Agradezco la distinción que me ha hecho la Junta Directiva del Colegio al invitarme a participar en esta Asamblea General sobre un tema de vital importancia como lo es el de la firma de un Convenio para el Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos de América. Es muy natural que los más interesados en analizar las ventajas y desventajas un tratado que tenga que ver con intercambio de información fiscal, seamos los abogados, al igual que serían los agricultores los mas interesados en un tratado para el intercambio de productos agrícolas. Felicito a la Junta Directiva, y en especial a nuestro Presidente, don Carlos Vázquez por tan feliz iniciativa.
Es de conocimiento público, que nuestra economía de servicios representa mas del 75% de los ingresos de nuestro país. Por esto es que cualquier acto, llámese convenio, tratado o ley , que pueda afectar este sector esencial de la economía, debe ser estudiado y analizado a profundidad. Me preocupa que el gobierno nacional proceda a iniciar conversaciones con tan poderosa contraparte antes de haber realizado este indispensable estudio, preocupación que se agudiza con las declaraciones del embajador en Washington al diario La Prensa en el día de ayer de que, cito, “dará toda la información para que la gente pueda opinar con conocimiento profundo de lo que se ha avanzado hasta ahora”. Sobre lo que está en juego para nuestra economía me permito citar el editorial del diario El Panamá América, el pasado 28 de Enero, en el PULSO DE PANAMA, que creo resume magistralmente a lo que nos exponemos con estas negociaciones:
Tratado. El gobierno nacional ha tenido el tino de someter a amplia discusión nacional el proyecto de tratado de información sobre impuestos con Estados Unidos, de otro modo, habría asumido en solitario la responsabilidad histórica de destruir el más importante sector de nuestra economía, responsable de generar un tercio de toda la producción de la República y su principal fuente de obtención de dólares desde el extranjero.
Economía. Y sin dólares, sucumbimos, porque aquí no exportamos petróleo como Venezuela, ni cobre y frutas como Chile, ni ganado como Argentina, ni productos lácteos como Nueva Zelanda, ni una industria pesada como Japón. Y para colmo, usamos una moneda extranjera, que es una bendición, pero nos obliga a tener que ganarla en el extranjero. ¿Pero cómo conseguirla, si no producimos nada, excepto camarón, banano y servicios canaleros?
Infamia. Y los últimos no son insuficientes para obtener los dólares que necesitamos para importarlo todo. Nuestra balanza comercial es crónicamente deficitaria hasta el punto que cualquier país normal sucumbiría. Pero Panamá no es un país normal. Su robusto sector de servicios posibilita el milagroso equilibrio. Somos un país mágico y único, gracias a su antigua vocación de servicios al extranjero. Y eso es lo que está en juego con ese tratado infame.
Casualmente, en el día de hoy aparece en el diario La Prensa una noticia que es la confirmación de la nota que acabo de leerles. De acuerdo con la prestigiosa revista FOREIGN POLICY, Panamá es el país más globalizado de América Latina. En el Indice Global, dice la publicación, “Panamá marcó en el 28 lugar entre los 62 países encuestados. Alentador es el hecho de que en comercio internacional quedó ubicado en cuarto lugar, detrás de naciones tan fuertes como Singapur, Malasia e Irlanda. En este renglón estuvo por delante de la República Checa y Holanda.” Y mas adelante agrega: “La publicación ubica las fortalezas de Panamá, además de su Zona Libre, en el Canal, en tener la flota mercante más grande del mundo, ser el mayor centro bancario de América Latina y una plaza importante para compañías con operaciones de ultramar”.
Varias interrogantes nos plantean las circunstancias que tenemos por delante, y su correcta formulación y respuesta podrá ayudar a que analicemos con claridad los peligros y las bondades, si las hubiere, de un tratado de esta naturaleza con Estados Unidos. La primera y mas obvia de las preguntas a responder es, por supuesto:
¿Qué es un Tratado de Intercambio de Información Fiscal?
