Más vale tarde… que nunca

Roberto I. Guardia R.

La estructura del sistema de servicios financieros, que históricamente nuestro país ha ofrecido al mundo, se asemeja a los tres vértices de un triángulo. El primer vértice es nuestra ley de sociedades anónimas, que data desde el año 1927. El segundo es nuestra legislación fiscal, que sigue el principio de renta territorial, lo cual significa que se grava únicamente las utilidades generadas dentro del país, y el tercero es nuestro sólido sistema bancario, complementado con leyes que permiten la reserva bancaria.

Estos tres vértices han constituido la base de nuestro envidiado sistema de servicios, que representa miles de empleos e ingresos a nuestra economía.

Panamá durante los últimos años ha adecuado su legislación a fin de promover controles para que, quienes se manejan en actividades al margen de la ley, no logren tomar ventaja de las bondades que ofrece nuestro centro financiero.

Como prueba de esto hemos visto que se han atrapado delincuentes y se han aclarado escándalos en otros países gracias a la cooperación de las instituciones bancarias y abogados en este sentido. Algunos ejemplos serían el caso Murcia o el Proyecto Finlandia, entre otros.

Mencionamos esto únicamente para demostrar que, a la hora de la verdad, nuestro sistema tiene los mecanismos para repeler a quienes pretendan aprovecharlo para fines al margen de la ley.

Los países de “primer mundo” por medio de agrupaciones como la OCDE han pretendido en varias ocasiones chantajear a nuestro país con las llamadas listas negras, lo cual no tiene nada que ver con delitos, ya que al final esa es una excusa cuando el nombre real de todo esto es la palabra “impuestos”.

Panamá ha sido históricamente, denominada de forma indebida, paraíso fiscal. Nada es más falso. Un paraíso fiscal o Tax Heaven es una jurisdicción en la que no se pagan impuestos y en Panamá sí se paga impuestos.

Pero, volvamos a la OCDE para no salirnos del punto medular de este artículo.

La cacería del “primer mundo” en contra de los llamados “paraísos fiscales” empezó a principios de la década de 1990. En ese entonces estos países, en todo su derecho, establecieron normas fiscales para controlar a sus nacionales en el uso de los servicios que ofrecían estas jurisdicciones también llamadas Off-Shore.

Hasta aquí, no había mayores problemas ya que cada Estado puede establecer las leyes que estime pertinentes para el resguardo de sus intereses. El problema empieza cuando estos países de “primer mundo” comienzan a inmiscuirse en asuntos de otras jurisdicciones, con el fin de posteriormente presionarlas para que cambien sus leyes con las llamadas listas negras. Esto ya es un problema muy delicado porque caemos en intervención de un Estado en las leyes de otro Estado, afectando, en consecuencia, la soberanía de este último.

Es aquí donde el Derecho Internacional Público contempla las llamadas medidas de retorsión como una vía mediante la cual un Estado, que se ve afectado por esta intervención, pueda defenderse.

Desde hace muchísimos años varios juristas panameños han defendido a capa y espada el derecho de Panamá a proteger su economía de servicios mediante el uso de medidas de retorsión. Quizás el más vehemente ha sido don Eduardo Morgan quien, cuando fue embajador de Panamá en Washington, estableció prácticamente una cruzada en este sentido, que al día de hoy todavía mantiene.

Panamá se ha dedicado a ceder, poco a poco, ante las presiones de la OCDE a fin de ser eliminada de las mal llamadas listas negras y esto ha sido un juego de nunca acabar, toda vez que la OCDE, al final, lo que realmente busca es terminar con nuestro sistema financiero.

Por primera vez, Panamá anuncia una medida de retorsión. Lo hace ante Francia y vemos cómo se produce un impacto inmediato a nuestro favor.

¿Por qué no hicimos esto antes? ¿Por qué hemos permitido que nos roben competitividad en comparación con otros centros financieros, muchos de ellos existentes dentro de países miembros de la OCDE?

Creo que esta es una lección que debe quedar para este gobierno y para los que le sucedan. Panamá tiene que defender su centro financiero. Punto.

Tenemos las vías jurídicas para hacerlo. No debemos seguir tratando de “quedar bien” ante quienes, al final, no les interesa nuestra suerte ni nuestra economía.

Nos hemos manejado con excesiva humildad y no pregonamos lo que debemos, que estamos haciendo buena competencia en el mercado financiero internacional frente a países como Luxemburgo y Suiza. Ya es hora, por ejemplo, de que empecemos a formar más parte de la onda expansiva del mercado financiero, y ratifiquemos los tratados internacionales, convenciones de La Haya, tales como el reconocimiento del Trust de 1985 y el Convenio de Compraventa Internacional.

Es un tema de supervivencia y, sobre todo, de dignidad nacional.