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Por Alvaro Tomas
24 de noviembre 2015
Pintada en la pared. Es lo primero que viene a la mente cuando se confirma que la gigante farmacéutica Pfizer de Estados Unidos fue adquirida por su competidora Allergan de Irlanda. La transacción no sólo hace sentido comercial sino mucho sentido fiscal. Ambas empresas provienen de países miembros de la OCDE que siguen usando sus estructuras legales para pagar menos impuestos. El motivo se infiere de un artículo publicado en The Wall Street Journal Americas del diario La Prensa, página 78 A de 23 de noviembre de 2015 y es muy sencillo: para poder competir en el mercado farmacéutico y seguir invirtiendo en investigación para crear nuevos medicamentos, Pfizer necesitaba bajar sus impuestos. Y una manera fácil y aceptada es estructurar que la empresa más grande sea adquirida por una empresa más pequeña y mudar su sede al país de origen de la pequeña mediante las llamadas fusiones invertidas o “corporate inversions”. En este caso, Pfizer pasará de pagar la tasa corporativa anual de 37% en Estados Unidos a la tasa corporativa de Irlanda que es una de las más bajas del mundo en 12.5%.
Es el más claro ejemplo de porque la competencia fiscal es buena. Menos impuestos, más inversión, más empleomanía, mejores productos y más medicinas, más vidas se salvan. Y la OCDE entiende esto, sólo que no quiere que los países más pequeños como Panamá puedan atraer esas inversiones a su territorio sino que sean los países miembros de su club de naciones industrializadas los que se lleven todos los beneficios económicos.
Les aseguro que la OCDE y sus ejecutivos, que no pagan impuestos por ésta una organización multilateral, no dirán nada para obstaculizar la transacción so pena de afectar la imagen y reputación de dos empresas líderes en la industria farmacéutica, una de ellas norteamericana y la otra irlandesa. Dios los libre de condenar a los Estados Unidos y al sistema capitalista de buscar lo mejor para sus accionistas y para su modelo de negocios. Los Estados Unidos nunca ha aceptado el “estándar internacional” y las normas que busca imponer la OCDE al resto de sus miembros. Pero a Panamá lo critican y con los Estados Unidos miran para el otro lado; como un mural, pintados en la pared. Como ven, la OCDE, como hemos repetido en innumerables ocasiones en un organismo, sin coraje, que existe para pagar salarios a burócratas que buscan afectar a países como el nuestro y ayudar a sus países miembros a monopolizar el negocio de los centros financieros.
Otra prueba de que Panamá está en lo correcto se demuestra cuando economistas de la talla de Dan Mitchell del CATO Institute exponen en un foro público, como el realizado el 19 de noviembre de este año en el Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá, que son los países de la OCDE los que están equivocados y no Panamá. El economista aclaraba que la política de impuestos altos de los miembros de la OCDE es contraproducente para la economía de esos países ya que restringe la inversión de capital y mantiene vivo un sistema de bienestar social que sólo creará y aumentará sus déficits fiscales. Afirma que la estrategia fiscal de Panamá para atraer inversiones es la correcta. Que la competencia fiscal es buena.
En dicho foro, muy completo por cierto, se habló desde la estrategia actual de nuestro país en defensa de los servicios financieros incluyendo la aplicación de las medidas de retorsión a los países que nos incluyan en lista discriminatorias a partir de 2016, el fallo de la OMC en contra de Argentina y a favor de Panamá en temas de servicios financieros y de la inconstitucionalidad de los tratados de intercambio fiscal automáticos. Las presentaciones pueden ser encontradas en el blog www.eduardomorgan.com.
No dejó de llamar la atención la presentación del norteamericano Andrew Quinlan quien aseguró que si los republicanos ganan la Casa Blanca en el 2016 se elimina FATCA (el mecanismo de intercambio de información fiscal de los norteamericanos) y el argumento contra los países más pequeños pierde peso pues de uno de sus miembros más importantes (que no le para bola a la OCDE) saldría de esta lucha temeraria e injusta. De ser así, parafraseando a Juan Carlos Tapia, la OCDE podría quedar relegada a ser un bulto burocrático.
Álvaro Tomas
Publicado 14 de noviembre 2015
Diario La Prensa
El día 21 de octubre de este año, el prestigioso diario financiero español Expansión, bajo la pluma de Catarina Valente, publicó un artículo con el título arriba indicado. Para los que entendemos la farsa que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el daño que busca hacerle a nuestro país, el contenido de dicho artículo es una muestra más de la mala fe y la hipocresía a que apestan los burócratas de ese organismo y sus países patronos.
“Pequeña pero muy abierta al exterior. Así es la economía de Irlanda, que presenta un gran atractivo para las compañías nacionales e internacionales, al tener uno de los impuestos de sociedades más bajos de la Unión Europea”, acota la columnista.
En efecto, mientras en Panamá las empresas están gravadas con un impuesto sobre la renta de 25%, en Irlanda el impuesto a las compañías es la mitad: 12.5%. No está de más recordarle al lector que Irlanda es miembro de la OCDE y de la Unión Europea (UE), organismos ambos que prefieren culpar a otros países por sus descalabros financieros e incapacidad manifiesta de cobrar impuestos a sus nacionales. Me pregunto: ¿dónde están los ejecutivos de la OCDE, como Pascal Saint-Amans, cuya determinación de hundir a nuestro sector financiero se manifiesta en cada una de sus declaraciones, para ponerle coto a los irlandeses?
Sigue el artículo: “La república (irlandesa) fomenta la entrada de capital extranjero por sus incentivos fiscales, sectoriales y regionales. El Ejecutivo, que preside Michael Daniel Higgins, decretó en 2010 que las pequeñas y medianas empresas que se instalen allí están exentas de pagar el gravamen que se les aplica durante los tres primeros años”. ¿En qué se diferencia eso de lo que hacemos en Panamá para atraer inversión extranjera directa, que crea empresas que generan plazas de trabajo y prosperidad para los panameños? ¿Por qué Irlanda y Luxemburgo sí pueden y Panamá no?
¿Será porque no somos europeos, o por qué en la OCDE hay un racismo estatal hacia los países de América Latina y del Caribe que han osado abrirse campo en el sector financiero y en el de la administración de patrimonios, y eso a los que piensan que son los amos del mundo les duele?
A Saint-Amans y a su séquito de burócratas, con sus panzas llenas de vinos franceses y escargots, le enerva que Panamá ejerza su soberanía y no se doblegue ante sus insultos y tácticas de presión. Y si no me creen, créanle a Bono, el irlandés más famoso del mundo, líder de la banda U2, nominado al Premio Nobel de Paz, que dijo en una entrevista al diario Daily Mail de Gran Bretaña: “Somos un país pequeño, no tenemos escala, nuestra versión de escala es ser innovadores y creativos y la competencia fiscal ha traído la única prosperidad que hemos conocido”.
La OCDE no es de confiar. Necesitamos que el debate de la fiscalidad global se lleve a las Naciones Unidas, en donde la voz y el voto de Barbados tenga igual valor que el de Alemania. Nuestro gobierno tiene una gran responsabilidad. Debemos liderar un grupo de países que haga sentir su voz en la Organización de Naciones Unidas y le reste importancia a la OCDE, desenmascarando sus verdaderas intenciones que son someter, con su poder económico, a los países más pequeños y que le hagan el trabajo para el que han resultado ser incapaces. Es decir, obligar a sus empresarios a pagar impuestos en sus países y mantener el estado de bienestar social cuyo modelo resulta ser una utopía.
