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Ponencia magistral del Dr. Eduardo Morgan Jr. con motivo del X Congreso del Colegio Nacional de Abogados y Primer Congreso Internacional con el lema «Panamá Centro de Servicios Legales Internacionales» que se llevó a cabo los días miércoles 25 y jueves 26 de enero de 2011.
27 de enero de 2011
I. INTRODUCCION – PANAMA EJEMPLO PARA EL MUNDO
En la época de las larguísimas negociaciones con EU que culminaron en los Tratados del Canal y la recuperación de nuestra gran riqueza, la posición geográfica, todos los panameños, funcionarios del gobierno o particulares, aprovechábamos los conclaves internacionales para llamar la atención sobre la situación colonial de Panamá y a criticar a los EU por mantenerla en pleno siglo XX.
En esos tiempos me tocaba asistir a las reuniones de INTELSAT y no obstante el disgusto de los representantes de Comsat, el signatario norteamericano, nunca perdí la oportunidad de hacerlo. Y esto lo hacíamos todos los panameños en cualquier foro internacional. Era una espina permanente en la anatomía del coloso y una de las manifestaciones de la táctica de Gandhi de la lucha pacífica por la liberación de su pueblo. También era un signo de unión de todo un pueblo por lograr su liberación del yugo colonial. Continue reading Los Convenios de Doble Tributación y de Intercambio de Información Fiscal (Contenido)
Presentación de la ponencia magistral del Dr. Eduardo Morgan Jr. con motivo del X Congreso del Colegio Nacional de Abogados y Primer Congreso Internacional con el lema «Panamá Centro de Servicios Legales Internacionales» que se llevó a cabo los días miércoles 25 y jueves 26 de enero de 2011.
https://sites.morimor.com/wp-content/uploads/sites/20/2011/02/Presentacion-EMJR-Ene272011.ppt
Eduardo Morgan Jr.
En septiembre de 1996, fui nombrado Embajador de nuestro país en E.U. Eran tiempos cruciales para las relaciones diplomáticas ya que se acercaba el fin de la presencia norteamericana en Panamá. Había tensión por las imputaciones de que nuestro país no hacía lo suficiente para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Mi labor consistiría en evitar que tan infundadas acusaciones permearan a la opinión pública estadounidense y que la presión de ésta contra Panamá afectara el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. En E.U. la opinión pública está liderizada por sus grandes diarios, principalmente el New York Times y el Washington Post, que se caracterizan por el manejo responsable de la noticia, cuyos análisis y comentarios están a cargo de connotados periodistas y columnistas, entre ellos algunos laureados incluso con el premio Nobel.
En esos años a E.U. le preocupaba la droga y el lavado de dinero y para controlarlo extendían su influencia al resto del mundo. El instrumento usado era la famosa ‘Certificación’, un análisis anual de la cooperación de los países en el control del tráfico y el lavado, para lo cual sus embajadas contaban con funcionarios de instituciones involucradas en el control y persecución de ese flagelo, tales como la DEA, el FBI y Aduanas, entre otras. Mi primera experiencia en Washington fue acompañar a nuestro Canciller y al Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad a una reunión con Robert Gelbard, Subsecretario de Estado, funcionario encargado de la temible ‘Certificación’. En esa reunión me percaté del desprecio que Gelbard sentía por Panamá y la rudeza, por no decir grosería, de su trato a dos importantes funcionarios del gobierno panameño. La misión de Gelbard era liquidar a Panamá como centro financiero y darle un golpe de gracia a la Zona Libre de Colón, y a los servicios internacionales que prestan los abogados. De acuerdo con la certificación de 1996, Panamá era una gran lavandería para los narcos mejicanos. La industria de la construcción, bancos y sociedades anónimas estaban involucrados en la actividad y el premio mayor se lo ganaba la Zona Libre, un centro de lavado de Dinero por derecho propio (‘The Colon Free Zone (CFZ) is a money laundering center in its own right’), Según el informe, en Panamá se lavaban, solo de traficantes mejicanos $10 billones anuales, afirmación absurda por ser imposible que un país con menos de 7 billones de dólares de PIB ‘lavara’ 10 billones sin que se afectara la economía.
