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Por Michel De La Ossa Prieto Capital Financiero Julio 15, 2013 Proyecto de Ley – El Aporte del Registro Panameño al Tesoro Nacional ronda los $140 millones anuales. La mayoría de los estados miembros de la OCDE (20 de 34) permiten acciones al portador. Nuevamente se ha encendido la alarma para el registro de naves panameño ante la pronta discusión del proyecto de ley de Inmovilización de las Acciones al Portador que podría provocar una fuga de naves en la Marina Mercante de Panamá. Por Eduardo Morgan Jr. En su política de docencia sobre los problemas nacionales, La Estrella de Panamá me ha solicitado, por conducto de la periodista Irene Larraz, que escriba un artículo sobre si Panamá es o no un paraíso fiscal y sobre cómo la posible inmovilización de las acciones al portador determinará la imagen que el resto del mundo tenga de nosotros. Me solicita también que profundice “más allá de las posturas soberanía versus cumplimiento, ahondando en las tendencias globales y si se trata de un verdadero mercado de la información que se va a seguir librando hacia la transparencia o no. Y agrega: “Me gustaría que en su columna pudiera responder a algunas preguntas como si esto beneficia o perjudica a la economía y a la imagen de Panamá, si inmovilizar las acciones evitará que el país se vea de nuevo salpicado por escándalos de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de otros países, y por qué mantiene su postura”. He aquí mi respuesta: Panamá no es un paraíso fiscal. Aquí cobramos impuestos a tasas razonables y nuestra legislación no da preferencia impositiva a los extranjeros para que inviertan o traigan su dinero a nuestro país. Como contraste, otros países, como Estados Unidos, para atraer la inversión extranjera pasiva (depósitos bancarios, inversiones en valores, etc.) no los grava con impuestos aunque sus nacionales y residentes, sí tienen que pagarlos. Muchos otros países que integran la OCDE también atraen depósitos e inversiones extranjeras no gravando los beneficios de esas inversiones. Este es un hecho cierto e irrebatible y hay amplia información pública al respecto. Sobre las acciones al portador se ha creado en la comunidad una desinformación preocupante y se ha ocultado información muy valiosa que sirve de fundamento a quienes pensamos que el sistema panameño se convertirá, tarde o temprano, en el estándar Internacional de conocer al cliente. En efecto, en Panamá, a diferencia de otros países y jurisdicciones, sólo los abogados pueden incorporar sociedades anónimas y existe un Registro Público, accesible a todos, donde consta el nombre y dirección del abogado-Agente Residente. Desde 1994, cuando empezó la lucha por evitar el mal uso de las personas jurídicas, Panamá estableció a través de un Decreto Ejecutivo, la obligación del abogado de conocer al cliente y dispuso que cualquier información que se diera con motivo de una investigación por autoridad competente, no infringiría el secreto profesional. Este Decreto fue mejorado sustancialmente por la ley 2 de 2011, que establece los datos que el abogado debe obtener para identificar plenamente al cliente e instituye sanciones para aquellos que no lo hagan. Con esto Panamá cumple con los llamados estándares internacionales que buscan conocer quién está detrás de una persona jurídica, que es precisamente lo que la OCDE, y ahora, el G8, desean. Sólo hay que repasar las minutas de la última reunión del G8 y las últimas declaraciones del Presidente Obama sobre éstas para apreciar que en este tema Panamá es un ejemplo para el mundo. En efecto, Obama ha reconocido públicamente que E.U, no cumple el estándar de conocer al cliente y que incluso le resulta difícil a él lograrlo por ser la materia de competencia de cada uno de los 50 Estados de la Unión y no del Gobierno Federal. Obvió mencionar que desde el 2006 fue presentado al Senado, por el Senador Carl Levin, un proyecto para obligar a los Estados a legislar sobre la materia, que él, Obama, entonces Senador por Illinois, fue uno de los co-proponentes del proyecto y que el mismo ha sido presentado sin éxito, yacuatro veces ante el Senado estadunidense. Por otra parte, resulta muy revelador que en las audiencias donde se discute el proyecto se mencione el sistema de Panamá como ejemplo a seguir. Conviene señalar, para que estén debidamente informados la comunidad y aquéllos que tienen la responsabilidad de tomar una decisión sobre el tema, que en el Tratado de información Fiscal con E.U. este condicionó la vigencia del convenio a que Panamá cumpliera dos condiciones: una Ley que