Finalmente, hay que seguir de cerca el fallo de la UE que busca sancionar a empresas como Starbucks y Fiat (seguirán Apple, Google y Amazon), porque se acogieron al régimen fiscal preferencial que les ofreció Luxemburgo, en vez de castigar al país por ofrecerlo en primer lugar. Esas multinacionales no se van a dejar. Tienen la plata para darle la batalla legal a los de la UE. Ojalá contraten a Greenberg Traurig.
Richard W. Rahn
Publicado 20 de octubre 2015
The Washington Times
Los reguladores se encariñan con el daño que crean sus reglas
Si una frase resumió la guerra de Vietnam, fue esta: «Tuvimos que destruir la aldea para salvarla». Los de la clase política en Washington no han aprendido nada, pero quizás es más acertado decir que a muchos no les importa si sus propuestas y acciones políticas causan más miseria que beneficio. El 29 de septiembre, el Congreso celebró una audiencia sobre las normas propuestas por el Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que es probable que destruya gran parte de la industria de pequeños préstamos y llevarían a las manos de los usureros a muchas personas de bajos ingresos con riesgo crediticio. Las reglas CFPB son tan costosas que la mayoría de los prestamistas probablemente se queden sin trabajo por la intención del gobierno.
La industria de los préstamos pequeños ha sido criticada por cobrar tarifas altas y por utilizar agresivas prácticas de cobro. El problema es que es costoso prestar dinero a las personas de riesgo crediticio; si la regulación gubernamental no permite a las empresas legítimas obtener un beneficio razonable serán los del mercado negro los únicos que les prestarán a los pobres. Tal como le señaló el representante Jeb Henslaring, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, al director CFPB Richard Cordray: «Estos son precisamente los préstamos que muchos necesitan para mantener sus servicios públicos sin que les sean cortados, y para mantener su coche andando para, a la vez, poder mantener sus puestos de trabajo”. El Sr. Cordray no tenía respuesta en cuanto a cómo los pobres obtendrán los préstamos bajos que necesitan una vez él haya aniquilado a los prestamistas legítimos.
El nuevo Reglamento de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras del Servicio de Rentas Internas (IRS) han hecho ambas tan caras y, en muchos casos, imposible para los estadounidenses que viven en el extranjero que obtengan cuentas bancarias en los países donde viven. El nuevo IRS y las regulaciones «conozca a su cliente» del Tesoro también han hecho que sea muy costoso o imposible para los trabajadores de bajos ingresos en los países extranjeros en todo el mundo, el envío de remesas a sus familias en sus países de origen. El daño que estas regulaciones harían ha sido obvio para muchos de nosotros que hemos estado escribiendo sobre el tema en los últimos años. Los funcionarios de IRS y del Tesoro de la administración han sido insensibles y mezquinos al destruir la capacidad de millones para obtener los servicios bancarios que necesitan, sin ofrecer alternativas legales y de bajo costo. El presidente Obama ha dejado en claro su intención de acabar con la industria del carbón y otras de combustibles fósiles. Los resultados son que los costos de energía se están elevando y que cientos de miles de trabajadores en estas industrias están perdiendo sus puestos de trabajo, y que serán las personas de bajos ingresos las que sufrirán los costos innecesariamente altos de la energía. Incluso por las propias estimaciones de la administración, si todas las propuestas del presidente fueran ejecutadas por ley, la temperatura del planeta solamente se reduciría dos centésimas de grado Celsius a finales de siglo. Reducir así el bienestar de millones – y la destrucción de la aldea económica – sin prácticamente ningún beneficio, es el colmo de la arrogancia política.
Un nuevo informe publicado la semana pasada por la Fundación de Políticas del Calentamiento Global, de la autoría del ex delegado del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Indur Goklany, exige una reevaluación del dióxido de carbono. Dijo Goklany: «El dióxido de carbono fertiliza las plantas, y las emisiones de los combustibles fósiles ya han tenido un efecto enormemente beneficioso en los cultivos, con aumento de los rendimientos de por lo menos 10 a 15 por ciento”. Se estima que el efecto de fertilización por dióxido de carbono ha aumentado el valor de la producción mundial de cultivos en cerca de $140 billones por año. Otros investigadores han demostrado que la tierra se ha vuelto más verde en las últimas décadas, en gran parte debido al aumento de dióxido de carbono. Al mismo tiempo, renombrados investigadores en temas solares han proporcionado pruebas de que es probable que el rendimiento (output) del sol pueda pasar por una de sus caídas cíclicas en las próximas décadas. Todavía hay demasiadas incógnitas para hacer conclusiones firmes acerca de los efectos compensatorios en la temperatura global por el aumento de dióxido de carbono y la disminución de la luz solar. Pero es claramente irresponsable destruir gran parte del potencial de crecimiento económico y hacer daño a las personas con el fin de beneficiar a las generaciones futuras, que pueden ser, o no ser, afectadas negativamente por el cambio climático. Y porque debido a la evolución tecnológica y al aumento en los ingresos, en el futuro estarían en mejor posición para hacer frente a los cambios negativos. Por último, me llamó la atención el hecho de que durante el debate del Partido Demócrata la semana pasada, nadie señaló el gran riesgo del aumento de la deuda pública global como porcentaje del producto interno bruto como un riesgo importante. Tenemos encima ya la crisis de la deuda y sólo está empeorando. Los habitantes de Grecia ya han sufrido la disminución de un tercio de su ingreso per cápita como consecuencia de la crisis de la deuda y equivocada regulación financiera. Esta crisis se extenderá por todo el mundo en los próximos años. Debido a la excesiva deuda, la economía puertorriqueña se está contrayendo rápidamente. Sin resolver primero la crisis mundial de la deuda, no habrá los recursos para hacer frente a cualquier tipo de clima futuro u otros eventos catastróficos, tales como una epidemia global. La clase política, en su ansia de poder y control, está en el proceso de destruir la «aldea económica» global, mientras que afirma falsamente que la está salvando. Richard W. Rahn es investigador principal en el Instituto Cato y presidente del Instituto para el Crecimiento Económico Global.
Publicado el Sábado, 31 de Octubre de 2015 en Posición Oficial
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Sábado, 31 de Octubre de 2015
El Gobierno de la República de Panamá aclara ante los usuarios de la plataforma financiera y de servicios en Panamá, así como a la comunidad internacional, que el país ha anunciado su compromiso de aplicar el mecanismo de intercambio de información automática a partir del año 2018, y que el mismo se realizará estrictamente de manera bilateral, recíproca y condicionada, a fin de garantizar la protección de la confidencialidad, tal como fue anunciado por el Presidente Juan Carlos Varela el pasado mes de septiembre durante la 70° Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.
Asimismo, el Gobierno de la República de Panamá, aclara que este compromiso se limita a los puntos señalados en el párrafo anterior y responde al compromiso del país con los estándares globales de transparencia fiscal y no exclusivamente a estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El mismo se llevará a cabo de acuerdo a un método propio, inspirado principalmente en el Modelo IGA 1A, incorporando los elementos del Estándar de Intercambio Automático de Información desarrollado por la OCDE que se consideren apropiados.
Toda vez que esto es un tema en evolución, el Gobierno Nacional tomará las medidas que considere necesarias para que el intercambio automático de información no sea utilizado como una medida que opere como un disuasivo para afectar la competitividad del país en beneficio de otros centros financieros.
