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Por Juan Ramón Rallo
Abril 10, 2016
Publicado en www.libremercado.com
La revelación de los papeles de Panamá ha multiplicado las críticas contra los paraísos fiscales por parte de todas aquellas personas que defienden un Estado grande y bien nutrido de ingresos tributarios. Al entender de muchos, si durante los últimos años no hubiésemos sufrido la competencia desleal de los paraísos fiscales, no sólo nos habríamos ahorrado los recortes presupuestarios de la crisis, sino que incluso podríamos haber incrementado el gasto público. Pero ¿podemos cuantificar cuántos ingresos pierden los Estados como consecuencia de los paraísos fiscales?
Una de las estimaciones más conocidas acerca de la evasión tributariamediada a través de estas jurisdicciones es la que proporciona la Tax Justice Network: según sus cálculos, los paraísos fiscales se han convertido en el refugio de un volumen de riqueza cifrado entre 21 y 32 billones de dólares. Si ese enorme patrimonio proporciona unas rentas del capital anuales de entre 630.000 y 960.000 millones (esto es, suponen una rentabilidad anual media del 3%), que fuesen gravadas al 30%, cada año los Estados de todo el mundo podría ingresar adicionalmente entre 190.000 y 290.000 millones de dólares.
Sucede que estos cálculos de la Tax Justice Network están repletos de importantes fallos metodológicos dirigidos a inflar las cifras de riqueza salvaguardada en paraísos fiscales (para una crítica detallada a la metodología, pueden leerse las páginas 93 a 110 de este ensayo). De ahí que recientemente hayan sido ampliamente corregidos a la baja por el economista francés Gabriel Zucman, en su libro The Hidden Wealth of Nations.
Zucman no es ningún ultraneoliberal salvaje interesado en minimizar la influencia de los paraísos fiscales: es coautor de varios papers sobre desigualdad con Thomas Piketty y, de hecho, su libro constituye un alegato por su erradicación. Aun así, no puede más que rechazar los cálculos simplistas de la Tax Justice Network y, en su lugar, ofrece una estimación más moderada: el patrimonio en paraísos fiscales no es de 21 o 31 billones de dólares, sino de 7,6. Es cierto que el propio Zucman reconoce que su estimación podría pecar de conservadora, pero él mismo acota que, como mucho, el patrimonio en paraísos fiscales podría ascender hasta los 10,5 billones. O dicho de otro modo, las estimaciones del economista francés son entre un 50 y un 66% inferiores a las de la Tax Justice Network.
Ahora bien, pese a las enormes discrepancias en materia de estimación de la riqueza depositada en paraísos fiscales, Zucman calcula que los ingresos tributarios perdidos por los Estados son igualmente de 190.000 millones de dólares. ¿Cómo llega a esa cifra? Básicamente, el economista francés reconoce que al menos el 20% de la riqueza en paraísos fiscales está correctamente declarada en sus países de origen, de modo que la evasión se concentra en el 80% restante, esto es, en 6,1 billones. Posteriormente, Zucman considera que ese patrimonio es capaz de proporcionar un rendimiento anual del 5% –305.000 millones de dólares–, el cual juzga que podría gravarse a un tipo cercano al 41%. Con esto, llegamos a una cifra de 125.000 millones de dólares perdidos en recaudación: cifra a la que Zucman añade otros 65.000 millones por menor recaudación en concepto de impuestos de sucesiones y patrimonio. En total, pues, 190.000 millones de dólares que podrían alcanzar los 250.000 millones si la riqueza en paraísos fiscales fuera de 10,5 billones de dólares en lugar de 7,6.
Por consiguiente, tanto la Tax Justice Network como Gabriel Zucman estiman que la recaudación fiscal mundial es cada año unos 200.000-250.000 millones de euros inferior de lo que podría ser sin paraísos fiscales. Tomemos tal cifra como buena –pese a las dudas metodológicas que suscita: la rentabilidad actual del capital dista de ser del 5% y las rentas exclusivamente del capital no están sometidas a un gravamen medio del 41%– y preguntémonos: ¿son 200.000-250.000 millones de euros una fortuna como para revolucionar la situación presupuestaria de nuestros Estados? El propio Gabriel Zucman nos lo traduce a una magnitud mucho más comprensible: 200.000 millones de euros es el 1% de los ingresos tributarios de todos los Estados del planeta. Sí, el 1%. No el 10, no el 20, no el 30, sino el 1%.