facultara a la Dirección General de Ingresos (DGI) a intercambiar información fiscal, aun en el caso de que no hubiera interés local, y otra ley que permitiera conocer los beneficiarios de las acciones al Portador. El 18 abril de 2011 E.U. reconoció que habíamos cumplido ambas condiciones y así lo hizo saber en una Nota de Prensa del Departamento del Tesoro sobre las Acciones al Portador de la cual copio lo siguiente: .”Además, Panamá modificó su legislación para abordar el tema de la práctica de las cuentas anónimas conocidas como «acciones al portador», al exigir a los bufetes de abogados que incorporan empresas, a llevar a cabo la debida diligencia para comprobar la identidad de los propietarios y, de ser solicitada, compartir esa información con las autoridades panameñas (Ley 2, «Conozca a su cliente», publicado en la Gaceta Oficial el 1 de febrero de 2011”. Resulta inexplicable que este documento, que es público, en el cual Estados .Unidos., socio principal de la OCDE, reconoce que con la ley 2 Panamá cumple los estándares internacionales relativos a la identificación de los beneficiarios de Acciones al Portador no haya sido puesto en conocimiento ni del Consejo de Gabinete, ni del Presidente de la República, ni de la Asamblea de Diputados, a pesar de que se trata de una pieza clave para ser utilizada en cualquier negociación con la OCDE o con el Foro Global. Tampoco podemos entender cómo los negociadores designados por el gobierno para llevar a cabo la importante tarea de defender a Panamá de las presiones injustas y arbitrarias de la OCDE y su Foro Global, hayan dejado a un lado la exigencia, reconocida por la propia OCDE, de que exista un “level playing field” es decir, igualdad de condiciones entre competidores, en todos los temas que tienen que ver con la transparencia y el intercambio de información, a pesar de que esta ha sido la posición invariable de Panamá ante la OCDE desde el año 2002. Todo esto, unido al hecho de que Panamá ha firmado ya más de quince convenios de doble tributación con la correspondiente cláusula de intercambio de información y ha expedido varias normas para evitar que las corporaciones e instituciones de nuestro país sean utilizadas para la comisión de delitos, constituyen elementos fundamentales para ser utilizados por Panamá en cualquier negociación en torno al tema de las acciones al portador y otros de igual índole que surgirán en el futuro. 4/18/2011 La Prensa PARÍS, Francia. (EFE).- La lista oficial de Francia con los países que identifica como paraísos fiscales no incluye ni a Panamá ni a Costa Rica, según el Gobierno, que precisó que una clasificación que los incluye no refleja su posición. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la lista de la Agencia Francesa del Desarrollo (AFD), cuyo contenido se reveló esta semana y que incluye a esos dos países, es una «lista técnica». «Se trata de una disposición técnica que no afecta a la capacidad de intervención de la AFD en los países en los que está presente», declaró un portavoz de dicho ministerio. «Ni Panamá ni Costa Rica figuran en la lista francesa de Estados o territorios no cooperativos», insistió el portavoz a preguntas de la prensa. El diario Le Monde informó este lunes de que la AFD había incluido a Suiza, Panamá, Costa Rica y Guatemala en una nueva lista de 17 paraísos fiscales con los que no podrá operar esa agencia. Por esas jurisdicciones, presentadas como no cooperativas, no podrán transitar los fondos utilizados por la AFD para sus operaciones de desarrollo en los países pobres, que utiliza con frecuencia financiación privada para sus operaciones, según el vespertino. Esa lista la componen, por orden alfabético, Botsuana, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Islas Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Trinidad y Tobago y Vanuatu. La existencia de esa lista se hizo pública en la misma semana en la que realiza una visita a París el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que será recibido el viernes en el Palacio del Elíseo por el jefe del Estado francés, Franois Hollande. Horas antes, el mismo viernes por la mañana, Martinelli participará en la edición anual del Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Ministerio francés de Finanzas, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Después de conocerse la existencia de esa lista, el Gobierno de Panamá aseguró que no había recibido notificación oficial por parte de Francia de que el país hubiera sido incluido en la misma. El Gobierno de Costa Rica, por su parte, negó ser un paraíso fiscal y declaró que el país se ha convertido