Como su nombre lo indica, se trata de un convenio que firman dos Estados para intercambiar información sobre las rentas que sus contribuyentes obtienen en el otro y determinar si están sujetas al pago de impuestos en el Estado que hace la solicitud. Tal solicitud sin embargo, no se limita a que el gobierno requerido, supongamos en este caso que sea el panameño, le informe al gobierno requeriente, supongamos en este caso hipotético que sea el norteamericano, que John Smith, ciudadano de este último país, reside en Panamá y tiene negocios aquí. El gobierno panameño no solo está obligado a investigar si tiene negocios aquí, sino que, además, está obligado a investigar a John Smith para determinar si tiene algún depósito en los bancos y si este depósito le produce intereses, si compró mercancía en la Zona Libre y la vendió en Sudamérica, identificar a quién se la compró, y solicitar al que se la vendió que presente copia de las facturas de venta y de costo para verificar si hubo una subfacturación. Al abogado que le constituyó una sociedad anónima, se le pedirá que declare sobre los pormenores de la misma y que aclare si el propósito de esa sociedad era el de refacturar las mercancías que se compraban en la Zona Libre u ocultar con ella un depósito efectuado en un banco de Panamá o de Suiza. En fin, se le darían al gobierno norteamericano los mismos poderes, y probablemente, más de los que tiene actualmente nuestra Dirección General de Ingresos para investigar a cualquier contribuyente, y también lo estaríamos autorizando para que sus funcionarios se trasladasen libremente a Panamá con el fin de supervisar y realizar mejor las investigaciones. Todo esto, por supuesto, sería cargado a nuestra costa.
La segunda pregunta, evidentemente, debe ser:
¿Se justifica que Panamá firme un Tratado de Intercambio de Información Fiscal con Estados Unidos o con cualquier otro país?
El proyecto de convenio para el intercambio de información fiscal presentado al gobierno panameño por Estados Unidos se refiere al intercambio de información fiscal entre las autoridades de los dos Estados, pero en la práctica tenemos que los sistemas fiscales de ambos países son conceptualmente diferentes. Para Estados Unidos, sus contribuyentes deben pagar impuestos por las rentas que obtienen no solo dentro de su jurisdicción territorial sino en todo el mundo. Esto significa que su territorio fiscal, en el concepto de ese país, es el mundo entero. Panamá, por el contrario, de acuerdo a su tradición histórica y a un principio internacionalmente aceptado, solo grava con impuestos las rentas que se producen dentro de su jurisdicción territorial, no así la renta que sus contribuyentes obtienen de fuente extranjera, que le corresponde gravar a cada Estado. Por esta sencilla y clarísima razón, a Panamá no le interesa en lo absoluto obtener información sobre las rentas que sus contribuyentes obtienen, por ejemplo, en Estados Unidos, y este es el motivo real por el cual Panamá, consecuente con su respeto por el principio de ingreso territorial y de la soberanía de cada Estado dentro de su jurisdicción fiscal, se ha negado consistentemente a celebrar tratados de información fiscal y de doble tributación con terceros países.
Continuemos con las interrogantes.
¿ Puede un país negarse a cooperar con otro para que este pueda cobrar los impuestos que sus contribuyentes evaden usando sus instituciones financieras?
Esta es precisamente la posición filosófica adoptada por Estados Unidos para justificar la firma por Panamá de un tratado de intercambio de información tributaria y la de aquellos panameños que lo defienden, los que, afortunadamente, cada día son menos a medida que se profundiza en el tema. Según la tesis norteamericana, nuestros bancos, nuestra Zona Libre, nuestro régimen de sociedades anónimas y los otros componentes de nuestros servicios financieros, no deben servir de vehículos para que sus contribuyentes dejen de pagarle impuestos por las rentas que obtienen en Panamá.
