Agenda de la OCDE amenaza la prosperidad de Panamá

Por Andrew Quinlan

Publicado en el diario La Estrella de Panamá

Abril 29, 2014

El intercambio automático completo de toda la información tributaria es la armonización de facto del impuesto.

A principios de este año la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el texto final de su Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera. La norma cuenta con los requisitos para el intercambio de una variedad de información, incluyendo los saldos de la totalidad de las cuentas, lo que constituye una intromisión en la intimidad personal y una costosa imposición en las instituciones que deben aplicar los estándares.

Para agravar las cosas, se espera que los países adapten sus leyes y políticas para dar cabida a las demandas de la organización.

Los nuevos estándares de la OCDE son parte de la burocracia, con sede en París, para vigilar la tributación internacional y forzar a las jurisdicciones con impuestos bajos a plegarse a la voluntad de los grandes Estados benefactores con impuestos altos. El argumento fundamental siempre ha sido la capacidad de los individuos, las empresas y los capitales, para abandonar jurisdicciones con políticas regulatorias malas o desfavorables, por jurisdicciones con sistemas más atractivos.

Las naciones que consistentemente pierden ante este tipo de competencia fiscal son precisamente las mismas que dominan el debate internacional y mantienen mayor influencia dentro de organizaciones como la OCDE.

Los perdedores en esta batalla son las naciones como Panamá, que buscan atraer capital e inversión a través de políticas de competencia, pero que carecen del poder y la influencia de las naciones más grandes para llevar adelante sus intereses dentro de los organismos internacionales.

Los esfuerzos anteriores de la OCDE, tales como incluir a Panamá y otras jurisdicciones de baja tributación, llamados paraísos fiscales, junto con esfuerzos para obligar a la adopción de políticas contra los intereses económicos de Panamá, han demostrado ser costosos y perjudiciales. Pero la nueva iniciativa es una amenaza económica existencial como ninguna otra que Panamá haya enfrentado.

El intercambio automático completo de toda la información tributaria es la armonización de facto del impuesto. Permite a las naciones con altos impuestos a incluso perseguir los ingresos obtenidos en otros territorios que, por su trayectoria, es probable que suceda. Esto negará el atractivo de los sistemas fiscales a favor del crecimiento y reduce la capacidad de Panamá para atraer la inversión internacional. Sin embargo, la OCDE espera que Panamá y otras naciones con políticas similares acepten la iniciativa y aprueben una legislación para el beneficio de otras naciones. En un mundo donde las naciones respeten la soberanía y los derechos de sus vecinos, esto nunca sucedería. Pero no vivimos en un mundo así y si Panamá no cumple recibirá sanciones de algún tipo.

En comparación con las demandas anteriores y teniendo en cuenta el aumento de lo que está en juego y del incremento de los costos para cumplir, con toda certeza habrá mayores castigos en la actual iniciativa de la OCDE. Y si bien ha funcionado en el pasado, eventualmente en algo habrá que ceder. Las jurisdicciones de impuestos bajos no pueden continuar permitiendo la codicia insaciable de los recaudadores de impuestos internacionales, pero no puede esperarse que, por sí mismos, simplemente absorban los altos costos de la insumisión.

Tal vez sea el momento de usar una página del libro de jugadas de la OCDE. Europa y EE. UU., que impulsan la agenda de la OCDE, dependen en gran medida de la inversión internacional. Sus frágiles economías no soportarían fácilmente una significativa pérdida de dinero extranjero. Si las jurisdicciones de baja tributación se juntan y conforman un organismo anti-OCDE para promover sus propios intereses podrían, en forma similar, amenazar con reorientar las inversiones hacia países más respetuosos, a menos que su soberanía fiscal sea respetada. Esto puede parecer medida drástica, pero podría representar la última oportunidad de Panamá para defender su derecho de autogobernarse fiscalmente.