en un ejemplo de transparencia tributaria en Latinoamérica. Por Andrew Quinlan y Brian Garst DESTINO FINANCIERO La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) intenta varias estrategias para obligar a aumentar las tasas de impuestos y eliminar la privacidad financiera a las naciones con bajos gravámenes. Países como Panamá han sido bombardeados con amenazas de listas negras y sanciones económicas, diseñadas para desgastar la fuerza de voluntad de los legisladores que prefieren políticas competitivas a favor del crecimiento. Mientras los funcionarios panameños debaten qué acciones tomar para aplacar nuevamente a la OCDE, deben considerar que ya se están creando los próximos obstáculos por los que tendrán que pasar. Panamá ha hecho hasta lo imposible para satisfacer las demandas de la OCDE. Cuando finalmente firmó suficientes tratados de doble tributación y acuerdos de intercambio de información fiscal en 2011, para ser eliminado de la “lista gris” de la OCDE, el entonces ministro Alberto Vallarino lo celebró como un “hito histórico”. Desafortunadamente, los burócratas de la organización no se impresionaron y se han dedicado a idear nuevas formas para que el país se acomode a sus deseos. El proyecto para inmovilizar las acciones al portador quedó en suspenso, pero al margen de lo que decidan los legisladores panameños, es casi garantizado que la OCDE requerirá aun más acción. Con base en las tendencias actuales y la agenda de la organización, es evidente que la demanda de nuevas concesiones está a la vuelta de la esquina. El comité de la OCDE sobre Asuntos Fiscales se apoya en una teoría radical llamada neutralidad de la exportación de capitales, que concluye que no debe haber diferencias en las tasas impositivas ni capacidad de los contribuyentes de protegerse de tasas confiscatorias, para desplazar la actividad económica de las jurisdicciones de baja tributación. Por otro lado, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información promueve el paso intermedio, políticamente más conveniente, de intercambio de información. Agravando la amenaza de la OCDE están los esfuerzos por parte de Estados Unidos de lograr que el mundo actúe como un ejército de recaudadores de impuestos. Desde la aprobación de la ley Foreign Account Tax Compliance (Fatca) en 2010, que exige a las instituciones financieras extranjeras que informen de sus titulares de cuentas estadounidenses al IRS o enfrentarán una fuerte multa de retención del 30% a los pagos originados en Estados Unidos (EU), el Departamento del Tesoro se ha dado cuenta de que la ley está demasiado mal escrita como para poder ser aplicada. Para eludir las fallas de Fatca, el Departamento del Tesoro presiona a los Gobiernos extranjeros a firmar acuerdos intergubernamentales (AIG), que les obligan a aplicar esa ley en sus instituciones nacionales y eliminar cualquier otra de privacidad conflictiva. Para convencer a los Gobiernos extranjeros de hacer el trabajo por ellos, el Tesoro promete intercambio recíproco por parte de los bancos de EU, pero no tiene la autoridad legal para hacer que esto se cumpla. El Congreso tendría que autorizar el intercambio de información recíproca y eso es poco probable que suceda. El Fatca es bastante malo, pero otros países empiezan a usarlo como un ejemplo a seguir. La OCDE incluso ha intervenido elogiando un acuerdo multilateral Fatca celebrado entre EU y Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Es solo una cuestión de tiempo antes de que la aceptación de este se convierta en el nuevo estándar internacional exigido por la OCDE. Si Panamá quiere seguir compitiendo con países más grandes y ricos, atrayendo inversiones para el crecimiento de su economía, pronto llegará el momento en que requerirá tomar una decisión difícil: si acepta aplicar la norma internacional según la definición que haga la OCDE. Como la mayoría de aquellos que intimidan, esa organización no sabe muy bien cómo actuar cuando se le resisten. Plantarse ante ella es la única estrategia que ha demostrado tener eficacia. En pocas palabras, los líderes en Panamá o bien pueden trazar una línea en la arena contra de la OCDE hoy, trazar una en el futuro, o aceptar que no están a cargo de su propio destino financiero y económico. En última instancia, la OCDE no se conformará con nada menos. Carlos Ernesto González Ramírez Publicado en La Estrella 30-4-2013 Desde hace ya más de una década Panamá viene sufriendo los embates de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo internacional integrado por una grupo de países y del cual Panamá no es parte, que se dedica a garantizarle