Esta posición, a primera vista, parece justa e innobjetable. Sin embargo si profundizamos un poquito en ella y nos salimos de los conceptos filosóficos para adentrarnos en el mundo de los hechos reales que se dan en las relaciones entre países y, dentro de esa fría realidad entramos en el terreno de la feroz competencia internacional por alcanzar ventajas competitivas y ganar mercados en todas las actividades económicamente rentables , dentro de las cuales los negocios financieros son un componente importante ( y que, por razones obvias son los que más le interesa defender a Panamá), y si además analizamos la forma en que Estados Unidos maneja sus relaciones internacionales, encontramos que esa tesis no tiene fundamento en los hechos.
En primer lugar, la evasión de impuestos no está catalogada por tratado internacional alguno como un crimen de lesa humanidad, como sí lo son el tráfico de drogas, el terrorismo, la corrupción y el blanqueo de capitales proveniente de este tipo de delitos. A propósito de esto último, Panamá se ha colocado a la vanguardia de esta lucha, lo que ha sido reconocido incluso por el GAFI al borrarnos de la lista negra de países no cooperadores. En nuestro afán de controlar el lavado de dinero, hemos llegado incluso a exigirle a los comerciantes de Zona Libre que conozcan a sus clientes y reporten las ventas en efectivo, como si fueran un banco más. Esto no pasa en Miami ni en los otros centros con gran movimiento de efectivo, como lo son aquellos Estados de la Unión fronterizos con México.
Es evidente, que la evasión de impuestos o el fraude fiscal no constituyen un crimen o una falta que perjudica a la humanidad, sobre todo cuando muchos economistas y numerosos líderes políticos consideran que el concepto de un impuesto universal no solo es algo intrínsecamente inmoral frente a la soberanía de cada estado sobre su jurisdicción territorial y representa una nueva forma de neocolonialismo fiscal, sino que es también contraproducente para la economía global.
Sobre este punto volveremos más adelante al tratar el tema de la competencia financiera desleal. Por ahora baste decir que Estados Unidos es el ejemplo típico de un país que no se cree obligado por principios morales a firmar aquellos acuerdos que perjudiquen sus intereses vitales. Dos ejemplos me bastan para destacar este punto: Uno, el del Tribunal Penal Internacional para juzgar a los que cometan delitos de lesa humanidad, como el genocidio. El otro, el protocolo de Kioto sobre el control de emisiones industriales para proteger el medio ambiente global. Como es sabido, Estados Unidos no firmó el primero porque consideró que no le era conveniente exponer a sus soldados a ser juzgados por un Tribunal extranjero y denunció el segundo porque según estudios que hizo el gobierno republicano del presidente Bush, presionado por el lobby de los industriales, si se aplicaban con severidad las normas de ese convenio, se vería perjudicada la economía del país. Sin embargo, estos dos convenios tienen un innegable contenido moral y son de indudable interés para la comunidad internacional. Por ello se levantaron muchas criticas a Estados Unidos por su negativa a firmarlos, críticas que encontraron también un eco en importantes sectores de la propia sociedad norteamericana. Sin embargo, el gobierno de Bush mantuvo su posición, fundamentado en que su obligación primordial era para con sus soldados y con su sector industrial. Con respecto a los primeros argumentó, con razón, que por estar Estados Unidos comprometido en el mantenimiento de la paz mundial, sus soldados se veían envueltos en conflictos en varias partes del planeta y que, por ello, podían ser acusados de violar derechos humanos por jueces extranjeros y que eso no lo podían permitir. Con respecto a lo segundo, alegaron que el costo económico de cumplir con esas normas era muy oneroso para su industria y no estaban en capacidad de afrontarlo. Entonces yo pregunto, ¿no tiene Panamá igual derecho de rechazar un convenio que afecta su sector financiero, el motor principal de su economía, y que es además un convenio que se sustenta en principios morales y económicos muy cuestionables?