La República de Panamá reitera su propuesta de que el debate de estos temas se incorpore a la agenda regular de las Naciones Unidas, asegurando que las iniciativas que se presenten, sean discutidas por los países en igualdad de condiciones.
https://mire.gob.pa/noticias/2015/10/31/comunicado-aclaratorio-sobre-aplicacion-de-intercambio-de-informacion-automatica
Octubre 16, 2015
Ante las falsas, insolentes e irrespetuosas palabras que le diera Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política Fiscal y Administración de la OCDE, durante la entrevista que le concediera recientemente en Lima, Perú sobre el compromiso que ha venido demostrando Panamá en la cooperación en materia fiscal y sobre el discurso del Presidente Juan Carlos Varela en la ONU, me he tomado la libertad de hacerte las siguientes aclaraciones, a manera de contestación a este TIPEJO que todavía no se ha dado cuenta que Francia YA NO ES UN IMPERIO desde hace al menos 200 años, quien pareciera que todavía no entiende que las relaciones entre los países – por los menos las civilizadas- se basan en el respeto al derecho internacional público, en especial al principio de la “soberanía” y de la “igualdad jurídica” de los estados, y que , sobre todo, Panamá no es una “jurisdicción” – como lo reitera en su entrevista en una manera burlesca- ni tampoco un “país bananero” sino un país independiente y soberano y como tal exigimos el respeto que nos merecemos como un miembro responsable y con plenos derechos dentro de la comunidad de naciones y como miembro FUNDADOR de las Naciones Unidas.
En primer lugar vemos que, reconoce a “regañadientes”, el paso que ha dado Panamá en materia de intercambio de información en materia tributaria pero sigue señalando que a “…Panamá todavía le queda camino por recorrer y que otros centros financieros han adoptado un compromiso mayor”. Esta declaración es una muestra que la OCDE ni el FORO GLOBAL pretenden respetar las normas más elementales del derecho internacional público que establecen claramente que la fiscalidad y la economía son asuntos internos de cada país y por lo tanto cada país tiene el derecho de diseñar su fiscalidad y economía según más le convenga a sus intereses nacionales sino que pretende convertirse en el regulador “de facto” de la fiscalidad mundial a punta de “bullying” diplomático. El reproche que hace de que Panamá no haya querido comprometerse, en octubre pasado, a implementar el intercambio automático según el Modelo de Convención Multilateral elaborado por la OCDE, es un desconocimiento expreso de parte de Sain-Amans de los principios fundamentales del derecho internacional público (Jus Gogens), lo que automáticamente debiera descalificarlo para liderar cualquier acuerdo multilateral en cualquier materia, como son los principios sobre la “igualdad jurídica de los estados”, de “no intervención en los asuntos internos de los estados” y el de “libre determinación de los pueblos” y como agravante adicional, en abierta violación a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados cuyo artículo 52 declara como nulo “…todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”, en cumplimiento a la resolución que fuera aprobada en dicha Conferencia condenando “solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los estados y de la libertad de consentimiento”; así como el acápite (4) del Artículo 2 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas que consigna, como uno de sus principios fundamentales el que sus países miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.”, entre otros tratados y resoluciones de derecho internacional público. Todos los países miembros de la OCDE que avalan el comportamiento de Saint Amans están violando igualmente la carta Constitutiva de las Naciones Unidas con la agravante de estar incluidos en esta lista por lo menos tres miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que son EEUU, UK y Francia, países que por su posición, de por sí ya privilegiadas por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, debieran fomentar y promover los principios que sirvieron de base para construir a la ONU y no promover su destrucción como pareciera están haciéndolo y todo por la adicción que los países a los que yo llamo “INFIERNOS TRIBUTARIOS” tienen a la rapacidad fiscal para así sostener sus políticas de “estado de bienestar”.
La OCDE, y Pascal Saint-Amans, tiene que entender que el derecho internacional público no se rige por “estándares internacionales” y mucho menos cuando estos son hechos a la medida por organismos que tienen como único interés beneficiar competitiva, económica y fiscalmente a sus países miembros como es el caso de la OCDE y su apéndice el FORO GLOBAL. En este sentido el tan “cacareado estándar OCDE” es solo eso, un estándar para los países OCDE y no puede ser impuesto a ningún país en contra de su voluntad y es esto lo que pretende Pascal Sain Amans. EL Presidente Varela fue enfático al rechazar dicho estándar OCDE, que entre otras cosas obliga a los países a firmar “a la carrera” acuerdos tributarios con todos los países que se lo pidan sin poder tomar en cuenta el interés nacional ya que esto significaría entregarle gratuitamente a la OCDE nuestra soberanía fiscal y financiera. El Presidente JCV fue claro al decir que: “Este intercambio tendrá que estar condicionado a que, conforme a la capacidad y circunstancias nacionales y el entorno geo político internacional, se respete el derecho de cada país de tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que el intercambio automático de información, que persigue el bien común, no sea mal utilizado para perjudicar la competitividad de unos países en perjuicio de otros.” En otras palabras Panamá en ejercicio de su “SOBERANIA” se reserva el derecho de escoger con que países firma, y de hacerlo como sería el intercambio de información – automático o a requerimiento- siempre pensando en el internes nacional y no en el interés de la OCDE que es lo que insinúa sarcásticamente Sain Amans en su entrevista.
En cuanto a su “insinuación” de que Panamá ha asumido un compromiso con la OCDE y por lo tanto estamos “obligados a implementarlo” es otra gran falacia y una prueba del alto grado de mitomanía que tiene este señor. El único compromiso que Panamá tiene con la OCDE es el que se refleja en la nota que te adjunto, con fecha del 15 de abril de 2002 donde el entonces Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado Durán, le informa al entonces Secretario General de la OCDE su disposición de cooperar con la OCDE bajo ciertas condiciones una de las cuales, es que dicho compromiso “…se formula sin perjuicio de la autonomía de la República de Panamá de aplicar el sistema tributario más adecuado a sus intereses económicos fundamentales, por cuanto la protección de los mismos es materia de seguridad pública.” No es como afirma Sain Amans de un compromiso al “estándar OCDE” así no más y es qye el problema del “estándar OCDE” es que este cambia según el criterio o humor de Pascal SAin AMans, a tal punto que empezó de un intercambio a requerimiento con al menos 12 países a tener que cambiar información con cualquier país que me lo pida sin la facultad de Panamá de negar dicha solicitud bajo ninguna circunstancia y esto es disminuir nuestra “SOBERANIA”.