el desarrollo económico a sus miembros, como su nombre bien lo explica. A pesar de que la OCDE alega que nos ataca para evitar la evasión fiscal de los contribuyentes de sus países miembros, en realidad nos ataca para evitar la competencia comercial que Panamá y otros países les hace por la captación de capitales internacionales. Hago esta afirmación sobre la base de la incongruencia del propio mensaje de la OCDE. En efecto, los países líderes de la OCDE (EE.UU. y los de la UE) han promovido por años la apertura y liberación comercial internacional. Más recientemente han indicado que debe rechazarse el proteccionismo comercial, porque este afectaría de manera negativa la economía mundial. Paralelamente a esto, algunos miembros de la OCDE, más destacadamente EE.UU. y el Reino Unido, mantienen regímenes fiscales diferenciados para nacionales y residentes frente a extranjeros no residentes, exonerando fiscalmente a estos últimos, a la vez que mantienen mecanismo de reserva de información fiscal y económica de estas personas. De hecho, los EE.UU. no puede, en razón de su normativa constitucional y de su interés económico, intercambiar información económica de ninguna persona sin que exista de por medio una orden judicial fundamentada en serios indicios de la comisión de un delito (el cual puede ser fiscal). El interés económico por atraer capitales internacionales es tan grande que cuando el Tesoro de EE.UU. intentó promover una legislación que obligara a los bancos de ese país a intercambiar información con países extranjeros acerca de los intereses que los bancos le pagaban a los nacionales de dichos países, la banca y un sector importante del Congreso de EE.UU. se opusieron y derrotaron la iniciativa demostrando el impacto que la misma tendría en el sistema bancario de dicho país. Esta realidad contrasta con lo que ha sucedido recientemente con el G-20, en cuya reunión se lanzó la idea de convertir el intercambio automático de información fiscal en un estándar internacional. Obviamente, los países que se precian de cuidar la libertad individual van a tener problemas con este estándar. Especialmente los EE.UU., ya que no entiendo cómo van a poder cumplir con el mismo sin violentar sus normas constitucionales, lo cual también sucede con Panamá. Entonces, si nos dicen ‘haz lo que digo y no lo que hago’, la única explicación lógica de su conducta es evitar la competencia comercial. Explicación que, por demás, está sustentada en la realidad empírica. Solo hay que leer el documento original de la OCDE que da origen a esta iniciativa, ‘Harmful Tax Competition’, publicado en 1998 y disponible en la web. A lo anterior se suman las medidas que supuestamente podrían adoptar en contra de países como Panamá, todas las cuales son violatorias del Derecho Internacional Comercial. En otras palabras, con la excusa fiscal, están actuando en violación del Derecho Internacional, sin que sus supuestos estándares sean parte de una norma de Derecho Internacional público. Por esta razón, Panamá debe mover el debate al foro correcto: el comercial. Esto debe estar en manos del MICI y no del MEF. En la lógica fiscal, el país pierde. En el Derecho Internacional Público Comercial, el país gana. Es así de sencillo y de difícil. Difícil, porque requiere fortaleza y decisión. Sencillo, porque el Derecho nos asiste. Por: Carlos Ernesto González Ramírez Publicado en diario La Prensa 29/04/2013
Visos de Ilegalidad La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está constituida por un grupo de naciones desarrolladas –otros países no pueden acceder, a menos que sean invitados– y tiene por objeto el desarrollo económico de sus estados miembros. Con tal fin, se ha dedicado a estudiar cómo mitigar la competencia internacional que impacta, de manera negativa, los intereses de sus socios. Entre lo que identifican como nocivo están los centros financieros fuera de sus fronteras y la competencia fiscal (herramienta fundamental para el desarrollo económico de los pueblos modernos, incluyendo los de la OCDE). En 1998, el grupo publicó un estudio, Harmful Tax Competition, en el que señalaba que la globalización y la tecnología estaban afectando los centros financieros dentro de sus fronteras, porque los que ellos llaman off shore (fuera de sus costas) representaba una competencia desleal. Los argumentos de eficiencia y deslealtad de sus competidores los sustentaban en la poca regulación aplicable, frente a sus centros altamente regulados (y, por tanto, más costosos), y por niveles de impuestos más bajos o inexistentes. Por esto, debían presionar a esos países (no miembros de su