OCDE versus ONU, la batalla por la fiscalidad global

Dos artículos publicados recientemente en El País de España, escritos por un profesor estadounidense ganador del premio Nobel de Economía (Joseph Stiglitz) y un profesor de Columbia University (J.A. Ocampo), no deben pasar desapercibidos para aquellos que defendemos el derecho de Panamá a mantener su plataforma de servicios legales, financieros y su sistema fiscal territorial. Ambos columnistas describen el afán y la arrogancia con que ese club de países ricos, denominado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quiere apoderarse del sistema fiscal global sin importar el derecho internacional público y la soberanía de los países.

Ocampo, en su artículo del 13 de agosto de 2015, titulado: “Una derrota para la cooperación fiscal internacional”, denuncia fúnebremente: “Es decepcionante que los países desarrollados hayan impedido la creación de un organismo tributario intergubernamental”. Esto se debe a que en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Addis Abeba, Etiopía, realizada hace escasos meses, los países desarrollados, liderados por Estados Unidos (EU) y el Reino Unido y, sin duda, abanicados por Pascal Saint-Amans (jefe de impuestos de la OCDE y enemigo de Panamá), se opusieron a la creación de un organismo tributario intergubernamental dentro de la ONU –donde sus más de 190 miembros tienen voz y voto– e insistieron en que la cooperación fiscal tenga lugar exclusivamente bajo dirección de la OCDE.

Ya sabemos que esta organización está inmersa en una campaña contra los países más pequeños que compiten por inversiones extranjeras, ofreciendo regímenes fiscales atractivos y los culpa de su incapacidad gubernamental y de su mala gestión tributaria. Dicha organización se da golpes de pecho, a pesar de que en su membresía hay países como Irlanda, Luxemburgo y Estados Unidos (Delaware) que tienen regímenes fiscales especiales sumamente competitivos y que también buscan atraer inversiones a sus territorios. Pero la OCDE no es un organismo creado con fines y objetivos para ayudar a los países que –producto de la globalización que sus miembros promovieron– nos vemos sumergidos en una competencia feroz por inversión extranjera, para que nuestras poblaciones puedan trabajar y avanzar social y económicamente hacia el desarrollo.

Como dice Ocampo, “la OCDE no alcanza a ser un auténtico foro intergubernamental con representatividad global”. Claro que no, son los niños malcriados que no han sabido balancear su chequera y echan balones afuera culpando a todos menos a su marcada incompetencia gubernamental, sus impuestos exagerados, su estado de bienestar insostenible y mala gestión fiscal.

Stiglitz, en su artículo “Estados Unidos es el obstáculo”, de 29 de agosto de este año, establece que EU y otros países desarrollados han presionado a favor de una serie de cambios recomendados por la OCDE, que son inadecuados y que van en contra de los mismos países en desarrollo que se comprometieron a ayudar mediante un aporte del 0.7% de su producto interno bruto (PIB). EU con un mínimo aporte 0.19% de su PIB, en el 2014, se quedó muy lejos y debería estar avergonzado de que cinco países europeos (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Reino Unido) sí cumplieron con lo estipulado en la Primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Internacional, celebrada en Monterrey, México, en 2002. Por supuesto que en esa lista no figura Francia, cuna del altanero de Saint-Amans y sede de la OCDE. Aquí aplica el dicho “en casa de herrero cuchillo de palo”.

Stiglitz comenta, lapidariamente, sobre esta hipocresía: “Las nuevas realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor peso. EU impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la historia”.

Y allí radica el verdadero peligro de los burócratas que lideran la OCDE: que desde sus oficinas parisinas, entre caracoles y vinos finos, quieren convertirse en un ente supranacional que rija el ordenamiento fiscal global, sin haber tenido su génesis en el derecho internacional público. Panamá debe alzar su voz, junto a los otros países a los que le fue negado el derecho de que la ONU sea uno de los foros, junto a la Organización Mundial de Comercio, para determinar qué reglas debe seguir la fiscalidad y el comercio mundial.