Para concluir, hay dos puntos que me preocupan seriamente que se desprenden de dicha entrevista y son las amenazas no tan “veladas” que lanzó Saint-Amans y espero que la Cancillería de Panamá se haya dado cuenta de esto. La primera es cuando dice que Panamá, a pesar de la recomendación del “grupo de revisión paritaria” del Foro Global para que pasara a la Fase 2, esto todavía no es seguro ya que tienen que votar los otros 127 países miembros e insinúa sutilmente que el “anuncio prematuro” de Panamá de haber pasado a la FASE 2 puede que nos afecte por supuestamente haber “roto reglas de confidencialidad” que yo me atrevo a decir que NADIE CONOCE NI SABEN DOND ESTAN. Y es este uno de los problemas más graves que tiene la OCDE y el FORO GLOBAL ya que NO HAY REGLAS CLARAS DE APLICACIONES GENERAL sino que estas se van inventando y modificando a criterio de la OCDE sin tomar en cuenta al resto de los países, en especial a los que como, Panamá, no pertenecemos a dicho “Club.”. La segunda amenaza es más grave aún e indicativa de las serias tendencias totalitarias que hay en la mente de este señor con complejo de Napoleón. Dijo claramente que en caso de Panamá pasar a la FASE 2, para poder superarla, tendrá que firmar más tratados de intercambio de información, como si el poder público, que es donde radica la soberanía de los pueblos – no emanara del pueblo panameño sino de él o de la OCDE – y esto es gravísimo – y segundo dijo textualmente “…Entiendo que se espera que para el final de la FASE 2 debería haber un acuerdo con Colombia si Panamá quiere reafirmar el progreso hecho”. Esto demuestra que la OCDE siempre estuvo detrás de Colombia cuando nos catalogó como “paraíso fiscal” y que hoy, más que ayer, el interés nacional nos tiene que llevar a la conclusión de que PANAMA NO DEBE SEGUIR PARTICIPANDO del FORO GLOBAL ni mucho menos con la OCDE en temas de intercambio de información ni ningún otro y debe insistir de manera clara, enérgica e inequívoca que no permitirá que la OCDE ni ningún otro organismo pretende disminuir o debilitar la “soberanía” nacional ni el principio de la “igualdad jurídica” de los estados y que en reconocimiento al derecho internacional público los temas la firma de tratados tributarios, migratorios, comerciales, aduaneros y de cualquier otra índole se manejarán de manera bilateral y en caso de entrar a discutir estos temas de manera multilateral estará dispuesto a hacerlo solo si estas discusiones se llevan en la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS que al final sí es un foro representativo del concierto de naciones y además es un organismo que su columna vertebral está sustentada en los principios de derecho internacional Publio a los cuales Panamá no debe nunca de renunciar.
7 de octubre de 2015
Paraninfo de la Universidad Nacional
Agradezco profundamente al Rector Magnífico y al Consejo Académico la distinción que hoy me ha sido conferida y al Profesor Miguel Angel Cañizales sus generosas palabras. Este gran honor me compromete a seguir colaborando con mi querida alma mater en la que recibí excelente formación académica y deontológica y donde forjé amistades que han permanecido inalterables a través del tiempo.
Un día como hoy, el 7 de octubre de 1935, hace 80 años, nació nuestra Universidad en las instalaciones del glorioso Instituto Nacional. Fue su fundador Harmodio Arias Madrid, presidente de la República, y su primer rector, Octavio Méndez Pereira. Las clases se daban de noche y contaba con seis facultades, la de Derecho una de ellas. Comenzó con una matrícula total de 175 estudiantes. Quince años después, el 29 de mayo de 1950, se iniciaron las clases en sus nuevas instalaciones gracias al interés de otro gran estadista, el presidente Enrique A. Jiménez. El campus tenía un área de 60 hectáreas y formaba parte de los terrenos conocidos como El Cangrejo, que incluían tierras adicionales para el campus de la Escuela de Artes y Oficios.
Cuando ingresé en la Facultad de Derecho, en 1955, los estudiantes ocupábamos una pequeña ala de la Facultad de Administración Pública y el horario también era nocturno. Empezábamos clases a las 5 y terminábamos a las 9 de la noche. En ese tiempo no existía la Internet y la Facultad carecía de biblioteca propia. Teníamos que subir a la Colina, en donde estaban las oficinas administrativas y la biblioteca central de la Universidad. Esas subidas y bajadas equivalían a una clase de educación física y ayudaban a mantener en buenas condiciones a los futuros abogados.
Cruzando la calle interior estaba la Escuela de Medicina y había un acuerdo no escrito de que los futuros médicos estaban exentos de participar en los paros, huelgas y manifestaciones que se organizaban para protestar contra el gobierno o para ir a tirarle piedras a la embajada americana. Reconocíamos que los futuros galenos no podían interrumpir sus estudios por ninguna causa, por más patriótica que esta fuera. Muchas veces yo terminaba mi día yéndome a estudiar con los futuros médicos aprovechando el respeto que la dificultad de sus estudios exigía.
En ese tiempo, en la universidad había grupos de extrema izquierda y de centro. De la derecha, si los había, estaban siempre sumergidos ya que se les acusaba de ser espías a sueldo del gobierno o de la Guardia Nacional. Sin ser activista en la política estudiantil, yo mantenía buenas relaciones con todos, al punto que me postularon como candidato a la Junta de Facultad. Fui derrotado nada menos que por Alma Montenegro, hoy de Fletcher, una de las cuatro mujeres que estudiaban en la Facultad. Alma fue una de las pioneras de la rebelión femenina que hoy, triunfante, constituyen mayoría en todas las facultades de la universidad. Alma llegó a ocupar con gran acierto y dignidad importantes cargos en la vida pública, entre ellos el de Procuradora de la Administración. Alma no cesa de recordarme, y si es en público con más énfasis, que me derrotó en aquellas elecciones. En 1958, tuve el honor de ser candidato a la presidencia de la Unión de Estudiantes Universitarios, la gloriosa UEU. Los que me respaldaban eran activistas de la Democracia Cristiana con mucha fuerza en el movimiento estudiantil. Quedaron muy desilusionados porque perdí esa elección por un solo voto, el mío. Creo que los amigos que me postularon nunca perdonaron mi ingenuidad política.
Retomando mis recuerdos de estudiante, el horario nocturno me permitía trabajar como pasante en la oficina de mi padre, disfrutar de su magnífica biblioteca y tenerlo a él y a su socio, don Lorenzo Hincapié, otro gran jurista, de consultores para absolver algunas dudas sobre la interpretación de normas o principios jurídicos. También disfrutaba mucho de las clases que impartían Narciso Garay, Dulio Arroyo, Renato Ozores, José Isaac Fábrega, César A. Quintero, Publio Vásquez, Eloy Benedetti y Víctor de León. Este último, aunque era el Procurador General de la Nación, igual que yo llegaba a la universidad en las “chivitas del Hospital”, así llamadas por la ruta que recorrían y eran el equivalente a las “chivas gallineras” del interior. Otro profesor inolvidable fue Rubén Darío Carles, el gran Chinchorro, que enseñaba Economía. Sus clases las dictaba en el Auditorio José Dolores Moscote, a las que también asistían estudiantes de otras facultades. Las lecciones de Chinchorro eran un espectáculo, casi una función de teatro. Nos hacía exámenes de cultura general y analizaba luego públicamente las respuestas. Su larga vida, dedicada a la defensa de Panamá, hizo que mantuviéramos nuestra amistad y que fuera permanente el cariño que nos profesábamos. En las reuniones de APEDE siempre en su mesa había una silla reservada para mí.
Pasó el tiempo, me gradué con honores y me correspondió dar el discurso de graduación. Luego de la ceremonia mi padre hizo un brindis en nuestra casa e invitó a mis profesores y a sus grandes amigos, entre ellos al Dr. Ricardo J. Alfaro y a don Samuel Lewis Arango. Aproveché el momento para entregar a mi padre mi diploma y las medallas que había ganado diciéndole que ese diploma y esas medallas los había ganado para él porque él siempre había sido mi inspiración. Mi padre, un gran jurista, solo había cursado hasta el 6º Grado de primaria; su título de abogado se lo otorgó la Corte Suprema de Justicia en 1923. Él solía decirme: “Mi escuela fue el trabajo y mi universidad la vida”. En memoria suya nuestra firma estableció en el año 2000 la Beca Eduardo Morgan para estudiantes de derecho con buenas notas y pocos recursos económicos. Los estudiantes son escogidos por las autoridades universitarias y las becas se otorgan a aquellos a los que les falten dos años para graduarse a fin de que puedan dedicarse tiempo completo a sus estudios. Hasta la fecha 17 estudiantes han sido beneficiados con esta beca.