club), para que cumplieran con regulaciones semejantes e intercambiaran información fiscal; aunque a ellos no les representara ningún beneficio y, al contrario, esto acabara destruyendo sus centros financieros. Al principio querían hacer ver que el tema se podía manejar con criterios objetivos, pero cuando intentaron definir lo que era un paraíso fiscal, cayeron en cuenta de que, bajo cualquier definición objetiva, sus miembros más importantes también tendrían que ser catalogados como tales. Ante esta realidad, decidieron cambiar la táctica y hacer listas subjetivas y evitar las definiciones objetivas. Esto, además, les permitía crear nuevos criterios de supuestos estándares internacionales de cooperación fiscal. Para darles visos de “legitimidad” a su esfuerzo, convocaron a países no miembros para que formaran parte de un “foro” al que le asignarían responsabilidades que los participantes aceptarían (el llamado Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria). Obviamente, como los criterios objetivos son peligrosos para ellos, no se hizo una organización internacional en toda regla ni se establecieron artículos de incorporación. Es más, no han publicado sus reglas en ningún lugar. Así, al no existir en el mundo jurídico, podían coaccionar a los países para que participaran, sin pasar por los procesos democráticos tradicionales. Es decir, se harían miembros de un foro que no tiene reglas objetivas, sino criterios controlados por la OCDE y que no requeriría de una aprobación formal, como un tratado internacional. Para controlar aún más a los tontos útiles que se deslumbran con una reunioncita en la OCDE, se inventaron la “Revisión Paritaria” de las legislaciones de los países “miembros” (sin reglas, nuevamente). Con ese nombre pareciera que los que asisten al foro participan, también, en la revisión paritaria, pero resulta que no es así. Esa revisión la hace un grupo de 30 países escogidos: 15 miembros de la OCDE (la mitad), ocho con fiscalidad alta (como Argentina y Brasil), cuatro actuales colonias de miembros de la organización (únicos con regímenes similares al panameño), y tres de posiciones indefinidas. Por la razón anterior, por ejemplo, cuando se revisa la existencia de acciones al portador en el Reino Unido, este país se limita a decir que las tiene, pero eso no reviste mayor incidencia o relevancia (con 15 votos, más las colonias, los miembros de la OCDE tienen asegurado su paso por la revisión). En mi concepto, cualquier país digno debería negarse a participar en esta farsa, a menos que, previamente, se constituyese en un organismo internacional y se aprobara su creación por la vía que constitucionalmente se requiere: la Asamblea Nacional (en el caso de Panamá). De hecho, los funcionarios que participan en estas reuniones lo hacen sin tener una legislación que los apoye, lo que puede llegar al desvío del poder, toda vez que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que las leyes autorizan. Por eso, hasta que no exista un tratado constitutivo que establezca las reglas claras y objetivas para todos los participantes y que la Asamblea Nacional lo haya aprobado, el Ministerio de Economía y Finanzas debe abstenerse de participar en este bodrio. Es responsabilidad del país respetar las normas internacionales constituidas y desarrolladas mediante procedimientos formales indispensables. Es mediante el derecho internacional como los países pequeños tenemos la posibilidad de defender nuestros intereses. Esta debe ser la posición que se le debe comunicar a la OCDE y la única legítima para cualquier gobierno. Dr. Eduardo Morgan Jr. Publicado en La Prensa 19 -4-2013 DEFENSA DEL CENTRO FINANCIERO La controversia desatada en torno al proyecto de ley que pretendía inmovilizar las acciones al portador ha dejado la impresión en la comunidad de que los abogados que nos oponíamos lo hacíamos para defender nuestros intereses y que estos eran contrarios a los de los banqueros que apoyaban su aprobación. Nada más alejado de la realidad. La inmovilización y consiguiente custodia de acciones al portador podría haber representado un importante ingreso adicional para las firmas de abogados, como la que yo represento, porque habría permitido cobrar por la prestación de un nuevo servicio a los clientes, cuyas acciones al portador custodiaríamos. Paradójicamente, el único interés que nos ha movido es defender el centro de servicios internacionales que ha desarrollado Panamá, del cual el sector bancario es la pieza más importante. Paso a explicarme. Como ha quedado demostrado hasta la saciedad por la lectura de los propios