Por Eduardo Morgan Jr.
Publicado en el diario La Estrella
17-4-2013
La prensa mundial ha circulado con gran prominencia, y de ello también se han hecho eco nuestros medios de comunicación, la noticia de que un grupo de periodistas, con base en Washington, bajo el sonoro nombre de Consorcio de Periodistas Investigativos, ha logrado acceso a dos millones de ‘e-mails’ y otros documentos de las Islas Vírgenes Británicas.
En dichos documentos aparecen millonarios, funcionarios, líderes políticos, dictadores y sus familias, de los cinco continentes. La noticia destaca que el valor de las fortunas escondidas en BVI y otros paraísos fiscales sobrepasa la astronómica suma de 32 trillones de dólares. Lo que no explican los periodistas investigativos es en qué países se encuentran esos trillones. Nadie puede creer que la minúscula BVI o los otros paraísos fiscales puedan albergar en sus bancos o en su economía esa enorme suma. Por la seriedad de la organización que representan, debemos esperar que se continúe con esta investigación para darnos luces sobre los países que le dan refugio a esa riqueza, en gran parte mal habida o escondiéndose de sus obligaciones fiscales.
Creemos que no será difícil dar con los depositarios de esas fortunas. Todos los países, particularmente los más ricos, como los europeos y Estados Unidos, tienen leyes estrictas contra el blanqueo de capitales y, como es el caso de Panamá, sus bancos y fiduciarios tienen la obligación de conocer a sus clientes y de averiguar la procedencia del dinero. Hay estudios de reconocidas organizaciones sobre los depósitos de no residentes y del cumplimiento de las reglas de transparencia con énfasis en conocer al cliente para, precisamente, prevenir el lavado de dinero.
Los periodistas investigadores pueden partir del excelente estudio ‘Depósitos privados de no residentes en jurisdicciones secretas’ del 10 de marzo de 2010, cuya autora es Ann Hollingshead. Esta investigación fue hecha con fondos proporcionados por la Fundación Ford. Dicho estudio puede ser consultado en la Internet bajo el título ‘Privately held, non-resident deposits in secrecy jurisdictions’. De su lectura extraemos la siguiente información:
El estudio es parte del programa del Global Financial Integrity, que se enfoca en el movimiento transnacional de fondos ilícitos. Sus fuentes son el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales de centros financieros internacionales. Se aclara que en el contexto del estudio la connotación ‘jurisdicción secreta’ contiene un cuadro más amplio de países que la definición tradicional de centros financieros offshore. El estudio identifica que hay cerca de 10 trillones de dólares de estos fondos; que Estados Unidos está en primer lugar, con $2 trillones; el Reino Unido y las Islas Caimán en segundo y tercer lugar respectivamente, con cerca de $1.5 trillones cada uno. Los depósitos privados de no residentes son definidos como depósitos pertenecientes a individuos particulares o a corporaciones de otra jurisdicción.
El término ‘jurisdicción secreta’ lo define como: ‘Lugares que intencionalmente establecen regulaciones para beneficio y uso de no residentes en su dominio geográfico. Estas regulaciones están dirigidas a afectar la legislación o regulaciones de otra jurisdicción. Para facilitar su uso, las jurisdicciones secretas también establecen un velo de secreto que asegura que los no residentes que las utilizan no puedan ser identificados’.
Señala también que Estados Unidos, con la economía más grande del mundo, es el primero en el índice de jurisdicciones secretas y también el que menos coopera con otras jurisdicciones. Las Islas Caimán ocupan el 4º. lugar y el Reino Unido el 5º.
Para encontrar información sobre el destino de las inversiones, los periodistas investigativos no tendrán que ‘hackear’ los correos de BVI ni tampoco ‘inventar’ que penetraron nuestro Registro Público (donde, es sabido, se entra por la puerta principal y la información es pública para todos), sino ingresar a la Internet y buscar los excelentes estudios e investigaciones de entidades de las Naciones Unidas y del Gobierno norteamericano; igualmente, acceder a los estudios de la GAO (Government Accountability Office), del Senado y sus audiencias y del Fincen, policía fiscal del Departamento del Tesoro de E.U. y otras organizaciones similares.
Sin ninguna dificultad, podrían hacer un inventario de los lugares donde esconden o lucen sus enormes fortunas los grandes pillos de algunos países del tercer mundo y funcionarios corruptos de países desarrollados. Y, de igual manera, descubrir y hacer públicas las leyes y prácticas de las ‘jurisdicciones secretas’ y con ello ayudar a la opinión pública de esos países y del mundo entero a que los ‘avergüencen y critiquen’ (blame and shame) por esas prácticas. Para lograrlo es necesario que todos los países se unan para acabar con tanta hipocresía, que lo que hace es afectar el desarrollo armónico de la sociedad.
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