El primer puesto me otorgó una beca para estudiar el post grado y además, recibí, a través de la embajada de Estados Unidos, otra magnifica beca para seguir estudios en la prestigiosa Universidad de Yale. El año antes de ingresar a Yale trabajé de abogado y me fue muy bien. Si no hubiera sido por Diana, mi esposa, me hubiera quedado en Panamá, ganando buen dinero. Nos fuimos juntos a los Estados Unidos y allí nació mi primer hijo, Eduardo Enrique. Hoy tenemos 53 años de casados y dos hijos estupendos: Eduardo Enrique y Dianita que nos han dado 6 nietos: dos varones y 4 niñas. A Diana le debo el éxito que he tenido en mi vida pues ha sido una compañera maravillosa. Otro factor importante ha sido mi hermano, Juan David. Hemos sido inseparables. Juan David, además de abogado y escritor es un gran ejecutivo. No solo ha convertido a Morgan y Morgan en una organización importante sino que ha sido uno de los motores detrás del Museo del Canal y ha contribuido a que la Ciudad del Saber sea lo que es hoy. Los amigos que tiene, que son muchos, conocen sus dotes de guitarrista, cantante y golfista y además es miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua.
Durante mi estadía en la universidad de Yale, tuve acceso a los anaqueles de su famosa biblioteca y aproveché para estudiar todo lo relacionado con Panamá. Si algo caracteriza a los EE.UU. es su transparencia, sus extraordinarias bibliotecas y sus Archivos Nacionales donde queda constancia escrita de todo lo que hace el gobierno, lo que usualmente con el transcurso del tiempo se torna de dominio público. Me interesaba escribir una tesis sobre las relaciones de Estados Unidos y Panamá en torno al Canal, la Zona y las bases militares. Conocí de primera mano la perfidia de Bunau-Varilla y de John Hay al apresurar la firma del tratado en horas de la noche y en casa de este último para burlar a los plenipotenciarios panameños que viajaban a Washington precisamente a negociar el tratado. También cambiaron los términos del Herrán–Hay para hacerlo más gravoso a Panamá como, por ejemplo, convertir los 5 kilómetros de la Zona en 5 millas. Pero tal vez la peor maldad de Bunau-Varilla fue la carta que remitió al Senado en la cual, so pretexto de interpretar el tratado, nos privó de los puertos y convirtió las ciudades de Panamá y Colón en guetos. Bunau-Varilla interpretó que los puertos que el tratado reservaba a Panamá eran los del mercado público y el muelle Fiscal; y en Colón hizo otro tanto. Según él, las ciudades de Panamá y Colón comprendían solo lo ya construido, o sea, las edificaciones existentes. Así ambas ciudades quedaron encerradas por la Zona del Canal. De esta manera Panamá quedó sin acceso al mar y sin posibilidades de establecer la comunicación interoceánica por otra parte del Istmo pues el tratado le daba a EE.UU. el monopolio de la comunicación interoceánica. Pero la infamia con Panamá no terminó aquí. En los anales del Departamento de Defensa encontré una nota dirigida años más tarde a los Departamentos de Estado y del Tesoro pidiendo que se evitara que Panamá pudiera obtener un empréstito para construir una carretera o un ferrocarril entre las ciudades de Panamá y David porque, (y copio del texto original) “para la defensa del Canal a EE.UU. no le conviene que Panamá tenga buenas vías de comunicación”. Esto ocurrió en 1911, tiempos durante los cuales aún para viajar a La Chorrera había que ir por mar.
Es ejemplarizante ver como la lucha de las sucesivas generaciones fraguaron el carácter del panameño que nunca se acobardó ante el imperio y que de los reclamos de mejores condiciones pasó a la acción. (A los que quieran profundizar sobre esta época de nuestra historia les recomiendo la lectura de los libros Price Possesion, del profesor Inglés John Major, y The Canal Builders de Julie Greene, profesora de historia de la Universidad de Maryland).
En la última etapa de la lucha por la soberanía hay dos fechas claves: el 9 de enero de 1964 y el 7 de septiembre de 1977. Nada tengo que añadir a la gesta de nuestros mártires de enero y del presidente Chiari. Ellos fueron el abono que hizo fructificar la independencia. En cambio, el 7 de septiembre de 1977, fecha en que culminó el alpinismo generacional, todavía levanta protestas por parte de aquellos que quieren amalgamar lo ocurrido el 11 de octubre de 1968 con la dictadura corrupta que estableció años después el general Noriega. La historia de los pueblos debe ser contada como pasó y no tratar de cambiarla para satisfacer intereses que siempre terminan siendo pasajeros. Les relato una experiencia cuando fui embajador en Estados Unidos en 1996. En el despacho del embajador hay un hermoso recuadro con los nombres de todos los embajadores que han ocupado la embajada de Panamá en Washington. Me extrañó que no apareciera el nombre de Philippe Bunau-Varilla, nuestro lamentable primer embajador. La explicación que me dieron es que solamente incluían a los “panameños” y que Bunau-Varilla era francés. Yo ordené que fuera agregado porque la historia no puede ignorar la realidad y es ridículo engañarse, tal cual hacían los soviéticos que eliminaban las fotos de los que habían caído en desgracia como si nunca hubieran sido parte de la historia.