documentos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y su foro global (véase Peer Review Report Phase 1 Legal and Regulatory Framework Panama), la inmovilización de las acciones al portador es solo una de las varias exigencias incluidas en la guía por ellos elaborada, cuyo incumplimiento motivaría la inclusión de los países “infractores” en una lista negra que colocaría sobre sus cabezas la espada de Damocles de enérgicas sanciones. Otra exigencia es la obligación de que todas las sociedades anónimas inscritas en nuestro Registro Público lleven libros de contabilidad detallando sus operaciones, aunque estas se realicen fuera de Panamá, lo que comenzaría a resquebrajar el sistema fiscal basado en la territorialidad. Pero la exigencia que completa el menú del Foro Global, y que podría dar al traste con el centro bancario, es aquella que obligaría a Panamá a firmar convenios de intercambio de información fiscal con cualquier país que se lo exija. Inexplicablemente, los banqueros no han querido ver el enorme peligro que esta exigencia representa. Para comprenderlo en toda su dimensión, basta leer el estudio publicado hace un mes por la Superintendencia de Bancos en el que queda claro que el 38% de los depósitos que hay en los bancos que integran nuestro centro financiero proviene de países de la región. Y si Panamá acepta, como tendría que hacerlo para evitar ser incluido en la lista negra del Foro Global, celebrar tratados de intercambio de información fiscal con Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y demás países de donde provienen ese 38% de los depósitos bancarios, entonces sí, ¡adiós, centro bancario! La sola sospecha de que esto pudiera ocurrir sería suficiente para provocar un retiro de los fondos de quienes han confiado en la privacidad que ofrecen las leyes que desde hace más de 40 años regulan nuestra actividad bancaria. Es preciso hacer énfasis en que privacidad no es sinónimo de anonimato ni de lavado de dinero, como parecen pensar algunos. La privacidad es un derecho individual consagrado en todas las constituciones democráticas del mundo, al que a veces deben recurrir las personas que pueden ser víctimas de persecuciones políticas, de embrollos familiares o de delitos contra su libertad. Esta realidad explica la lucha irrenunciable de quienes nos oponemos al proyecto de ley de las acciones al portador. No estamos defendiendo solamente la integridad de la ley de sociedades anónimas, piedra angular inamovible de nuestra economía de servicios. No. Defendemos, sobre todo, la subsistencia de nuestro centro financiero, cuya eliminación es el verdadero objetivo de la Ocde. Desde que la globalización y el desarrollo tecnológico permitieron que se desarrollaran centros financieros más allá de las fronteras de los países más ricos que integran ese cartel, estos se propusieron impedir que surgiera alguno capaz de competir con Londres, Nueva York o Miami. Esto no lo digo yo, sino que lo ha dicho, sin ningún tapujo ni asomo de rubor, la propia Ocde en el documento Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, párrafos 36 y 37. ¿Qué hacer, entonces, frente a las amenazas de la Ocde y su Foro Global? Comienzo por señalar que la diferencia fundamental que existe entre quienes apoyan el proyecto de ley que pretende inmovilizar las acciones al portador y quienes nos oponemos es que nosotros sí creemos que Panamá ha cumplido con creces con su obligación de transparencia en todo lo que guarda relación con las transacciones internacionales. Así, tenemos leyes ejemplares que obligan a los abogados que incorporan sociedades a conocer a su cliente, lo que determina que el tema de las acciones al portador sea irrelevante, y hemos suscrito un gran número de convenios internacionales que permiten a las autoridades nacionales, a petición de una autoridad extranjera, investigar y determinar si hay en nuestro centro bancario dinero proveniente de actos delictivos. Y si Panamá ya ha cumplido, entonces no hay razón para doblegarnos ante la Ocde. Quienes apoyan el proyecto parten de la base de que los poderosos pueden imponer lo que quieran y los países pequeños no tenemos más remedio que obedecer. Y citan como ejemplo lo que ha ocurrido en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas y en Belice. Se olvidan, sin embargo, de que nosotros no somos ni colonia británica, ni bahameños, ni beliceños. Somos panameños, habitamos una nación que tiene más de 500 años de historia y que hoy, después de enfrentarnos al país más poderoso de la Tierra, ha recuperado su Canal y su posición geográfica, gracias a lo cual es líder en desarrollo económico en