Yo conocía muy bien nuestro sistema de sociedades anónimas; la obligación del abogado de conocer al cliente; los estrictos controles de los bancos para evitar el lavado de dinero, y las disposiciones adoptadas en la Zona Libre para el control del efectivo, por lo que antes de que se publicara la nueva ‘certificación’ escribí a Gelbard una extensa carta en la cual hice hincapié en el absurdo de los 10 billones y de las otras afirmaciones contra nuestra economía de servicios, las cuales no tenían sustento alguno en el documento. Lo conminé a que las sustentara, cosa que nunca hizo.
Hago alusión a esta experiencia con motivo de las afirmaciones de la embajada de E.U. sobre el lavado de dinero de la droga en el aeropuerto de Tocumen. Es absurdo pensar que los viajeros que proceden principalmente del Caribe, Sur y Centro América vienen cargados de dinero de la droga porque los $600 billones que genera el negocio se producen en los sitios en que esa droga se consume, o sea, en E.U. El camino del efectivo es de norte a sur: de E.U. a Colombia, Bolivia, Perú, etc..; los narcos no son tan brutos como para trasladar por avión de un aeropuerto norteamericano (con estrictos controles) grandes cantidades de efectivo. Los dólares de la droga se utilizan para la importación y exportación de productos. Existe el llamado mercado negro de pesos colombianos y la compra en efectivo de artículos movibles, como automóviles y helicópteros. Esto está documentado en la web de FINCEN, agencia del gobierno de E.U. Nuestro hub-aéreo no es diferente del de Londres o Ámsterdam, como tampoco lo son las tiendas libres de impuestos que manejan empresarios exitosos dedicados a ese negocio desde hace mucho tiempo.
No creo que la intención de E.U. sea que eliminemos el hub de COPA para que el aeropuerto de Panamá no siga compitiendo con Miami. Resulta claro que los norteamericanos están sorprendidos por lo extraordinariamente bien que Panamá ha manejado el Canal; por nuestro centro financiero; por nuestro grado de inversión; por nuestro crecimiento económico, por el desarrollo de los puertos (que también los quisieron para Bechtel, al igual que la ampliación del Canal), por la Ciudad del Saber, y ahora, Tocumen. Es seguro que esos comentarios, y particularmente la referencia al Ministro de Turismo, es una glosa sin mayor sustento, lo que aquí llamaríamos bochinche, ahora globalizado gracias a Wikileaks. Si existiera alguna evidencia creíble ya habrían presionado al gobierno para su remoción mediante una advertencia a nuestro Presidente para ponerlo al tanto, sobre todo cuando son claros en afirmar que nada involucra al Presidente en el lavado de dinero.
Debemos estar alertas y cuidar nuestro Tocumen y los miles de empleos que genera. No cometamos el error de aceptarles convenios, supuestamente de seguridad, que pudieran arruinar el hub de Panamá y los ingentes beneficios que produce a la economía panameña.
(Washington, D.C., Jueves, 6 de enero de 2011) El Departamento del Tesoro de la administración del Presidente Obama ha propuesto una nueva regulación del Ministerio de Hacienda (Internal Revenue Service o IRS) (REG-146097-09) que cambiaría la ley existente y obligaría a los bancos estadounidenses a reportar el interés pagado a todos los extranjeros no residentes. Esta mal considerada regla es una versión re-empaquetada de la propuesta de la era de Clinton que fue engavetada sin llegar a ser implementada. Pero de ser implementada hoy, provocaría una fuga de cientos de miles de millones de dólares de la economía de los Estados Unidos y le haría daño al ya golpeado sistema financiero estadounidense. El Centro para la Libertad y la Prosperidad una vez más tiene planes de ser un líder en los esfuerzos por descarrilar o abolir esta mal orientada regulación.
Esta regulación está diseñada para acumular información que puede ser suministrada a gobiernos extranjeros, lo cual significa que la regulación antepone los intereses de los recaudadores de impuestos extranjeros a los de la ley de los Estados Unidos y por encima de los intereses de la economía estadounidense. El IRS ha admitido hace ya rato que no tiene uso para la información que está demandando, no obstante que jamás ha explicado cómo tiene la autoridad regulatoria para cambiar la ley existente.