La otra parte del presente argumento, fundado en realidades económicas, presenta varias aristas de contenido práctico que deben analizarse con detenimiento para determinar si detrás de las presiones a que nos vemos sometidos para firmar este convenio, pueda darse una oculta intención de hacernos menos competitivos en los servicios financieros internacionales que brindamos desde Panamá a toda la comunidad internacional.
Es sabido que a Panamá se le ha catalogado como Paraíso Fiscal por razón de su negativa a abandonar su sistema tributario territorial. Además, tenemos como política fiscal no cobrar impuestos sobre los intereses que pagan los bancos por los depósitos que en ellos colocan sus clientes. Y esta exención se aplica a todos los depositantes, sean estos panameños o extranjeros. Vale la pena señalar que esta misma clase de exención la tienen también en Estados Unidos, pero allí se aplica discriminatoriamente solo para los extranjeros no residentes y se extiende también a las ganancias de capital que estos obtienen en sus bolsas de valores. Por esta razón, se considera a Estados Unidos como el Paraíso Fiscal más grande del mundo. La magnitud de la inversión extranjera en este país, que no esta sujeta a impuestos, se calcula en la astronómica suma de entre 7 y 10 trillones de dólares ( en Panamá, los depósitos extranjeros en los bancos se calculan en la modesta suma de 7 billones, una cantidad mínima si la comparamos con los centros financieros del Caribe, donde Caimán tiene cerca de 800 billones y Bahamas cerca de 300 billones en depósitos extranjeros). Es importante anotar que, a pesar de tener Estados Unidos convenios de información tributaria con muchos países, solo al Canadá le brinda información sobre los depósitos de sus ciudadanos, no así al resto de los países suscriptores de los mismos. Con toda la información que antecede y que guarda relación con el tratado que se quiere que firmemos, pretendo llegar a un punto clave, y es que en enero del año pasado, el Internal Revenue Services, o sea el órgano recaudador de impuestos de Estados Unidos, le comunicó a los Bancos que operan en ese país que debían prepararse para dar información a todos los países que firmaron convenios de información tributaria con Estados Unidos, sobre los intereses que ellos pagaban a los nacionales de estos Estados, para que los mismos, a su vez, pudieran gravar con impuestos esos intereses. Permítanme decirles que esta comunicación causó un escándalo de proporciones inimaginables en la comunidad bancaria y política norteamericana. Entre las protestas más enérgicas destacaron las de los representantes del Estado de la Florida al Congreso y la del propio gobernador Jeb Bush, hermano del Presidente. De la carta de los airados congresistas al Secretario del Tesoro, citamos algunos párrafos:
“Les escribimos esta carta para expresar nuestra más profunda preocupación sobre la propuesta recibida.
Debido a que los pagos de tales intereses no están sujetos a pagar impuestos en EEUU, este nuevo requisito para los bancos no será de ningún beneficio financiero para los EEUU …De otra parte, la obligación de reportar, por razones que daremos mas adelante, traerá costos significativos para la nación entera. Por tanto, le solicitamos urgentemente que retire la propuesta, por lo menos hasta tanto se haga un análisis adicional de los costos y beneficios asociados con la misma.
Esa propuesta es contraria a la tradicional política del Departamento (del Tesoro) y del Congreso de estimular a los extranjeros no residentes a que depositen sus dineros en los bancos de EEUU, para que a su vez estos dineros puedan ser usados para estimular el crecimiento y desarrollo en este país. Estamos preocupados que adoptar esta propuesta pondrá a los bancos norteamericanos en desventaja con los bancos de nuestros competidores y resultará en un retiro significativo de depósitos extranjeros de los bancos de EEUU, lo que traerá como consecuencia que se reducirá el crédito disponible para las comunidades locales y para aquellos otros que tradicionalmente usan los prestamos bancarios como su principal fuente de crédito…El retiro de los depósitos extranjeros, particularmente en los casos de bancos pequeños y medianos, significará una reducción en los prestamos a empresarios locales, a propietarios de inmuebles y de negocios pequeños, lo que traerá como resultado una disminución en la fortaleza económica de las comunidades afectadas. En algunos casos, tendrá como resultado la desestabilización de los propios bancos….Tenemos entendido, además que ninguno de nuestros trading partners ha impuesto estos requerimientos en sus propias instituciones financieras. La adopción de estas reglas por tanto creará un nivel de competencia desleal que será motivo de la transferencias de depósitos que mencionamos.”