Es cierto que la acción del Presidente Arias en 1968 al desconocer el acuerdo de respetar el escalafón de los mandos castrenses, acuerdo que había tenido como testigos a la alta jerarquía de la Iglesia Católica y a aliados políticos importantes, fue el detonante que determinó que el golpe de Estado ocurriera el 11 de octubre. Pero también es cierto que este tenía ya varios meses de estarse fraguando. Las razones eran muchas: corrupción, falta de garantías electorales y de una verdadera democracia, las barreras que impedían la consolidación de una clase media que fuera el equilibrio necesario a los grupos económicamente dominantes y la imperiosa necesidad de resolver de una vez por todas el tema del Canal. Recuérdese que los tratados negociados por el gobierno del presidente Marco A. Robles, los llamados “Tres en uno”, acababan de fracasar ante la oposición política que se levantó contra los mismos. El liderazgo lo asumieron desde temprano el entonces teniente coronel Omar Torrijos Herrera y sus compañeros de armas, con el apoyo de un grupo de civiles entre los cuales me encontraba yo. Hay que recordar que en aquellos días la única institución verdaderamente organizada del Estado era la Guardia Nacional, entonces bajo la jefatura del general Bolívar Vallarino, que se había esmerado en consolidar una institución que sirviera al país. El gobierno de Torrijos actuó con independencia de los grupos políticos existentes, y si algo lo caracterizó fue el talento del cual se rodeó. Contó con colaboradores de la talla de Reina Torres de Araúz, Luis H. Moreno, Juan Antonio Tack, Nicolás Ardito Barletta, José Antonio de la Ossa, José Isabel Blandón, Nilson Espino, Marcela Camargo, Ricardo de la Espriella, Samuel y Gabriel Lewis Galindo, Rodrigo González, Gustavo García de Paredes, Rómulo Escobar Betancourt, Aristides Royo, Ricardo J. Alfaro, Edwin Fábrega, Roberto Alemán Zubieta, Ernesto Pérez Balladares, Omar Jaén Suarez, Nicolás González Revilla, Gerardo González, Mario de Diego, Adolfo Ahumada, Juan Materno Vásquez y Ricardo Rodríguez entre tantos otros. De ese cúmulo de talentos nació el Centro Financiero, los nuevos Códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y encabezado, por el Dr. Ricardo J. Alfaro, la reforma electoral; el desarrollo energético y otras instituciones que le dieron una nueva cara al país. Pero su obra cumbre fue, por supuesto, la negociación y firma de los Tratados Torrijos–Carter que no solo nos devolvieron el Canal, su zona y la posición geográfica sino que nos convirtieron en un país verdaderamente independiente al eliminar la oprobiosa colonia clavada a perpetuidad en la mitad de nuestro territorio y las bases militares que ocupaban las áreas más valiosas de la zona de tránsito. (Recomiendo la lectura de la magnífica obra de Omar Jaén Suárez sobre los Tratados). Casi todos los panameños, de una u otra forma, colaboraron en esa titánica lucha. Desde un principio Torrijos se fijó el año 2000 como la meta para lograr la independencia total y la devolución del Canal. Hoy me doy cuenta de que él planeó una verdadera guerra diplomática contra EE.UU. y que sus armas para ganarla no podían ser otras que la dignidad, la moral y el apoyo del resto del mundo para sitiar al gran imperio y obligarlo a ceder. Luego de lograr el respaldo de su pueblo, obtuvo el apoyo de los presidentes demócratas de América Latina (Carlos Andrés Pérez, Alfonso López Michelsen, Daniel Oduber) y de allí se volcó a obtener el apoyo del resto de las Américas y del Caribe. La sorpresiva apertura de las relaciones con Cuba, país proscrito por la OEA y por los Estados Unidos, fue una de las llaves que le permitió neutralizar a los grupos de izquierda y consolidar el acceso a los países del Tercer Mundo y a los no alineados. Recibió la visita en Panamá del legendario Mariscal Tito, con quién trabó una genuina amistad. En su periplo por el mundo entero, su sinceridad, determinante de su gran carisma, y la vehemencia con que planteó su lucha le valieron el apoyo de los países europeos y de los países árabes. Logró sobrepasar las barreras de la enemistad de judíos y palestinos y obtuvo el apoyo de ambos. La labor de la comunidad hebrea de Panamá fue invaluable para conseguir el apoyo de Israel y de la influyente comunidad hebrea de EE.UU. Monseñor McGrath puso toda su influencia para que la Iglesia Católica norteamericana apoyase a Panamá, y se consiguió, incluso que el famoso actor de cine John Wayne, miembro conspicuo del partido republicano, nos apoyara para tratar de contrarrestar los ataques de Ronald Reagan contra la devolución del Canal. No nos olvidemos de que el eslogan del futuro presidente de los Estados Unidos era “Lo construimos, lo pagamos, es nuestro y nos vamos a quedar con él”.
En el mundo coexistían entonces dos imperios: El imperio bueno: Estados Unidos, y el imperio malo: la Unión Soviética. Torrijos logró convencer a los Estados Unidos, apoyado por el mundo entero, de que no podía seguir considerándose el imperio bueno si persistía en mantener una situación evidentemente injusta en Panamá. Jimmy Carter, un ser humano muy especial y de una gran fibra moral, llegó a la presidencia de EE.UU., se convenció de que la razón asistía a Panamá y estableció una excelente relación con Torrijos. Fue el elemento clave para hacerle justicia a nuestra causa.
Torrijos complementaba sus planteamientos morales con la amenaza de paralizar el Canal. No ocultaba que de ser necesario su generación estaría dispuesta a sacrificar la vida para que la situación de oprobio no continuara, sacrificio que él estaba dispuesto a liderar. Es muy conocida la anécdota de su viaje en helicóptero sobre el canal con el general Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto del ejército norteamericano. Después de enseñarle puntos vulnerables del Canal como objetivo de posible sabotaje, Torrijos le preguntó a Brown: “General, ¿qué es más importante para ustedes: ser los dueños del Canal o poder usarlo? Panamá les garantiza su uso”. Posteriormente, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un senador le preguntaría a Brown “¿Y es que no podemos defender el Canal de los panameños?” Y Brown respondió: “Por supuesto, pero denme 100.000 soldados”.
El 7 de septiembre de 1977 terminó la guerra con la que Panamá liberó el territorio ocupado y el 31 de diciembre de 1999 se recuperó el Canal. La paz con los Estados Unidos se firmó, en la sede de la OEA, en Washington, teniendo como testigos a los presidentes de toda América o sus representantes.
La epopeya de Panamá para lograr su independencia total, determinará que la figura Omar Torrijos ocupe algún día el mismo sitial que ocupan Bolívar, en Venezuela, Sucre, en Ecuador, San Martín, en Chile, Martí, en Cuba, Morelos, en México. Estos empuñaron las armas para derrotar a un Imperio español en decadencia; Torrijos empleó la única arma que podía vencer al imperio más poderoso que recuerde la historia: la moral y el apoyo del resto del mundo.
No puedo dejar de referirme a un tema recurrente en nuestro medio: el Tratado de Neutralidad, cuyo nombre completo, con el que fue firmado por Carter y Torrijos, es “Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá”.
Para interpretarlo cabalmente, hay que tener presente lo que establece el primer párrafo de su Artículo I: La “República de Panamá declara que el Canal en cuanto vía acuática de tránsito internacional será permanentemente neutral conforme al régimen estipulado en este tratado”.
Esto quiere decir que se reitera la premisa que rigió en nuestro istmo desde que se construyó la vía acuática: el Canal es una servidumbre de paso abierta a la navegación de todos los países, ubicada en el Istmo de Panamá, que fue administrada por EE.UU. hasta el año 2000 y desde entonces es responsabilidad del dueño del territorio donde está situada, la República de Panamá.
Este tratado está muy por encima de un simple tratado de defensa. Fue la llave que permitió al Presidente Carter que el Senado aprobara por la diferencia mínima de un voto el traspaso del Canal a Panamá, la eliminación de la Zona del Canal y la retirada de las bases militares. Su discusión rompió récord como el tratado más discutido por esa alta cámara. La oposición política, liderada por Ronald Reagan, consiguió que lo adversara un porcentaje importante de la opinión pública y que muchos de los senadores que lo apoyaron, al igual que el Presidente Carter, no fueran reelegidos en sus cargos.
Omar Torrijos afirmó sin ambages, “Estamos bajo el paraguas defensivo del Pentágono” y añadió, “con este tratado, el ejército más poderoso del mundo no es que tenga el derecho sino la obligación de defendernos”. De esta forma “no tendremos que emplear los recursos que nos dará el Canal en tanques y aviones de combate sino en tractores para nuestros campesinos y en más escuelas para nuestro pueblo”.
Pero el tratado de neutralidad va mucho más allá: Panamá se obliga a operar el Canal como un buen padre de familia para que “este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad y, agrega la enmienda o aclaración al artículo VI …” si el Canal fuere cerrado o se interfiriera con su funcionamiento, la República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno tendrá, independientemente, el derecho de tomar las medidas que cada uno considere necesarias, de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá, para abrir el Canal o reanudar las operaciones del Canal, según fuere el caso.”