la región. ¿Qué hacer, entonces? Sencillamente, enfrentarnos a la Ocde y a cualquiera de sus satélites para alcanzar, a través de un verdadero proceso negociador emprendido sin complejos de inferioridad, lo que otras generaciones de panameños han logrado apoyadas en la razón y en la equidad. Por José Salvador Muñoz Publicado en La Estrella 18-abril-2013 En los países herederos del Derecho inglés, el concepto del Derecho se circunscribe a la Ley, que por supuesto puede tener, en algunas ocasiones, fines que no concuerdan con los que seguimos el concepto del Derecho, según el Derecho Romano. Recordando la frase coincidente de los famosos juristas romanos CELSO y ULPIANO, para nosotros el Derecho es ‘el arte de lo bueno y de lo justo’. A raíz de la polémica que se ha desatado en nuestro país por razón de los intereses crematísticos, de lo que denominó en reciente escrito don Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá: el ‘Cartel Bancario’, y que por cuestiones de gusto personal me inclino a usar la palabra ‘monipodio’, he observado los argumentos que se esgrimen de una u otra parte. A los que están a favor, los delata la manera de caminar. El abogado, creo, Jaime Alemán sostiene que la eliminación o inmovilización de las acciones al portador es buena para ‘nuestra industria’, y que de no hacerlo, los efectos negativos que la norma pueda tener en ‘el mercado’ y ‘que estaríamos en desventaja competitiva’. La firma ALEMAN, CORDERO, GALINDO y LEE, en nota que dirige al señor presidente de la Asamblea Nacional, publicada en el periódico La Prensa el 7 de marzo de 2013, sostiene que las ‘principales firmas’ de abogados de Panamá ‘dedicadas al negocio’, igual que la ‘Asociación Bancaria de Panamá’ y la ‘Cámara de Comercio e Industria’ están a favor de que ‘se adopte esta medida’. La Asociación Bancaria, en nota dirigida a la Asamblea Nacional de Diputados, se queja de que en el Proyecto de Ley se estipula que la fianza de cumplimiento debe ser expedida por las compañías de seguros, dejando por ‘fuera a los bancos’, ‘que son parte integral del negocio’. Los que nos oponemos, hablamos de instituciones jurídicas; no de negocios, mercados, competitividad, comercio o cualquiera de los 30 sinónimos que tiene la palabra comercio. Así se lee en comunicados expedidos por: Asociación de Abogados Internacionales, decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Panamá, Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Movimiento de Abogados Gremialistas, expresidentes del Colegio Nacional de Abogados, y en contestación al señor embajador de los EE.UU. por Expresidentes del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quizás a muchos abogados les agradaría solicitar a ‘las grandes’ y ‘principales firmas’ de Panamá que aclaren en qué consiste la acepción de los términos ‘principal’ y ‘grandes’. En realidad el tema sería de larga, divertida y pintoresca discusión. Con la excusa del dinero del narcotráfico y terrorismo, el asunto de las acciones al portador, se viene dando en los países mayuyones como pretexto para que los países pequeños les sirvan de recaudadores de impuestos, tal como lo señalan informaciones periodísticas de los EE.UU., desde la década del 80 del siglo pasado. Antes de la era cibernética los intereses de los mayuyones y su codicia la resolvían o con barcos de guerra cañoneando a los pequeños países o a los débiles y díscolos, con invasiones. Ahora lo solucionan con listas negras y sanciones de las organizaciones internacionales que ellos controlan. En cuanto a la actividad bancaria, eso es harina de otro costal. Diariamente se lee cómo las impúdicas pretensiones de muchas de esas entidades ha llevado y contribuido a las graves crisis económicas a países tanto de Europa como de América. El asunto entre nosotros ya está llegando a posiciones extremas. Ahora resulta, según información periodística, que mediante un ‘acuerdo’ de la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria, el sector bancario busca prohibir las acciones al portador. Esto ya es el aquelarre jurídico. La altanería y vanidad del monipodio los lleva a querer convertirse en Asamblea Legislativa. Esperaré el nuevo engendro con ínfulas de juridicidad. Por Eduardo Morgan Jr. Publicado en el diario La Estrella 17-4-2013