No pensemos, además, que tal cifra se halla muy heterogéneamente distribuida (es decir, que casi toda ella se concentre en EEUU y la Eurozona). Para el conjunto de Europa, Zucman estima una pérdida de recaudación de 78.000 millones de dólares: y dado que España representa alrededor del 6,6% del PIB de toda Europa, estaremos hablando de una pérdida de ingresos cercana a los 5.200 millones de dólares, esto es, unos 4.700 millones de euros… el 1,1% de los ingresos fiscales de España.
Así pues, la recaudación que pierde nuestro país por la existencia de paraísos fiscales se ubica en el 1,1% de todos los ingresos del Estado: poco más de 4.500 millones de euros anuales: el equivalente a media paga extra de los empleados públicos. Entenderán ustedes, pues, que la desastrosa situación presupuestaria de España y de muchos Estados europeos no se debe a la existencia de paraísos fiscales: el manirroto Cristóbal Montoro cerró 2015 con un déficit público de más de 50.000 millones de euros; en 2009, la manirrota Elena Salgado cerró el año con un déficit superior a los 110.000 millones de euros. ¿En qué habrían contribuido 4.500 millones a tapar ese agujero? En prácticamente nada: los recortes y las subidas de impuestos se habrían producido en igual medida.
O acaso cabe pensar que se habrían producido en mucha mayor medida: lo que verdaderamente molesta de la existencia de los paraísos fiscales no es lo que los Estados pierden de manera directa, sino lo que dejan de ingresar de manera indirecta, esto es, toda aquella recaudación que se les escapa por ser incapaces de subir mucho más los impuestos ante la presión competitiva que ejercen los paraísos fiscales (cuanto más suban los tributos, más capital se refugiará en otras jurisdicciones y mayor recaudación perderán los Estados). Sin paraísos fiscales, tenga por seguro que el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta, el impuesto de sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio serían mucho más altos en todo el mundo de lo que actualmente son: puede, por tanto, que los ricos pagaran más, pero a buen seguro usted también pagaría muchísimo más.
En contra de lo que suele decirse, los paraísos fiscales no nos fuerzan a pagar muchos más impuestos a los ciudadanos que no nos refugiamos en ellos: al contrario, los paraísos fiscales limitan que los Estados den rienda suelta a su voracidad tributaria y que nos obliguen a todos a pagar mucho más de lo que ya estamos pagando para que ellos puedan gastar mucho más de lo que ya están gastando. Lo que escuece no son los 4.500 millones de euros que –inflando las estimaciones– España deja de ingresar por la evasión a paraísos fiscales, sino los muchos más miles de millones de euros que no pueden parasitarnos por el contrapeso que representan jurisdicciones con una fiscalidad mucho menos confiscatoria.
Álvaro Tomas
07 abr 2016
La Prensa
INTROMISIÓN EN LA POLÍTICA FISCAL
Es increíble lo que ha logrado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con sus ataques constantes a los centros financieros de los países no miembros de ese cartel. Creada en 1951, como parte del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, la OCDE pasó de ser una organización para ayudar a la reconstrucción y fomentar la cooperación entre países a una que busca redefinir el derecho internacional público y concepto tradicional de soberanía.
Los principios de soberanía fiscal pueden ser trazados al Tratado de Westfalia firmado al finalizar la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Desde esa época, el derecho público –aquel que regula las relaciones entre el Estado y los particulares– se ha encargado de darle fundamento jurídico a los Estados para crear impuestos con el objetivo de financiar sus gastos o eliminarlos si se pretende estimular la economía. La política fiscal de cada país se puede definir, simplemente, como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en su desarrollo económico. Así de importante es la política fiscal en determinar el futuro de las naciones.