Este artículo determina que no puede haber huelga en el Canal o ninguna acción que lo paralice, sea de sus trabajadores o de terceros. De ocurrir, EE.UU. podrá mandar su ejército a ocupar el Canal y abrirlo nuevamente a la navegación. Y este es un riesgo que no puede correr el país. La ley que rige la Autoridad del Canal así lo previó al prohibir taxativamente “la huelga, el trabajo a desgano y cualquier otra suspensión injustificada de labores”. Como siempre es mejor prevenir que lamentar; sería prudente que se legislara estableciendo penas ejemplares a los que pretendan llevar a cabo la paralización del Canal. No podemos arriesgarnos a perder nuestra independencia y nuestra riqueza por la irresponsabilidad de unos cuantos.
No puedo terminar este discurso sin mencionar el legado que nos deja el liderazgo y administración del actual Rector de la Universidad de Panamá. Se han creado durante su gestión cuatro nuevas facultades: Ingeniería, Psicología, Informática, Electrónica, Comunicación y Medicina Veterinaria, y hoy son 19 las que se ofrecen al estudiantado. Se han desarrollado tres nuevos centros regionales en: Bocas del Toro, Chepo y Darién. Además se establecieron dos nuevas extensiones universitarias en Aguadulce y Soná para cubrir la demanda estudiantil y evitar así la migración hacia otras ciudades. Se instituyeron más de 30 programas anexos, entre los que destacan los de Unión Chocó y Sambú, en la Comarca Emberá Wounaan; Garachiné y Yaviza, en el sector afrodescendiente del Darién; en Ocú, Las Tablas, Isla Colón, Chiriquí Grande, Kankintú, Kusapín, El Valle de Antón, Olá, Churuquita Chiquita, San Miguel Centro, El Copé, Nombre de Dios, Río Indio, Portobelo, Tonosí, Macaracas, Tortí, Arraiján, Chame, San Carlos, Sitio Prado, Cerro Puerco, Guabal, Cartí, Nargará y Ustupu. La universidad cuenta hoy con 21 Centros de Investigación, siete Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento fuera del Campus Central, concebidos para impulsar la investigación pertinente que ayude al progreso de la región donde están instalados.
Como se puede apreciar la obra del Dr. Gustavo García de Paredes en la Universidad de Panamá ha determinado que la Primera Casa de Estudios Superiores del país tenga presencia a todo lo largo y ancho del territorio nacional, apoyando las áreas más urgidas de desarrollo. La universidad que nació nocturna todavía sigue ofreciendo cursos en ese horario para que los panameños de estratos más humildes puedan estudiar de manera casi gratuita, desde Cabo Tiburón hasta Punta Burica. Desde que inició la Universidad en 1935 en los salones del Instituto Nacional se han graduado alrededor de doscientos setenta mil estudiantes y actualmente se cuenta con una matrícula de aproximadamente cincuenta y ocho mil.
La labor desarrollada por el rector García de Paredes, unida a la de aquellos que le precedieron en el ejercicio del cargo, ha venido a hacer realidad el anhelo de su primer rector Octavio Mendez Pereira, cuando hace exactamente 80 años, en su discurso inaugural, expresó: “Esta modesta Universidad Nacional ofrecerá a todos los panameños igualdad de oportunidades en la cultura superior y suprimirá de un solo tajo la restricción de esa cultura para el pueblo, considerada hasta aquí como un privilegio de los ricos o de los favorecidos por la suerte”.
Muchas gracias
ENTE SUPRANACIONAL
por Álvaro Tomas
Publicado en diario La Prensa
Septiembre 4, 2015
Dos artículos publicados recientemente en El País de España, escritos por un profesor estadounidense ganador del premio Nobel de Economía (Joseph Stiglitz) y un profesor de Columbia University (J.A. Ocampo), no deben pasar desapercibidos para aquellos que defendemos el derecho de Panamá a mantener su plataforma de servicios legales, financieros y su sistema fiscal territorial. Ambos columnistas describen el afán y la arrogancia con que ese club de países ricos, denominado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quiere apoderarse del sistema fiscal global sin importar el derecho internacional público y la soberanía de los países.
Ocampo, en su artículo del 13 de agosto de 2015, titulado: “Una derrota para la cooperación fiscal internacional”, denuncia fúnebremente: “Es decepcionante que los países desarrollados hayan impedido la creación de un organismo tributario intergubernamental”. Esto se debe a que en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Addis Abeba, Etiopía, realizada hace escasos meses, los países desarrollados, liderados por Estados Unidos (EU) y el Reino Unido y, sin duda, abanicados por Pascal Saint-Amans (jefe de impuestos de la OCDE y enemigo de Panamá), se opusieron a la creación de un organismo tributario intergubernamental dentro de la ONU –donde sus más de 190 miembros tienen voz y voto– e insistieron en que la cooperación fiscal tenga lugar exclusivamente bajo dirección de la OCDE.
Ya sabemos que esta organización está inmersa en una campaña contra los países más pequeños que compiten por inversiones extranjeras, ofreciendo regímenes fiscales atractivos y los culpa de su incapacidad gubernamental y de su mala gestión tributaria. Dicha organización se da golpes de pecho, a pesar de que en su membresía hay países como Irlanda, Luxemburgo y Estados Unidos (Delaware) que tienen regímenes fiscales especiales sumamente competitivos y que también buscan atraer inversiones a sus territorios. Pero la OCDE no es un organismo creado con fines y objetivos para ayudar a los países que –producto de la globalización que sus miembros promovieron– nos vemos sumergidos en una competencia feroz por inversión extranjera, para que nuestras poblaciones puedan trabajar y avanzar social y económicamente hacia el desarrollo.
Como dice Ocampo, “la OCDE no alcanza a ser un auténtico foro intergubernamental con representatividad global”. Claro que no, son los niños malcriados que no han sabido balancear su chequera y echan balones afuera culpando a todos menos a su marcada incompetencia gubernamental, sus impuestos exagerados, su estado de bienestar insostenible y mala gestión fiscal.
Stiglitz, en su artículo “Estados Unidos es el obstáculo”, de 29 de agosto de este año, establece que EU y otros países desarrollados han presionado a favor de una serie de cambios recomendados por la OCDE, que son inadecuados y que van en contra de los mismos países en desarrollo que se comprometieron a ayudar mediante un aporte del 0.7% de su producto interno bruto (PIB). EU con un mínimo aporte 0.19% de su PIB, en el 2014, se quedó muy lejos y debería estar avergonzado de que cinco países europeos (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Reino Unido) sí cumplieron con lo estipulado en la Primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Internacional, celebrada en Monterrey, México, en 2002. Por supuesto que en esa lista no figura Francia, cuna del altanero de Saint-Amans y sede de la OCDE. Aquí aplica el dicho “en casa de herrero cuchillo de palo”.
Stiglitz comenta, lapidariamente, sobre esta hipocresía: “Las nuevas realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor peso. EU impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la historia”.
Y allí radica el verdadero peligro de los burócratas que lideran la OCDE: que desde sus oficinas parisinas, entre caracoles y vinos finos, quieren convertirse en un ente supranacional que rija el ordenamiento fiscal global, sin haber tenido su génesis en el derecho internacional público. Panamá debe alzar su voz, junto a los otros países a los que le fue negado el derecho de que la ONU sea uno de los foros, junto a la Organización Mundial de Comercio, para determinar qué reglas debe seguir la fiscalidad y el comercio mundial.