Esta regulación podría ocasionar la fuga de capital generador de empleos de los Estados Unidos y hacerle daño a los mercados financieros estadounidenses. De acuerdo al Departamento de Comercio, los extranjeros tienen $10.6 billones de dólares pasivamente invertidos en la economía norteamericana, incluyendo casi $3.6 billones «reportados por bancos y corredores de valores estadounidenses.»
«Un estudio de 2004 del Centro Mercatus de la Universidad George Mason estimó que una versión menos onerosa de la regla provocaría la fuga de $88 mil millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses y esta nueva versión de la regulación sería marcadamente más dañina » dijo Andrew Quinlan, Presidente del Centro para la Libertad y la Prosperidad, quien agregó que, «el Centro para la Libertad y la Prosperidad testificará en una audiencia pública el 28 de abril y batallará para bloquear nuevamente esta dañina regulación.»
Dan Mitchell, un Asociado Senior del Instituto Cato, indicó que, «El IRS ha fallado en llevar a cabo el análisis costo-beneficio requerido por la Orden Ejecutiva 12866 y que el IRS está actuando en violación de la ley vigente, la cual está diseñada para atraer capital foráneo a la economía norteamericana.» Mitchell también indicó que, «Esta regulación propuesta es también una amenaza a los derechos humanos y las libertades civiles ya que muchas poblaciones oprimidas alrededor del mundo colocan sus activos en instituciones financieras estadounidenses para protegerse contra la persecución, la expropiación y otras formas de abuso por gobiernos opresores.»
Esta regulación fue propuesta en primera instancia en los últimos días de la administración de Clinton antes de ser retirada en virtud de la casi unánime oposición de la industria de servicios financieros, miembros del Congreso y el público en general. De manera inmediata después del retiro de la regulación original, el IRS intentó una maniobra de carnada y cambio (bait-and-switch) y regresó con una nueva propuesta que ofrecía únicamente cambios cosméticos. Esta versión de la regulación también se encontró con una oposición feroz y fue detenida. La administración de Obama ha revivido esta desastrosa política y busca una vez más requerir el intercambio automático con todos los gobiernos extranjeros de información financiera confidencial.
Para información adicional:
Andrew Quinlan puede ser localizado en el 202-285-0244, [email protected]
Dan Mitchell puede ser localizado en el 202-218-4615, [email protected]
Enlace al Comunicado de Prensa:
https://www.freedomandprosperity.org/press/p01-06-11/p01-06-11.shtml
Eduardo Morgan Jr.
Carlos Andrés Pérez fue uno de los venezolanos que heredaron el espíritu de Simón Bolívar. Su vida, tal como ha sido resumida en la prensa mundial con motivo de su fallecimiento a los 88 años, fue una lucha constante por la democracia y la libertad en Venezuela y en el resto de América Latina. Panamá es vivo ejemplo de esa lucha al haber recibido su apoyo sustancial y militante en las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter. Continue reading Carlos Andrés Pérez y los Tratados Torrijos-Carter
Por: Julio E. Linares Franco
Abogado
Se ha explicado, escrito e informado hasta la saciedad que un tratado de intercambio fiscal firmado por Panamá sería perjudicial por las características de nuestra doctrina impositiva. Nuestra economía de servicios basada principalmente en un sistema fiscal territorial, la vigencia de una ley de sociedades anónimas que, aunque con casi noventa años de existencia ha demostrado ser de avanzada, normativas de tipo bancario y financiero actualizadas, todo esto aunado a la creación de nuevas penalidades en nuestro procedimiento criminal en cuanto a delitos de lesa humanidad como el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, han puesto a Panamá al día en lo referente al castigo y la persecución de estos flajelos.
Desde que nacimos como República independiente en 1903, aún con una soberanía mediatizada por el tema canalero, siempre nos hemos enfrentado con dignidad al denominado coloso del norte. Con respecto al tema tributario ni antes del golpe de estado de 1968, ni en la peor época de la dictadura y menos en el tiempo siguiente al 20 de diciembre de 1989, cuando Panamá estuvo en su punto más débil y frágil como nación recientemente invadida, saqueada y con sus arcas públicas totalmente despilfarradas, se le ocurrió flaquear a ningún dirigente panameño en detrimento de nuestros intereses.