Permítanme abrir un paréntesis para referirme al editorial de ayer del semanario CAPITAL en el que analiza esta misma situación, pero desde la perspectiva de la Banca panameña. Dice así: “¿Que reacción tendrán los depositantes extranjeros si los banqueros establecidos en Panamá les dicen que van a dar información con fines tributarios a sus países de origen? No tenemos con exactitud la cifra del monto de los depósitos extranjeros en el centro bancario, pero algunos cálculos indicarían que pueden estar entre los $10.000 y $14.000 millones, y que se encuentra distribuidos en todo el sistema, es decir, banca oficial, banca local y banca internacional, todos los cuales, de una forma u otra, y por los vasos comunicantes existentes en el centro, irrigan la economía nacional.
Nadie puede dar una cifra de cuantos de estos depósitos podrían retirarse del país frente al mencionado anuncio, pero cualquier cifra representará un duro golpe al centro bancario y, por supuesto, a la economía, con la muy segura salida de varios bancos extranjeros y su repercusión adicional hacia el empleo y muchos otros pagos y gastos que realizan dentro del país”.
Retomando el tema de la reacción en Estados Unidos sobre la propuesta del intercambio de información fiscal, tenemos que el gobernador del Estado de Florida, Jeb Bush se unió a la protesta de los congresistas de su Estado, y en carta al Secretario del Tesoro, afirmaba:
(Las nuevas reglas) colocarán “a los bancos norteamericanos en una posición de desventaja con relación a los bancos del Caribe y de Europa…y dañaran seriamente la habilidad de los bancos norteamericanos de seguir atrayendo depósitos foráneos.” En otra carta al Secretario del Tesoro, Robert Brookes, presidente del prominente Eagle Bank de Miami, manifestó que el reglamento propuesto “podría acelerar retiros de entre 15 y 20 billones, solamente en Miami, de depositantes Latinoamericanos”.
Podría editarse un libro con las protestas y el escándalo que provocó la sugerencia del IRS y que, por supuesto, tuvieron como consecuencia lógica que la idea de informar a los gobiernos extranjeros sobre los depósitos de sus nacionales muriera en su cuna. Lo que para mi tiene relevante importancia en este affaire, es observar la forma tan enérgica como la sociedad americana protege su economía. Por ello, sinceramente, me dolió que la Comisión de nuestra Asamblea Legislativa que tiene que ver con los bancos, o nuestra propia Asociación Bancaria, no tomaran esas cartas de los congresistas de la Florida o las de los banqueros, las tradujeran al español, reemplazaran sus nombres por los de ellos, y se las enviaran a nuestro Ministro de Economía y Finanzas. Este affaire, que está tan bien documentado, es la mejor defensa que podemos oponer a EEUU para negarnos a firmar un tratado que pondría a Panamá en una posición de gran desventaja en el negocio financiero, tanto frente a los propios Estados Unidos como frente a los otros centros del Caribe y Europa. Estamos seguros de que si confrontamos al gobierno norteamericano con sus propios actos, éste no insistirá en poner a Panamá en la posición de desventaja que ellos mismos no aceptaron. No olvidemos que Estados Unidos debe su predominio mundial no solo a su poderío económico y militar, sino también al profundo y al singular sentido de justicia de su pueblo. Un eco de esta afirmación la encontramos en las airadas protestas que senadores y congresistas de la talla de un Don Nickles, Dick Armey y Phil Crane, han hecho publicas con relación a los centros financieros como el nuestro y en defensa de la competenica fiscal y de la privacidad financiera. Voy a citar algunos conceptos de la carta que en fecha reciente, el 9 de enero pasado, Crane le envió al Secretario del Tesoro, Paul O’Neill. En ella le pide información acerca de la iniciativa de la OCDE sobre el intercambio de información fiscal las cuales, en su opinión, representan un ataque artero a la privacidad financiera y mina el derecho soberano de las naciones de hacer sus propias leyes sobre privacidad e impuestos.