Les compartimos entrevista realizada al Dr. Eduardo Morgan G. respecto a su vida, su trayectoria y por supuesto; temas afines con el Canal de Panamá:
httpss://www.youtube.com/watch?v=CODFIGqANYo
Por Alvaro Tomas
Agosto 2015
Resulta que Argentina se opuso vehementemente a que Panamá pasara a la segunda fase del Foro Global de la OCDE, y, a pesar de los grandes esfuerzos que realizaron la empresa privada y el gobierno para pasar un paquete de leyes que recalcaran el compromiso de nuestro país con la transparencia que exige el mundo moderno, nos mantendrán por un período más en la lista gris. Por ser miembro del grupo denominado G-20, otro foro de países poderosos creado por la OCDE, Argentina tuvo el peso necesario para afectar a Panamá. Recuerden que estamos enfrascados con los argentinos en un pleito ante la OMC que, tenemos entendido, les ganamos por que el gobierno de Cristina Kirchner quebró reglas del organismo al discriminar importaciones de bienes y servicios panameños. Esto fue, ni más ni menos, un pase de factura. Acabo de cambiar mi posición personal sobre el verdadero dueño de Las Malvinas. Anda maestro…que The Falklands son inglesas.
El doble estándar de los Estados Unidos y sus adláteres europeos, miembros de ese club de yeyés denominado la OCDE, no deja de sorprenderme. Un artículo publicado el 11 de agosto de este año en The Guardian, de Juliette Garside, titulado Google’s Alphabet restructure could get boost from Delaware tax loophole, detalla claramente las ventajas fiscales para empresas multinacionales como Google en constituirse como una sociedad de Delaware. Más de 1 millón de sociedades se encuentran registradas en la dirección 2711 Centerville Road en Wilmington, Delaware. Empresas gigantescas como Google, Toys R Us y Kmart han decidido establecerse en ese estado por una razón: la ventaja fiscal que les trae a sus arcas hacerlo. Así de sencillo.
El código fiscal de Delaware, entre otras ventajas fiscales, en su sección 1902 (b) (8) exime de cualquier tipo de impuestos a las empresas cuyas actividades sean destinadas “al mantenimiento y a la administración de sus inversiones intangibles…y el recaudo y distribución de ingresos producto del uso de esos intangibles o de propiedades tangibles localizadas fuera de este estado”. El periodista acota: “Esencialmente, compañías sin operaciones en Delaware no pagan impuestos allí”. Mi pregunta es: en qué se diferencia eso de Panamá? Por qué sí es fácil y aceptable establecer empresas que no operen en Delaware para pagar menos impuestos y no en Panamá? Dónde está Gurría y Saint-Amans de la OCDE? Mi abuela decía: “el que paga la orquesta manda en la fiesta” y decirle algo a los nortemaericanos es inaceptable pues se les acaba la vida de burócratas en limosinas, corbatas Hermes, restaurantes finos y oficinas refrigeradas.
Cómo funciona este mecanismo denominado el “Delaware Loophole”? Sencillamente, la compañía de Delaware se hace dueña de la propiedad intelectual de todo su grupo y las subsidiarias tienen que pagarle regalías que no son gravadas en Delaware y se consideran gastos deducibles para las subsidiaras. Esto se llama ofrecer una ventaja competitiva para atraer inversiones y empleos a Delaware. Por qué Panamá no las puede tener y sí un estado con 900 mil habitantes en los Estados Unidos?
Ver:https://www.theguardian.com/technology/2015/aug/11/google-alphabet-delaware-tax-loophole
por Álvaro Tomas
La Prensa
Agosto 7, 2015
DERECHO INTERNACIONAL
El presidente de la República, Juan Carlos Varela; la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; y su vicecanciller, Luis Hincapié, manifestaron de forma enérgica e inequívoca su desacuerdo con la última ofensa de la Unión Europea hacia Panamá: listarnos como paraíso fiscal a pesar de que tenemos tratados de doble tributación firmados con muchos de los países más importantes de esa unión.
La posición de las autoridades es una clara muestra de dignidad y orgullo nacional, y le recuerda al viejo continente que Panamá no será atropellada por naciones más ricas y poderosas. Solo dos países europeos se atrevieron, y por eso estamos agradecidos, a decir que Panamá no es un paraíso fiscal: el Reino de España y el Reino de Países Bajos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de países ricos y malcriados, no deja de intentar figurar y de ganar más poder. Recientemente, en Addis Abeba, Etiopía, se celebró una conferencia de las Naciones Unidas cuyo propósito era incentivar el financiamiento para el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, la OCDE trató de hacer una movida contraria al derecho internacional como publicó, el pasado 14 de julio, Phillip Inman de The Guardian, en su artículo “Rich countries accused of failing effort to give poorer nations a voice on tax”. Dicha nota periodística destaca cómo Estados Unidos y el Reino Unido, junto a sus adláteres europeos, trataron de secuestrar la conferencia e imponer una limitante a la participación de las Naciones Unidas en materia fiscal, argumentando que la OCDE estaba tomando el liderazgo en asuntos fiscales.
En otras palabras, ahora la OCDE –que no nace de un tratado internacional y que excluye a los países menos desarrollados– quiere prohibir que las Naciones Unidas y todos sus miembros puedan discutir asuntos e iniciativas fiscales que afectan al comercio mundial. Pronto JoséÁngel Gurría y Pascal Saint-Amans, líderes de la OCDE, se declararán superhéroes y salvadores del mundo civilizado.
En este sentido, Panamá no debe bajar la guardia. Veamos cómo Las Bahamas, una jurisdicción cuyo producto interno bruto depende también de la industria de servicios financieros, ha defendido su derecho a no adherirse a la convención multilateral de la OCDE. El gobierno de dicho archipiélago ha declarado que su estrategia consistirá en firmar acuerdos bilaterales únicamente con países que sean socios apropiados. Es decir, con los que le represente un verdadero beneficio intercambiar información. Panamá debe pronunciarse con igual vehemencia ante los ataques de la OCDE, que, como bien se desprende de los párrafos anteriores, desea convertirse en un organismo privado supranacional.
Nuestra nación tiene los mecanismos legítimos que otorga el derecho internacional público para defenderse ante los embates de este cartel de países ricos. Por ejemplo, aplicar la ley de retorsión y/o elevar la queja a la Organización Mundial de Comercio (OMC, verdadero organismo internacional que agrupa a la mayoría de los países del mundo), bajo el Acuerdo General de Intercambio en Servicios. No cabe la menor duda de que existe suficiente base legal y jurisprudencia para que Panamá monte una defensa ante las sanciones que puedan imponer los países de dicho organismo.
Nos hemos enterado de que son seis países y territorios los que se oponen a que Panamá pase a la siguiente fase del Grupo de Acción Financiera Internacional, y esto es después de que hemos pasado una serie de leyes (Ley 23 de 27 de abril de 2015, por ejemplo), para cumplir con lo que piden en materia de blanqueo de capitales. Estos son: Argentina (al que estamos por ganarle una demanda ante la OMC), Jersey y Guernsey (ambos territorios ingleses, cuyos servicios financieros compiten con Panamá), Bélgica, Grecia (que sabemos está quebrado y es miembro de la OCDE) y, sorprendentemente, Costa Rica (la tierra de los casinos y juegos de azar por internet), nuestros “hermanos” centroamericanos cuyo déficit fiscal se lo querrán achacar a Panamá y no a su incapacidad legislativa de pasar una cacareada y necesaria reforma fiscal en los últimos años. Mae, esa se las serviremos en plato frío.
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