La política implica negociación. Si no podemos obtener todo, cedamos hasta donde nos permitan los argumentos, la lógica y la decencia. En 1991 fuimos fuertemente presionados por los norteamericanos ante su afán de imponernos un acuerdo de carácter tributario. Pero negociamos, no claudicamos y ese término medio nos llevó a la firma del Tratado de Asistencia Legal Mutua en el que no se incluyeron temas fiscales. Y es que ante no firmar un pacto fiscal, convenio que exigen los gringos, la media sería un tratado de doble tributación. Y si persisten en no firmar uno porque no lo aceptan, entonces ¿Porqué seguirles el juego?.
Casi veinte años después estamos en una posición mucho más fuerte. Con un crecimiento económico que es envidia para nuestros vecinos, con la firma de más de diez tratados de doble tributación, con nuestra inclusión como país de grado de inversión por prestigiosas calificadoras de riesgos, en fin, aún a pesar de nuestros problemas de pobreza, inseguridad y corrupción, hemos avanzado muchísimo desde aquellos no muy lejanos días de la era post invasión.
Por todo lo anterior queda uno atónito, por decir lo menos, al escuchar a un alto dirigente estatal señalar públicamente que “Panamá firmará pacto fiscal con EU para lograr el comercial”. Y es que los derechos, obligaciones y razones que llevaron a efecto la firma del TPC ya fueron cumplidas. Panamá no tiene ni debe dejarse imponer ahora otra condición, dizque para lograr la firma del TPC. Convenio cuya ratificación senatorial no depende de quienes estarían firmando el acuerdo fiscal, lo que implicaría la doble tragedia de contar con un pacto tributario que nos debilitaría a nivel financiero y soberano y encima de todo, sin obtener la seguridad de la ratificación del TPC.
Dr. Eduardo Morgan Jr.
El interés manifiesto de EE.UU. para solicitar a Panamá un acuerdo de intercambio de información fiscal es tener acceso a las inversiones que tengan sus contribuyentes en Panamá y que, según su sistema tributario, deben pagar impuestos en su país. Para Panamá un Tratado Fiscal que se limite al intercambio de información no tiene ningún interés porque nuestro sistema impositivo no grava las rentas de nuestros contribuyentes en el exterior. Por esta razón, con muy buen tino, nuestro gobierno decidió que Panamá solo firmaría Tratados Fiscales para evitar la Doble Tributación en los cuales el componente de intercambio de información se vería compensado por la seguridad que tendrían los inversionistas extranjeros de que los impuestos pagados en Panamá les serían reconocidos en sus países, fomentando así la inversión extranjera.
Para Panamá, cualquier tratado fiscal con EE.UU., si no lo manejamos inteligentemente, puede tener consecuencias negativas para nuestra economía. Un tratado de intercambio de Información Fiscal, (TIF) basado en el modelo que ellos tienen, y que será igual o muy parecido al que nos presentaron en el 2001, daría al traste con nuestro Centro Bancario ya que es de esperar que nuestros clientes de América Latina muevan sus cuentas al Centro Bancario de Miami, en donde no solo no los gravan con impuestos sino que se les asegura anonimato total. Por esta razón Panamá, ni aun cuando era un país invadido en los inicios del gobierno de Endara, aceptó firmarles este tratado. Esto quiere decir, ni más ni menos, que no podemos firmar el modelo de TIF que tienen los EE.UU. sino que debemos negociar, si ellos insisten, en un acuerdo fiscal que proteja nuestro Centro Bancario y nuestra condición de país de economía de servicios.
El sistema de renta universal lo aplican los países industrializados pero la gran mayoría solo lo aplica a las rentas en el exterior de sus residentes. El sistema de EE.UU. es sui géneris ya que se aplica, no solo a sus residentes, sino a todos sus contribuyentes. Veamos su comparación con Inglaterra: El ciudadano británico que no reside en el Reino Unido no paga impuestos por sus rentas en el exterior. En cambio, el norteamericano, aunque resida en el extranjero tiene la obligación de declarar y pagar por sus ingresos, sin importar donde estos se generan. Pero hay más. Esta obligación la tienen no solo los nacionales norteamericanos sino todos aquellos que son considerados por sus leyes fiscales como posibles contribuyentes.