Hasta hace poco, el derecho de un Estado a establecer o no sus impuestos era inalienable. Era, incuestionablemente, uno de los actos soberanos más importantes. Ahora la OCDE pretende que los países en vías de desarrollo dejemos esta herramienta para atraer inversiones, activar el crecimiento, desarrollar obras sociales, etc. Nos impusieron la globalización, nos adaptamos, estamos compitiendo y ahora piden cacao.
Resulta inaudito que un organismo no gubernamental, no electo, que no nace del derecho internacional público, repleto de tinterillos, tenga la osadía de tratar de transformar el concepto tradicional de soberanía. Nos piden que subamos impuestos para que la competencia sea justa –recuerden el famoso reporte de Harmful Tax Competition (1998)– pero Irlanda (miembro de la OCDE), hace apenas unas semanas bajó la tasa de impuestos para que las empresas tecnológicas se instalen en su país a una tasa de 6.5% anual. ¿Esto es el level playing field? (reglas de juego uniformes).
Este será el comienzo de una larga lista de derechos soberanos que la OCDE pedirá eliminar a Panamá, si cedemos a su táctica de blame and shame (culpar y avergonzar). Y todo esto ante la complicidad de una mórbida Organización de las Naciones Unidas. Estamos ante el nuevo imperialismo económico del siglo 21. ¿Qué vendrá después? ¿Que obliguen a Panamá a tener renta universal? Ya algunos notables en Suiza y en las dependencias británicas que tienen centros financieros reconocen que fueron irresponsables al aceptar, en forma inmediata y sin cuestionar, las condiciones de la OCDE. Dice el profesor emérito Philippe Braillard, de la Universidad de Ginebra: “EU tiene cero credibilidad cuando critica a los paraísos fiscales y a las leyes de confidencialidad suizas, si aquel es uno de los centros más grandes de evasión fiscal”. Los exhorto a leer el comunicado completo denominado “Suiza debe defender su centro financiero”, publicado el 4 de marzo de este año. (Ver: https://www.wealthbriefing.com/html/article.php?id=167751#.VtmVh-bFkVt).
El IFC Forum, un grupo multidisciplinario de profesionales que operan en las dependencias de la corona británica, llegó a similar conclusión. Cito a su asesor Richard Hay: “Los clientes que desean evitar los Common Reporting Standards (CRS) pueden mover su plata a Estados Unidos para aprovecharse de la poca diligencia que aplican ahí. Como ahora aparenta reconocer la OCDE, solo toma un hueco para que se salga el aire del globo. Estados Unidos debe aceptar los CRS para que sean efectivos”. (Ver: https://www.businessbvi.com/business/legal/item/920-common-reporting-standard-must-include-all-major-financial-centres-to-be-effective-warns-the-ifc-forum).
Cómo cambian los tiempos. El 22 de julio de 2014, ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, Pascal Saint-Amans de la OCDE, un crítico acérrimo de Panamá, rindió una declaración en que mencionaba, varias veces, la importancia de soberanía fiscal de las naciones. Más increíble aún, en su testimonio nunca le solicitó al Senado de Estados Unidos (EU) que firmaran los CRS aprobados en mayo de ese mismo año por la OCDE. ¿Cobardía o conveniencia? Usted elija.
La OCDE nunca criticará a EU ya que aporta 21% del presupuesto de dicho organismo (son 34 países miembros). Tampoco se quejará ni incomodará a EU, porque, parafraseando el proverbio chino, no querrá morder la mano del amo que le da de comer. Finalmente, hay rumores que otra jurisdicción muy importante está por anunciar que ha reconsiderado su posición y que no firmará los CRS de la OCDE. De ser así, seríamos tres países. Los perros ladran Sancho…
Responsabilidad – Integridad – Confiabilidad
Eventos sobresalientes
Eventos sobresalientes del GAO-06-376, un reporte al Subcomité Permanente de Investigaciones, Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Senado de los EE.UU.