Crane le recuerda al Secretario O’Neill que Estados Unidos tiene cerca de 10 trillones de dólares de inversión extranjera en su economía, las cuales se verían en peligro de perderse si el país, se “convirtiera en informante de las autoridades fiscales de otras naciones”. También le pregunta al Secretario, y esta es una pregunta muy interesante, si ha investigado si “las presiones para que se de información fiscal puedan ser violatorias de los acuerdos internacionales de comercio”.
Crane, con gran sinceridad, le recuerda al Secretario que muchos Estados de la Unión “tienen leyes favorables, tanto impositivas como para la formación de sociedades, para atraer clientes en todo el mundo.
Estas leyes incluyen a menudo medidas estrictas de protección a la privacidad las cuales no serían permitidas bajo las propuestas de la OCDE y la EU. Esto provoca importantes preguntas acerca de la integridad y la viabilidad de nuestro sistema federal que ha servido tan bien a la nación. ¿Ha estimado su departamento si los gobiernos estatales se verían compelidos a cambiar sus leyes? Si no es así, ¿podría suministrar una lista de las leyes estatales que serían afectadas?
Mas adelante agrega Crane, lo siguiente
“Muchas jurisdicciones con bajos impuestos en nuestro hemisferio se ven amenazadas por la OCDE. Estas naciones y territorios han desarrollado sectores de crecientes servicios financieros que son fuente de trabajo y desarrollo. Pero este sector privado se verá afectado, o tal vez destruido, si el intercambio de información se convierte en la norma. ¿Ha estimado su departamento el impacto económico que tendría en nuestros aliados del Caribe? Si no es así, ¿podría suministrarnos un estimado en el incremento del crimen o de la inmigración ilegal como resultado de estas normas?
La competencia en impuestos debería ser aplaudida y no perseguida. Es una fuerza liberadora en la economía mundial, y ciertamente es una fuerza beneficiosa para América. El crear una «Red de Policía de impuestos global» es un asalto fundamental a la privacidad financiera y a la soberanía fiscal. Yo espero que usted se oponga a esas iniciativas, al igual que rechazó el llamado «Esquema de competencia de impuestos nociva» de la OECD y espero ansioso su pronta respuesta a mis preguntas.
Sinceramente,
Phil Crane
Miembro del Congreso”
Cabe hacernos una última pregunta y es esta :
¿Debe Panamá firmar un Tratado de Intercambio de Información Fiscal similar al de Suiza, el cual se limita a delitos fiscales reconocidos por ella (fraude) o debemos abstenernos de firmar Tratado alguno con Estados Unidos?
Algunos son de la opinión de que, por ser Suiza nuestro principal competidor en los servicios financieros, no deberíamos aceptar quedar en una posición de desventaja frente a este país en nuestras relaciones con Estados Unidos, y por lo tanto, por ningún motivo deberíamos firmar con Estados Unidos tratado alguno que no sea esencialmente igual al que tienen celebrado con Suiza.