Esto quiere decir, ni más ni menos, que un panameño, residente en Panamá, con rentas solo en Panamá pero que para EE.UU. tiene también la nacionalidad norteamericana, debe declarar sus rentas panameñas y pagar impuestos a Estados Unidos, incluso el impuesto de mortuoria o sucesiones, que aquí ya no existe pero que allá si. Pero eso no es todo. Panamá se vería obligada, por el TIF, a darle a EE.UU. la información que le pida sobre ese panameño. Hay que tener en cuenta que por la relación de casi un siglo entre nuestros países, muchísimos panameños tienen también la nacionalidad norteamericana o sea, que estos casos serían frecuentes. Lo mismo puede decirse de aquellos panameños que durante la crisis emigraron temporalmente a EE.UU. y se hicieron residentes y, como tales, también son sujetos fiscales para ese país. Esta condición también afectaría a muchos de los clientes latinoamericanos de nuestro Centro Financiero en la misma situación de doble nacionalidad o residencia que apuntamos para los panameños. Con este tratado, a pesar de no tener ninguna otra conexión con EE.UU., que el vínculo fiscal, estarían sujetos a que Panamá se vea obligada a dar información sobre sus inversiones aquí y no tendrían mas remedio que emigrarlas a centros financieros sin TIF con EE.UU., tales como Singapur o Hong Kong.
Por esta razón en estas negociaciones, Panamá cómo país soberano, deberá limitar la información fiscal que se enviaría a los EE.UU. a aquella que corresponda a nacionales norteamericanos con residencia efectiva en EE.UU. Así no tendríamos que dar información de nuestros nacionales, ni de clientes latinoamericanos de nuestro Centro Financiero, y se complacería a los EE.UU. que lo que busca es que sus nacionales no evadan sus impuestos. De no establecerse estas limitaciones, se estaría violando el artículo 17 de la Constitución que obliga a nuestro gobierno a defender a los panameños en donde quiera que estos estén, y a los extranjeros que se encuentran bajo nuestra jurisdicción.
Dr. Eduardo Morgan Jr.
Publicado en La Estrella de Panamá
18 de Noviembre de 2010
En el mes de la Patria existe una fecha negra que nunca debemos olvidar: el 18 de noviembre de 1903, día de la firma del Tratado Hay—Bunau Varilla.
Philippe Bunau Varilla, primer embajador de Panamá en Washington, fue un hombre extraordinario. En el libro ‘Con Ardientes Fulgores de Gloria’ se describen con lujo de detalles su personalidad, sus muchos méritos, su pasión por la construcción del Canal, en el cual trabajó muy joven, así como también la ayuda que prestó a Manuel Amador Guerrero para que el apoyo de EU asegurara la anhelada independencia. Son, precisamente estos atributos lo que hacen más execrable que negociara, con apuro y a escondidas, el Tratado que nos convirtió en protectorado, con una colonia extranjera en medio de nuestro territorio y privándonos de manera infame, por casi cien años, del usufructo de nuestra posición geográfica.
Los panameños esperaban que el Tratado Herran—Hay, ya aprobado por el Senado de Estados Unidos, fuera el que se firmaría con Panamá. Pero a Bunau Varilla solo le interesaba la construcción del Canal y no la suerte de Panamá. El francés y John Hay se olvidaron del Herran—Hay y redactaron y firmaron, con toda celeridad —de noche y en casa de Hay, para presentar a los enviados de Panamá, Federico Boyd y Manuel Amador Guerrero el hecho cumplido— un nuevo texto mucho más leonino para Panamá que el tratado negociado por Colombia. El Herran—Hay garantizaba la soberanía de Colombia y en los puntos más salientes la palabra soberanía era la más repetida.
En cambio, en el Hay—Bunau—Varilla solo se menciona la soberanía para decir que en la Zona del Canal Estados Unidos tendría todos los derechos de un soberano y que Panamá estaría totalmente excluida de ellos. Pero todavía más perverso, les dio el derecho de dominio eminente sobre todo el país. Podían, en uso de este derecho, tomar cualquier parte del territorio alegando que lo necesitaban para el Canal. La zona de 10 kilómetros fue cambiada a 10 millas, o sea que creció un 60%. Se les otorgó también el monopolio de la comunicación interoceánica en todo el territorio y el derecho de establecer bases militares. Mientras que el Tratado Herran—Hay contemplaba la intervención de jueces colombianos y se creaban tribunales mixtos, en el firmado por Bunau Varilla los panameños serían juzgados por jueces norteamericanos en la Zona del Canal.