La prensa mundial ha circulado con gran prominencia, y de ello también se han hecho eco nuestros medios de comunicación, la noticia de que un grupo de periodistas, con base en Washington, bajo el sonoro nombre de Consorcio de Periodistas Investigativos, ha logrado acceso a dos millones de ‘e-mails’ y otros documentos de las Islas Vírgenes Británicas. En dichos documentos aparecen millonarios, funcionarios, líderes políticos, dictadores y sus familias, de los cinco continentes. La noticia destaca que el valor de las fortunas escondidas en BVI y otros paraísos fiscales sobrepasa la astronómica suma de 32 trillones de dólares. Lo que no explican los periodistas investigativos es en qué países se encuentran esos trillones. Nadie puede creer que la minúscula BVI o los otros paraísos fiscales puedan albergar en sus bancos o en su economía esa enorme suma. Por la seriedad de la organización que representan, debemos esperar que se continúe con esta investigación para darnos luces sobre los países que le dan refugio a esa riqueza, en gran parte mal habida o escondiéndose de sus obligaciones fiscales. Creemos que no será difícil dar con los depositarios de esas fortunas. Todos los países, particularmente los más ricos, como los europeos y Estados Unidos, tienen leyes estrictas contra el blanqueo de capitales y, como es el caso de Panamá, sus bancos y fiduciarios tienen la obligación de conocer a sus clientes y de averiguar la procedencia del dinero. Hay estudios de reconocidas organizaciones sobre los depósitos de no residentes y del cumplimiento de las reglas de transparencia con énfasis en conocer al cliente para, precisamente, prevenir el lavado de dinero. Los periodistas investigadores pueden partir del excelente estudio ‘Depósitos privados de no residentes en jurisdicciones secretas’ del 10 de marzo de 2010, cuya autora es Ann Hollingshead. Esta investigación fue hecha con fondos proporcionados por la Fundación Ford. Dicho estudio puede ser consultado en la Internet bajo el título ‘Privately held, non-resident deposits in secrecy jurisdictions’. De su lectura extraemos la siguiente información: El estudio es parte del programa del Global Financial Integrity, que se enfoca en el movimiento transnacional de fondos ilícitos. Sus fuentes son el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales de centros financieros internacionales. Se aclara que en el contexto del estudio la connotación ‘jurisdicción secreta’ contiene un cuadro más amplio de países que la definición tradicional de centros financieros offshore. El estudio identifica que hay cerca de 10 trillones de dólares de estos fondos; que Estados Unidos está en primer lugar, con $2 trillones; el Reino Unido y las Islas Caimán en segundo y tercer lugar respectivamente, con cerca de $1.5 trillones cada uno. Los depósitos privados de no residentes son definidos como depósitos pertenecientes a individuos particulares o a corporaciones de otra jurisdicción. El término ‘jurisdicción secreta’ lo define como: ‘Lugares que intencionalmente establecen regulaciones para beneficio y uso de no residentes en su dominio geográfico. Estas regulaciones están dirigidas a afectar la legislación o regulaciones de otra jurisdicción. Para facilitar su uso, las jurisdicciones secretas también establecen un velo de secreto que asegura que los no residentes que las utilizan no puedan ser identificados’. Señala también que Estados Unidos, con la economía más grande del mundo, es el primero en el índice de jurisdicciones secretas y también el que menos coopera con otras jurisdicciones. Las Islas Caimán ocupan el 4º. lugar y el Reino Unido el 5º. Para encontrar información sobre el destino de las inversiones, los periodistas investigativos no tendrán que ‘hackear’ los correos de BVI ni tampoco ‘inventar’ que penetraron nuestro Registro Público (donde, es sabido, se entra por la puerta principal y la información es pública para todos), sino ingresar a la Internet y buscar los excelentes estudios e investigaciones de entidades de las Naciones Unidas y del Gobierno norteamericano; igualmente, acceder a los estudios de la GAO (Government Accountability Office), del Senado y sus audiencias y del Fincen, policía fiscal del Departamento del Tesoro de E.U. y otras organizaciones similares. Sin ninguna dificultad, podrían hacer un inventario de los lugares donde esconden o lucen sus enormes fortunas los grandes pillos de algunos países del tercer mundo y funcionarios corruptos de países desarrollados. Y, de igual manera, descubrir y hacer públicas las leyes y prácticas de las ‘jurisdicciones secretas’ y con ello ayudar a la opinión pública de esos países y del mundo entero a que los ‘avergüencen y critiquen’ (blame and shame) por esas prácticas. Para lograrlo es necesario que todos los países se unan para acabar con tanta hipocresía, que lo que hace es afectar el desarrollo armónico de la sociedad. |
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