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Artículo sobre drogas – Una lucha desigual

Actualidad A propósito de las bases aeronavales y el combate al Narcotráfico

Eduardo Morgan Jr.

Diciembre, 2009

Ante el fracaso que enfrentan en su guerra interna, los estrategas de esa guerra cometen el error de tratar de ganarla primordialmente fuera de sus fronteras intensificando el objetivo triple de la erradicación de los cultivos, la destrucción de la infraestructura del transporte de las drogas ilícitas, y la ubicación y confiscación de las ganancias mal habidas.

En mi libro Memorias de una Embajada (1998) abordé el problema del narcotráfico. En ese tiempo el gobierno norteamericano lo consideraba prioritario, y lo utilizaba para imponer condiciones y controles a los países productores de cocaína y a otros que, como Panamá, son países de tránsito. Con los parámetros de su abominable “Certificación” calificaban la cooperación; una mala nota acarreaba sanciones morales y económicas.

Creo oportuno reproducir lo que escribí hace 11 años, porque el tema sigue vigente y ha recrudecido como fuente de conflictos en países hermanos de Sur América y México. Llamo la atención sobre el hecho de que en la década del 90 en Panamá se incautaba un promedio anual de ocho toneladas de cocaína mientras que actualmente se incautan alrededor de 50. Con relación a las publicitadas bases aeronavales en nuestras costas, me preocupa que no solo sean semilla para la militarización de nuestra Fuerza Pública, sino un drenaje en nuestro presupuesto. Los helicópteros y lanchas patrulleras son costosos y su mantenimiento, escandalosamente alto. No hay forma humana que permita sellar los 2400 kilómetros de costas aunque nos gastemos el total de los ingresos del Canal. Si hemos logrado interceptar tanta droga con los recursos actuales, ha sido por la estrecha colaboración de la DEA y del servicio de guarda costas norteamericano, con la fuerza pública panameña.

Nuestras bases no harán más. Recuerdo que en 1997 el general Barry McCaffrey, Zar de la droga y antiguo jefe del Comando Sur nos dijo que ellos no necesitaban el CMA; que no había nada que se moviera en el continente, por aire o por mar, que ellos no detectaran con sus radares en Texas, y que el CMA, solo les ahorraba 2 horas de vuelo. Hoy en día su capacidad de detección es infinitamente mayor como lo prueban las cifras de cocaína interceptada en Panamá. A continuación transcribo el “Comentario final” antes citado:
“El tema sobre la certificación quedaría inconcluso sin un comentario final que contenga mi apreciación personal sobre el problema del narcotráfico vis a vis América Latina y Estados Unidos. Estas apreciaciones se sustentan en el profundo estudio de su política, tanto en lo interno como en lo internacional, en relación al problema de la droga, estudio que tuve que efectuar cuando me preparaba para enfrentar con conocimiento de causa las infundadas acusaciones que sistemáticamente se nos lanzaban en los informes que publica el Buró de Asuntos Relacionados con Narcóticos y Orden Público Internacional.
El consumo de drogas es endémico en nuestros países y nadie escapa totalmente de él y de sus consecuencias negativas para la sociedad.
El narcotráfico se convirtió en un grave problema de seguridad nacional para Estados Unidos con motivo del aumento desmesurado de la drogadicción, fruto de los trastornos que les trajo la desdichada guerra de Vietnam, sobre todo por el desorbitado consumo de la cocaína, que se convirtió en la droga de moda, y las consecuencias nefastas que su adicción produjo sobre la salud de la población y la creciente criminalidad y violencia ciudadanas.

Es indudable que los proveedores internacionales de marihuana para el mercado norteamericano, que hoy ya se abastece casi en su totalidad de la producción local, al mermar sus ventas encontraron un negocio mucho más lucrativo en la cocaína. Su mayor costo de elaboración en comparación con la marihuana se veía más que compensado por su altísimo precio y la mayor economía en su transporte.

Al igual que con la marihuana, existían en el continente americano miles de hectáreas sembradas de coca, debido a que esta planta, en su estado natural, es utilizada desde tiempos inmemoriales en algunos países suramericanos por la población autóctona y una buena parte de su producción se utiliza de forma legal para producir cocaína con fines medicinales.
Es innegable que el crecimiento inusitado en el tráfico internacional de cocaína se debió a la gran demanda que por esta droga se creó en Estados Unidos. El poder adquisitivo de ese país es tan grande que, como dice el General McCaffrey: “Los adictos norteamericanos tienen enormes cantidades de ingresos sobrantes” que les permite disponer de unos $350.00 semanales para gastárselos en crack. (1)