El Tratado Hay—Bunau—Varilla fue la negación total de la equidad que debe prevalecer en el derecho internacional y se convirtió en modelo por excelencia de tratado injusto. Era tan leonino que se constituyó en una vergüenza permanente para la gran potencia, vergüenza que se acrecentó con el avance de la Humanidad hacia un mundo más justo y con el reconocimiento por las Naciones Unidas del derecho inalienable de los países a sus recursos naturales. No cabe la menor duda que la injusticia del Tratado, a la postre, trabajó a nuestro favor, porque fue la causa mediata de que la perpetuidad se redujera a menos de 100 años y de que el Tratado Torrijos—Carter culminara la lucha generacional para el perfeccionamiento de nuestra independencia y la recuperación de nuestra gran riqueza, la posición geográfica.
En 1903 a la república recién nacida no le quedó otro camino que ratificar el tratado firmado por Bunau Varilla. La historia registra que éste sirvió de instrumento para que los Estados Unidos presionaran a Panamá, obligándonos incluso a que el Tratado inicuo recorriera, cual reina de belleza, todos los municipios de la República para ser ratificado por los Concejos Municipales con panegíricos a Bunau Varilla y a Estados Unidos.
Sin embargo, a la Junta de Gobierno le quedaba el consuelo de que, al excluirse de la concesión las ciudades de Panamá y Colón y sus puertos, por lo menos asegurábamos que la vía acuática sería el polo de desarrollo económico del país. ¡Qué equivocados estaban!
Desde el 19 de enero, en carta enviada a Hay, nuestro embajador, Bunau Varilla, so pretexto de interpretar el Tratado y disipar algunas dudas del Senado, no solo ya había entregado los puertos, sino que había convertido en verdaderos guetos las ciudades de Panamá y Colón. Aquí se produce la gran estafa que nunca ha sido debidamente registrada en nuestros libros de historia: según la interpretación de Bunau Varilla, los puertos que el tratado nos reservaba eran el muelle fiscal y el del mercado público, y las ciudades comprendían solo las áreas ya construidas.
Panamá y Colón quedaron, así, totalmente cercadas por la Zona del Canal. Bunau Varilla fue irónico al decir en su carta interpretativa que quedaba a la voluntad de Estados Unidos ceder áreas para el crecimiento de las ciudades. Nunca lo hicieron y en el año 1914 fue necesario permutar las orillas del Lago Gatún, que sobrepasaban las 5 millas a cada lado del Canal, por Las Sabanas. Así al menos pudimos viajar a Chepo sin tener que pasar por la Zona.
Esa carta ignominiosa debe ser parte de la enseñanza de nuestra historia y los panameños debemos tenerla presente y estar alertas para que jamás se repita otro ‘Bunau Varillazo’.
A cambio del Canal, Bunau Varilla castró nuestra posición geográfica y le entregó a EU el desarrollo futuro de nuestro país.
Ojalá nunca tengamos que volver a claudicar frente a las presiones foráneas, poniendo en riesgos el futuro económico de la Nación. Si lo hiciéramos, la lucha y el sacrificio de tantas generaciones, para recobrar nuestra soberanía e independencia, perdería vigencia como el capítulo más digno y hermoso de nuestra historia y volveríamos al infamante ‘Panamá cede’.
Dr. Eduardo Morgan Jr.
En 2001, Estados Unidos decidió tratar de cumplir con la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de dar información a los países extranjeros de los depósitos de sus nacionales. A continuación transcribimos textualmente algunas de las reacciones que se suscitaron:
1. Carta de los congresistas al secretario del Tesoro: “Esa propuesta es contraria a la tradicional política del Departamento del Tesoro y del Congreso de estimular a los extranjeros no residentes a que depositen sus dineros en los bancos de EU, para que a su vez estos dineros puedan ser usados para estimular el crecimiento y desarrollo en este país… Adoptar esta propuesta pondrá a los bancos norteamericanos en desventaja con los bancos de nuestros competidores y resultará en un retiro significativo de depósitos extranjeros de los bancos de EU.