https://sites.morimor.com/wp-content/uploads/sites/20/2016/04/GAO-Corp-USA-tnx-260309.pdf
EXPOSICION DE MOTIVOS
La primera vez que Levin presentó este proyecto fue en el 2006 luego del demoledor Informe de la GAO contra las corporaciones y LLC de EE.UU. por no exigir la identidad del cliente o beneficiario de las personas jurídicas. Esta legislación no fue aprobada. Se volvió a presentar en los años 2008, 2009 y 2011 pero tampoco logró que se aprobara. La razón principal es la oposición de los senadores cuyos estados hacen negocio con la venta de personas jurídicas, en especial los senadores de los Estados de Delaware y Nevada. Hoy por hoy Estados Unidos de América no exige ni practica el principio de “Conozca a su cliente” en las personas jurídicas.
CONGRESO 112
1 ª sesión S. ll
Para garantizar que las personas que forman las corporaciones en los Estados Unidos divulgan los verdaderos propietarios de las corporaciones, a fin de evitar que los malhechores se aprovechen de las empresas estadounidenses que amenazan la seguridad nacional; para ayudar a hacer cumplir la ley; para detectar, prevenir y sancionar el terrorismo, el lavado de dinero y otras conductas indebidas que implica el uso de corporaciones de Estados Unidos, y para otros fines.
Levin, Grassley presenta proyecto de ley de lucha contra las corporaciones de EE.UU. con dueños ocultos
Martes, 02 de agosto 2011
WASHINGTON -. El senador Carl Levin, demócrata de Michigan, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, y el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, esta semana presentaron la incorporación de Transparencia y Cumplimiento de la Ley de Asistencia para combatir los actos de terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos, y otras fechorías que facilitan las empresas estadounidenses con propietarios ocultos. El proyecto de ley pondría fin a la práctica de los 50 Estados que forman las corporaciones de personas no identificadas, y en su lugar requerirían a los Estados obtener las identidades de las personas detrás de las corporaciones.
SEC. 2. RESULTADOS.
El Congreso concluye lo siguiente:
(1) cerca de 2.000.000 de empresas y sociedades de responsabilidad limitada se están formando bajo las leyes de los Estados cada año.
(2) Muy pocos Estados obtienen información válida sobre los propietarios efectivos de las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada constituidas con arreglo a sus leyes.
(3) Una persona que crea una sociedad o sociedad de responsabilidad limitada en los Estados Unidos por lo general proporciona menos información al Estado en el que incorpora; que la que se necesita para obtener una cuenta bancaria o licencia de conducir, y por lo general no nombra a un beneficiario individual.
(4) Los terroristas y otros criminales se han aprovechado de las debilidades en los procedimientos de formación del Estado, para ocultar su identidad al formar corporaciones o sociedades de responsabilidad limitada en los Estados Unidos, y que luego las han utilizado para apoyar a organizaciones terroristas, de tráfico de drogas y de grupos del crimen organizado internacional, así como para la comisión de malas acciones que afectan el comercio interestatal e internacional, tales como tráfico de drogas ilícitas y armas; lavado de dinero; evasión fiscal, fraude a través de Internet, fraude de valores, fraude financiero, delitos de propiedad intelectual, y los actos de corrupción extranjeros.
(5) Entre los que han abusado del procedimiento de incorporación del Estado, Victor Bout, un traficante de armas ruso ahora en custodia de Estados Unidos por cargos relacionados con terrorismo, utilizaba por lo menos 12 empresas constituidas en Texas, Florida y Delaware para llevar a cabo sus actividades, y ha sido acusado, en parte, por conspirar para vender armas a una organización terrorista que trataba de matar a ciudadanos de los Estados Unidos y funcionarios y oficiales federales.
(6) Los esfuerzos de aplicación de la ley para investigar las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada por sospechas de mala conducta que ponen en peligro la seguridad nacional se han visto obstaculizados por la falta de información disponible sobre la titularidad, según lo documentado en los informes y testimonios de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, y otros.