Alcanzada la categoría de problema de Seguridad Nacional, la guerra contra las drogas ilícitas y el narcotráfico internacional se centra hoy en el Buró de Asuntos Relacionados con Narcóticos, la implantación en 1986 de la “Certificación” presidencial a terceros países y la creación de la oficina del “Zar de la Droga”, con el rango de Ministro del Gabinete, en 1988.
Con la “Certificación” presidencial obligatoria al Congreso se busca detener la producción de las drogas ilícitas en su fuente y el énfasis se dirige a lograr la erradicación de los cultivos (de coca, principalmente, pero también incluyen los de marihuana y amapolas) frenar el transporte y secuestrar los dineros que genera el narcotráfico internacional. Enla oficina del “Zar de la Droga”, el énfasis se pone en lograr el control y reducción de la demanda interna norteamericana mediante ambiciosos programas que abarcan desde la educación preventiva en las escuelas hasta la desintoxicación de los adultos ya adictos.
Según el último informe que publicó la oficina del “Zar de la Droga”, titulado “La Estrategia Nacional para el Control de la Droga”, el presupuesto total de la guerra contra las drogas asciende, para 1998, a $16 billones, de los cuales sólo $214 millones, menos del 2%, se dedican a la lucha en el extranjero. (2)
Es evidente que Estados Unidos no puede, dentro de su concepción del respeto a los derechos civiles de sus ciudadanos, ganar esta guerra contra las drogas en su frente interno. Es obvio que nadie espera que lleguen al extremo de Singapur y otros países asiáticos, en donde la posesión de drogas se castiga con la pena de muerte, medida drástica pero, que, sin la menor duda, determina que esos países tengan un índice bajísimo de consumo. Pero es el caso que Estados Unidos ni siquiera es capaz de imponer un escarmiento a las personas consumidoras, que en el deporte, el teatro o el espectáculo en general, por su imagen popular sirven de ejemplo a su juventud, no ya aplicándoles la pena de muerte, pero por lo menos desterrándolos del deporte, de las pantallas de televisión o de los espectáculos públicos. ¿Quién no recuerda las imágenes televisivas de los famosos festivales de música de rock al aire libre y a la concurrencia usando drogas impunemente?
Ante el fracaso que enfrentan en su guerra interna, los estrategas de esa guerra cometen el error de tratar de ganarla primordialmente fuera de sus fronteras intensificando el objetivo triple de la erradicación de los cultivos, la destrucción de la infraestructura del transporte de las drogas ilícitas, y la ubicación y confiscación de las ganancias mal habidas.
Pero además de que no quieren aceptar el principio económico de que mientras exista una gran demanda, un lucrativo mercado, y grandes beneficios, les será imposible acabar con la oferta, Estados Unidos ha puesto el peso de la carga económica que representa esa guerra imposible sobre los países productores y de tránsito.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Panamá. Nosotros no somos un país productor, pero nuestra cercanía a Colombia, nuestros 2.400 kilómetros de costas en el Atlántico y el Pacífico, y nuestra abierta y tradicional economía de servicios y de centro de distribución de productos, nos convierte en un país atractivo para el acopio de la droga y para el reembarque de la misma por las siempre cambiantes rutas que la llevan al ávido mercado de Estados Unidos.
En los últimos años las autoridades panameñas han incautado un promedio de 8 toneladas de cocaína por año y tanto nuestro sistema bancario como nuestra Zona Libre de Colón, se han visto en la necesidad de establecer estrictos controles, que si bien ayudan a evitar que sean utilizadas para lavar dineros producto del narcotráfico, también les dificultan la realización de negocios lícitos normales.
Es conveniente preguntarse ¿cuánto le cuesta a Panamá esta guerra que no ha provocado? ¿Qué porcentaje de nuestra Fuerza Pública está dedicada hoy a rastrear la droga, a fin de evitar que la envíen a Estados Unidos, en lugar de estar trabajando para brindar la seguridad que reclaman los habitantes de Panamá? ¿Cuánto nos gastamos en Salud para tratar el creciente número de los adictos que obtienen una droga barata y abundante que se vende aquí por lo difícil que les hacemos a los traficantes locales, que sirven de intermediarios, sacarla del país hacia su destino final?

Si por cada tonelada de cocaína que interceptamos en Panamá, Estados Unidos se ahorra CIEN MILLONES DE DOLARES, (3) ¿por qué no les exigimos que por lo menos contribuyan con los gastos en los que incurrimos para interceptar esas toneladas de cocaína? Y ¿qué decir del costo de encarcelar y enjuiciar a los narcotraficantes internacionales que capturamos?
Y lo que se dice de Panamá se puede aplicar también a cada uno de los países que hoy se ven prisioneros de la tragedia del narcotráfico motivado por la incontrolable demanda del país más rico de las Américas.
Eduardo Morgan Jr.

Ex Embajador de Panamá en Washington

1 de diciembre de 2009

Nota extraída de: https://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/dia_d-interna.php?story_id=864672&edition_id=20091213#ixzz0Zh6td0Qt
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