Ataque a la soberanía fiscal

Por Andrew F. Quinlan

Publicado en La Prensa

Octubre 21, 2013

Estados Unidos y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) son parte de una campaña hipócrita para castigar a los países con impuestos bajos destinados a atraer capital e impulsar sus economías. Sin embargo, estas mismas políticas son practicadas por miembros de la OCDE. Como estadounidense, frecuentemente soy acusado de ser desleal por parte de funcionarios del Gobierno y otros defensores de la intimidación internacional, por señalar este evidente doble estándar.

Muchos atacan estos países alegando que la baja tributación se utiliza para proteger a “evasores de impuestos”. Este punto de vista supone que los gobiernos tienen primera demanda en toda la producción económica. En realidad, la comunidad offshore ofrece un gran beneficio tanto para las grandes potencias como para la economía global. La misma existe, en otras palabras, no para fomentar la evasión de impuestos, sino para mejorar la eficacia de la formación y distribución del capital.

Además, de acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) los centros offshore tienden a ser “ampliamente comparables o mejores, en promedio, que otros países” al cumplir con los estándares internacionales. La investigación académica muestra, también, que los países mejor regidos tienen más probabilidades de tener éxito en la atracción de capital, ya que los impuestos bajos tienen poco impacto atrayendo inversiones a países mal administrados. Contrario a lo que sugieren los ataques contra las jurisdicciones de baja tributación, se necesita algo más que bajos impuestos para atraer la inversión extranjera; se necesita también normas seguras, un gobierno honesto y la aplicación efectiva de normas y regulaciones.

La especialización en servicios financieros permite un mejor producto a un precio más bajo, y la existencia de inversionistas calificados en la comunidad offshore, que asignan los recursos hacia donde resulten más rentables, ha creado millones de puestos de trabajo y ha hecho el mundo más próspero.

Sin embargo, no todo el mundo aprecia las enormes ventajas que ofrece la competencia fiscal. Algunos políticos simplemente resienten las restricciones externas sobre su capacidad para aplicar sus políticas, o se oponen a la competencia por razones ideológicas. Quieren tener libertad para gravar, gastar y regular más. Y si eso significa una economía más débil, pues que así sea, siempre y cuando todo el mundo esté atrapado en el mismo barco.

La OCDE ha servido como el vehículo de ataque de las grandes naciones en contra de sus competidores. Así, formaron el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, que, con el pretexto de eliminar la evasión fiscal, ha puesto en la mira, injusta e hipócritamente, a las jurisdicciones de bajos impuestos, demandando que se adopten prácticas no competitivas. Lejos de promover la igualdad de condiciones, la OCDE ha servido como un cartel creado con el objetivo de proteger los intereses de sus miembros.

Por ejemplo, el Foro Global inició una “revisión paritaria”, proceso en el que algunos países miembros se reúnen a juzgarse a sí mismos y a otros países miembros. Una opinión desfavorable daba lugar a diversas sanciones económicas. Sin embargo, durante las revisiones se les dio tratamiento especial a algunos países.

Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo, atrayendo más capital extranjero que cualquier otra nación, en parte porque no grava las inversiones extranjeras pasivas o reporta cualquier información que vaya más allá de depósitos básicos – en sí un desarrollo muy reciente – a los gobiernos extranjeros. Estas son buenas políticas económicas y de derechos humanos, pero están en contra de los objetivos declarados por la OCDE. Sin embargo, la revisión por pares de EU no reconoció estas prácticas.

Sin embargo, Estados Unidos ha perseguido la eliminación de prácticas similares en el extranjero. Además de ser quien impulsa el cartel de la OCDE, EU también aprueba unilateralmente leyes como Fatca, norma que exige que toda institución financiera extranjera en el mundo participe en un costoso proceso de identificar e informar sobre cada cliente contribuyente de EU. El resultado ha sido un caos para cumplir una ley que EU reconoce que solo recaudará $800 millones al año – una suma miserable en comparación con su presupuesto de $3 trillones de dólares.

La presión internacional sigue creciendo sobre Panamá y otros, para renunciar a políticas económicas atractivas. Mientras que EU se involucra en el acoso fiscal mediante Fatca, la OCDE está una vez más aplicando sus propias reglas de juego, exigiendo el “intercambio automático de información” como el nuevo “estándar internacional”. Por experiencia sabemos que este es un estándar que los miembros del cartel no tendrán que cumplir. En lugar de ceder a demandas, Panamá y otras jurisdicciones deben seguir exigiendo la igualdad de condiciones. En la década de 2000, Panamá se mantuvo como líder haciendo oposición a la agenda radical de la OCDE. Con burócratas fiscales internacionales de nuevo en busca de imponer su voluntad, sería fácil darse por vencido y aceptar sus demandas siempre cambiantes. Esto sería un error. Los líderes de Panamá deben imponerse y resistir más atentados contra la soberanía fiscal de la nación, o puede que despierten un día y descubran que de esta ya no queda nada.