(7) En julio de 2006, un líder internacional de una organización contra el lavado de dinero y el financiamiento anti-terrorista de la organización de financiación, el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (en esta sección conocida como el GAFI»»), del que Estados Unidos es miembro , publicó un informe que criticó a EE.UU. por no cumplir con una norma del GAFI que exige la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios e instó a los Estados Unidos para corregir esta deficiencia al 10 de julio de 2008.
(8) En respuesta al informe del GAFI y para fortalecer las medidas para proteger la seguridad nacional, los funcionarios federales han instado repetidamente a los Estados a mejorar sus prácticas de formación mediante la obtención de información sobre los beneficiarios de las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada constituidas con arreglo a las leyes de esos Estados. Pero los Estados siguen formando millones de empresas con propietarios ocultos.
(9) Muchos Estados han establecido procedimientos automatizados que permiten a una persona formar una nueva corporación o sociedad de responsabilidad limitada en el Estado en un período de 24 horas mediante la presentación de una solicitud en línea (internet), sin ningún tipo de revisión previa de la aplicación por un funcionario del Estado. A cambio de una cuota sustancial, dos de los Estados crean una sociedad anónima, una hora después de la solicitud.
(10) Decenas de sitios de Internet ponen en relieve el anonimato de los beneficiarios de acuerdo con las prácticas de formación de algunos Estados, y apuntan a ellas como una razón para incorporar en éstos. También listan esos Estados, junto con las jurisdicciones offshore, como lugares preferidos para la formación de empresas nuevas, lo que consiste básicamente en proporcionar una invitación abierta a los terroristas y otros malhechores para que creen entidades dentro de los Estados Unidos.
(11) En contraste con las prácticas en 13 Estados de los Estados Unidos, todos los 27 países de la Unión Europea ya están obligados a que los agentes de formación de sociedades identifiquen a los beneficiarios de las corporaciones formadas por los agentes bajo las leyes de esos países.
(12) Para proteger la seguridad nacional, reducir la vulnerabilidad de los Estados Unidos de infracciones cometidas por las empresas estadounidenses y compañías de responsabilidad limitada con dueños ocultos; proteger el comercio interestatal e internacional contra terroristas y otros criminales que abusan de las empresas estadounidenses y compañías de responsabilidad limitada; fortalecer el derecho de investigar el cumplimiento de las empresas en cuestión y de sociedades de responsabilidad limitada; establecer normas mínimas para el level playing field entre las prácticas, y lograr que los Estados Unidos en conformidad con las normas internacionales contra el lavado de dinero, la lucha contra el terrorismo, las normas de financiación, la legislación federal necesaria para exigir a los Estados obtener información sobre los beneficiarios de las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada constituidas con arreglo a las leyes de esos Estados.
Lunes, 04 de abril de 2016
Por: José E. Sánchez
www.presidencia.gob.pa
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
Foto: Alis Mosquera/Erick Barrios
El Gobierno de la República de Panamá defenderá con fuerza su imagen internacional y su record de reformas sin precedentes por hacer cada vez más sólidos y transparentes los servicios financieros y legales del país, dijo hoy Juan Carlos Varela, presidente de la República.
El Mandatario, al ser abordado por los medios de comunicación durante el acto de sanción de la Ley Colón Puerto Libre y la Ley que reforma la Zona Libre de Colón, recordó que en los primeros 21 meses de su Gobierno se han tomado medidas sin precedentes para fortalecer la transparencia de los servicios financieros y legales de Panamá.
“Somos un país aliado en la lucha por la transparencia del sistema financiero y damos la bienvenida a cualquier publicación que proteja los sistemas financieros de Panamá y del mundo, para que no puedan ser usados en ningún momento en actos ilícitos”, expresó Varela.
Agregó que “vamos a cooperar en lo que sea necesario. Somos un país abierto y en estos 21 meses de gestión hemos tomado decisiones muy puntuales para transformar los sistemas financieros, servicios legales y blindarlos”.
El Gobernante señaló que Panamá ingresó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), pero el país, en tiempo récord, fue excluido de la misma después de la aprobación de leyes importantes que protegen el sistema financiero panameño de ser usado por el crimen organizado.
