados en sus instituciones financieras. Este nuevo strip tease financiero mundial comenzará a regir antes de 2018.
Panamá se encuentra hoy entre los 129 países que aplicará, con algunas reservas, el intercambio de información automático. Ahora bien, desde que comenzó el afán de llevar la transparencia al extremo se inició también la crítica de quienes alegaban que las normativas que la estatuían violaban el sagrado derecho a la privacidad, consagrado en todas las Constituciones del mundo. Así, quedó planteada una contienda jurídica entre el bando de la transparencia y el bando de la privacidad.
Tal como señalamos antes, el 23 de octubre de este año el Consejo Constitucional de Francia decidió que los registros públicos que se pretenden establecer en ese país para incluir a los beneficiarios finales de los fideicomisos y demás instrumentos corporativos son inconstitucionales porque violan el derecho a la privacidad establecido en la Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Resulta irónico y paradójico que este emblemático fallo en defensa de la privacidad se produzca, precisamente, en Francia, país que con más vehemencia, y sin ninguna razón, ha venido atacando a Panamá y nos mantiene en una lista negra por supuestamente no cumplir con la transparencia ilimitada que ellos exigen. Se espera que la decisión del Consejo Constitucional de Francia contagie al resto de Europa, especialmente a Inglaterra, donde también se están gestando leyes encaminadas a crear registros públicos de beneficiarios finales.
Vale recordar que en nuestro país el Procurador de la Administración absolvió no hace mucho una consulta que le formuló el Gobierno en torno a la constitucionalidad del intercambio de información. Su conclusión fue la de que en nuestro país el intercambio de información automático violaría, entre otras disposiciones de la Constitución, la que consagra el derecho a la privacidad. Causa extrañeza que esta opinión del Procurador de la Administración no haya sido publicada en ningún medio.
Hablemos claro. La globalización de los mercados ha beneficiado mucho más a las economías de los países desarrollados que a la de los países emergentes. Por otra parte, la pobreza extrema, la persecución político-religiosa y las guerras civiles han provocado migraciones sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, que afectan con mayor intensidad a las naciones de la comunidad europea.
Esta migración de las víctimas del hambre y la violencia ha aumentado considerablemente el costo del Estado Benefactor, que ha venido imponiéndose en estos países. Para pagarlo los Gobiernos recurren a los impuestos y, así, en la medida en que incrementan las tasas impositivas aumenta también la evasión fiscal y se intensifica la presión de los Estados para cobrar impuestos dondequiera que se encuentren dineros pertenecientes a sus contribuyentes, sin importar su proveniencia o legitimidad. Surgen entonces las listas discriminatorias, las sanciones económicas, la idea de crear registros universales de últimos beneficiarios y la de intercambiar información financiera de manera automática.
De cumplirse al pie de la letra los planes de la OCDE, antes del 2019 existirá en la red cibernética un número casi infinito de nombres de individuos que tienen fondos, la inmensa mayoría legítimos, depositados en alguna de las instituciones financieras existentes en más de ciento veintinueve países. Y como quiera que el ser humano no tiene la capacidad de revisarla y analizarla para encontrar a los evasores de impuestos, la tarea le quedará a las computadoras. Irremisiblemente ocurrirá, por ejemplo, lo que ya le sucede a diario a muchos de los que llegan o pasan por los aeropuertos internacionales de los Estados Unidos, donde las autoridades migratorias acuden a las computadoras para ver si el viajero aparece en la lista de indeseables.
Y si te llamas, por ejemplo, Pedro José Jiménez López y para desgracia tuya figura en la computadora alguien llamado José López, que por alguna razón está enlistado, la coincidencia de segundos nombres y apellidos determina que te manden a una segunda verificación. Al final, si sales bien librado, habrás perdido no solamente un tiempo valioso sino probablemente también la conexión con otro vuelo.
Algo similar, pero mucho peor, ocurrirá con los millones y millones de nombres que figurarán en la lista de quienes poseen dinero depositado en alguna de las instituciones financieras de los ciento veintinueve países que intercambiarán información de manera automática: serán muchos más los investigados por error que los evasores de impuestos. Al final se producirá un caos generalizado, se entorpecerán y dilatarán, aún más, las operaciones comerciales y sobrevendrá una desaceleración de la economía mundial, sobre todo en el hemisferio occidental, que se traducirá en menos recursos para sostener los Estados Benefactores, con todas las consecuencias que esto conlleva.
Debemos señalar que Estados Unidos se mantendrá al margen de semejante embrollo porque es el único país desarrollado que se ha negado a participar en el intercambio automático de información. La potencia del norte ha creado su propio sistema para detectar evasores de sus impuestos, el denominado FATCA, acuerdo mediante el cual las instituciones financieras de los demás países del mundo se obligan a registrar y enviar los nombres de los estadounidenses que mantengan fondos depositados en ellas. Privilegio de los grandes que, unido al intercambio automático de información, contribuirá a complicar aún más el desarrollo económico del planeta.
Llegado este momento, que no está muy lejano, el péndulo continuará alejándose del extremo al que lo han llevado los burócratas de la OCDE hasta colocarse en el lugar que le corresponde, equidistante entre la transparencia y el derecho a la privacidad.
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