El retiro de los depósitos extranjeros… significará una reducción en los préstamos a empresarios locales, a propietarios de inmuebles y de negocios pequeños, lo que traerá como resultado una disminución en la fortaleza económica de las comunidades afectadas… Tenemos entendido, además, que ninguno de nuestros trading partners ha impuesto estos requerimientos en sus propias instituciones financieras. La adopción de estas reglas, por tanto, creará un nivel de competencia desleal que será motivo de la transferencias de depósitos que mencionamos”.
2. Carta de Jeb Bush, gobernador de Florida, al secretario del Tesoro: “Las nuevas reglas colocarán a los bancos norteamericanos en una posición de desventaja con relación a los bancos del Caribe y de Europa… y dañarán la habilidad de los bancos norteamericanos de seguir atrayendo depósitos foráneos”.
3. Carta, del presidente del Eagle Bank de Miami, al secretario del Tesoro: “El reglamento propuesto podría acelerar retiros de entre 15 billones y 20 billones, solamente en Miami, de depositantes latinoamericanos”.
4. Carta del congresista Crane al secretario del Tesoro: “Le recuerdo que Estados Unidos tiene cerca de 10 trillones de dólares de inversión extranjera, la cual se vería en peligro de perderse si el país se convirtiera en informante de las autoridades fiscales de otras naciones… Muchos Estados tienen leyes favorables, tanto impositivas como para la formación de sociedades, para atraer clientes en todo el mundo. Estas leyes incluyen a menudo medidas estrictas de protección a la privacidad las cuales no serían permitidas bajo las propuestas de la OCDE y la Unión Europea”.
La enérgica oposición de la opinión pública, encabezada por los banqueros y congresistas de la Florida, incluyendo a su gobernador, determinó que la propuesta del secretario del Tesoro no fuera ni siquiera discutida por el Congreso.
Se temía perder los millonarios depósitos de los clientes latinoamericanos. Para tratar de suavizar la oposición y apaciguar los temores, el Tesoro modificó su propuesta, limitándola a 16 países, entre los cuales no se encontraba ninguno de América Latina. Esta tampoco tuvo acogida y más bien lo que hizo Estados Unidos fue fortalecer su condición de paraíso fiscal al darles a los inversionistas extranjeros anonimato total.
Las interrogantes que surgen son: ¿por qué el empeño de nuestro gobierno de firmar un tratado de información fiscal con EU, que es precisamente el país que más se ha negado, públicamente, a dar información fiscal? Y ¿por qué no defendemos nosotros el centro financiero de Panamá con el mismo vigor con el que los norteamericanos defienden el de Miami?
Hay razones más que suficientes para que nuestro gobierno no cometa el error de celebrar con EU un tratado de información fiscal. Nuestro centro financiero es regional y nuestro principal mercado es el latinoamericano. Los depósitos totales son menos de $70 billones, es decir, mucho más de un trillón por debajo de Caimán y cerca de $300 billones por debajo de Las Bahamas. Pero los depósitos bancarios son de importancia fundamental para nuestra economía, porque nosotros ni tenemos banca central ni podemos imprimir billetes.
El dinero que mueve nuestra economía y que impulsa nuestro desarrollo, está en los bancos. Si los billones que tienen nuestros clientes latinos se mudaran a Miami, donde no pagan impuesto y tienen garantía de anonimato total, nuestro perjuicio económico será enorme y no podrá ser compensado ni por un TPC, ni mucho menos por la supuesta bonanza que traerían las convenciones de empresas norteamericanas. Como Estado soberano podemos negociar con EU un tratado de doble tributación que tome en cuenta nuestros intereses como país de renta territorial, la importancia del centro financiero para nuestra seguridad y también nuestra responsabilidad para con los extranjeros que tienen aquí sus inversiones.
No es la primera vez que EU trata de imponernos este convenio. Trataron en los 80, trataron con Endara, después de la invasión, y su último intento fue durante el gobierno de doña Mireya Moscoso. Siempre fracasaron, porque hubo gente inteligente y patriota que supo decirle no a los norteamericanos. Y ¿qué pasó? Crecimos como nunca, obtuvimos grado de inversión, el Fondo Monetario Internacional nos reconoció como un centro financiero modelo, iniciamos la expansión del Canal y este año tenemos el presupuesto más grande de la historia. Y además de todo ello, mantuvimos en alto la dignidad nacional.
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