Varela manifestó que “si el reto es defender el nombre de Panamá y el sistema financiero, ese es mi trabajo”. Indicó que la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado y todas las misiones diplomáticas fueron informados de la posición del Gobierno de modo que proyecten al mundo que en esta administración mantiene una permanente lucha por la transparencia.
Hechos
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
En cumplimiento con los compromisos con el GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
Martes, 05 de abril de 2016
Por: Redacción
www.presidencia.gob.pa
El Gobierno de la República de Panamá lamenta, además, la descalificación por parte de organizaciones internacionales y países,
que ante la coyuntura han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria.
Foto: Erick Barrios
La República de Panamá cuenta con uno de los centros de servicios financieros más importantes del mundo, que tiene un probado record de cambio y que con el esfuerzo del sector público y privado, ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia, aprobando instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que muchos otros centros de servicios a nivel internacional.
El Gobierno de la República de Panamá lamenta, además, la descalificación por parte de organizaciones internacionales y países, que ante la coyuntura han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria.
Las autoridades panameñas hacen un llamado a organizaciones, países y medios de comunicación a profundizar en el contenido de las publicaciones, antes de difundir perjuicios sobre el país.
Panamá es un país serio, un importante actor en el mundo globalizado y no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país que beneficia a la comunidad internacional.
Acciones realizadas
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
En cumplimiento con los compromisos con el GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
POR POR AMALIA AGUILAR NICOLAU
05/04/2016 – 7:54 AM
Detrás de esto está la OCDE, que es un think thank de países ricos, como lo denominan algunas publicaciones económicas y Paúl Krugman, Premio Nobel de Economía, pero que yo lo denomino un cartel que no quiere que Panamá compita con sus socios en el negocio financiero”, afirmó Morgan.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, agrupa a 34 países, y de acuerdo con su página web tiene la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
Entre sus principales socios se encuentran los países ricos como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Japón, Israel, Francia, Suiza, Suecia, Alemania, Canadá, entre otros y de América Latina son miembros Chile y México, mientras que Colombia y Costa Rica están a la espera de entrar a esta organización.
Por otra parte, Morgan destacó que la cooperación entre las autoridades y el sector financiero ha sido fundamental para descubrir el esquema de corrupción que se ha destapado no solo en nuestro país sino en países vecinos.
Recordó el caso de Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, expresidentes de Costa Rica, acusados de corrupción. También el de Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Alberto Fujimori en Perú y de un expresidente Arnoldo Alemán de Nicaragua. Todos ellos encarcelados, de acuerdo con Morgan por utilizar compañías panameñas para propósitos de corrupción.
“Pero no hay que irse más lejos. La corrupción del gobierno pasado, todas las sociedades que usaron, los dineros de la corrupción todos están siendo identificados”, señaló.
La Ley 23 del 2015 establece controles para evitar el blanqueo de capitales. Parte de los mecanismos son inspecciones periódicas, realizadas por oficiales de cumplimiento, para controlar que no se utilicen el sistema financiero panameño para el blanqueo de capitales.
Finalmente Morgan afirmó que el gobierno de Panamá no ha reaccionado con la severidad necesaria en este caso.
El comunicado del gobierno se quedó un poco corto, el gobierno debe perseguir a aquellos que hackearon la privacidad de la firma Mossack Fonseca, ya que eso sí es un delito aquí y cualquier parte del mundo”, fue su reacción al comunicado.
Programa Eco 360
Canal Eco TV
4 de abril de 2016
Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales
Domingo, 03 de abril de 2016
Por: Redacción
El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
Foto: Prensa
En atención a publicaciones internacionales en las que se menciona a una firma de abogados panameña, la Administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.
El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.
A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
De igual forma, cumpliendo con compromisos con GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilicitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asi como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
Programa de televisión: CNN Dinero
Canal: CNN en Español
28 de marzo de 2016
Eduardo Morgan, abogado socio senior de Morgan & Morgan, analiza la transparencia en el sistema legal y financiero de Panamá
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