Yo difiero de esa opinión y creo sinceramente que la relación de Suiza con EEUU no es de la misma índole que la que tenemos nosotros. Me explico:
Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, son por mucho, los centros financieros más grandes y mejor organizados del mundo. En los bancos suizos hay trillones de dólares depositados, mas de 200 veces el total de los depósitos foráneos en nuestros bancos. Los intereses que vinculan a Estados Unidos y Suiza están condicionados por ese factor. Por lo demás, los bancos y las enormes empresas industriales y farmacéuticas suizas tienen una presencia importante en Norteamérica. Esta realidad justifica el tratado celebrado por ambos países. Pero este no es el caso de Panamá. Según nos manifestó el encargado de negocios de EEUU en visita que le hicimos un grupo de abogados para tratar el tema, ellos tienen conocimiento de que hay muy pocos norteamericanos con depósitos en los bancos panameños, añadiendo que el tratado sólo lo habían propuesto porque era parte de la política general del Secretario del Tesoro, luego que le retirara el apoyo a la OCDE en su persecución contra los llamados Paraísos Fiscales. El también estaba bajo la impresión de que este tratado iba a ayudar a mejorar la situación de Panamá frente a los países que nos discriminan al imponer un recargo a las operaciones con los bancos panameños. Esto nos indica que no existe un interés fundamental de parte de EEUU para forzar a Panamá a firmar este tratado. Para mi es claro que los argumentos que aquí expongo serán suficientes para que no insistan en el mismo y para que, si no lo suscribimos, no tenga consecuencias negativas para Panamá.
Es obvio que la condición mas importante de una Nación, y también la del ser humano, es su dignidad. De allí nacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el respeto a los derechos fundamentales que tenemos como Estado, plasmados estos últimos en la carta de las Naciones Unidas. Como Nación que se respeta, como pueblo que aprecia su dignidad, Panamá no puede aceptar un tratado que no tiene un válido principio ético y que, además, perjudica de una manera notoria su economía. Más bien debemos convertirnos en los campeones de la lucha contra la imposición fiscal foránea, que como sabemos, no cabe en la globalización de la economía. Si fuera cierto que los países ricos quieren que la globalización sea el motor del desarrollo sostenible de la humanidad y no el nuevo instrumento perpetuador de la miseria que agobia al llamado Tercer Mundo, la imposición fiscal foránea es inaceptable. Si le decimos NO a Estados Unidos no sólo destruiremos totalmente los lesivos planes de la OCDE de destruir los centros financieros que no pertenecen a su Club, sino que con ello le daremos un gran apoyo a las fuerzas que dentro de los propios Estados Unidos están en contra de esta imposición evidentemente perjudicial, entre las cuales se destacan figuras de la importancia de un Milton Friedman, galardonado con el Nobel de Economía. Y ello, porque los tratados que está firmando Estados Unidos con los países del Caribe. (el más reciente, el de Bahamas) están sujetos a la condición de que antes del 2004, todos entremos al gallinero. No nos acobardemos. Panamá puede enfrentar esta lucha no solo porque tenemos la razón de nuestra parte sino también porque contamos con los medios para ganarle esta diferencia a Estados Unidos. Y estos son la verdad, la justicia y la razón. La verdad, porque el derecho de un país a cobrar impuestos por rentas que se generan en otro, va contra todo lo que se predica sobre la globalización de la economía y el desarrollo sostenible. La razón y la justicia, porque mal pueden los Estados Unidos pedirnos que hagamos algo que ellos mismos no han hecho. ¿Con que cara puede el negociador norteamericano decirle al de Panamá que ponga a su Banca en desventaja frente a la de ellos? Por otra parte, hay normas tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en los convenios de la OMC, que nos protegen contra las medidas que puedan tratar de aplicarnos si no firmamos. También nuestra economía nos permite tomar medidas de retorsión a los países que nos discriminan. No está demás recordar que Estados Unidos es un país respetuoso de las leyes, en donde se da mucho valor al fair play o juego limpio y no tendrían ninguna justificación de peso para castigar a Panamá si nos negamos a aceptar el tratado, aplicándonos un doble estándar inaceptable por inmoral . Y, créanme, el daño para Panamá si firma este tratado, será mucho más grande que las consecuencias de no firmarlo.
Para finalizar, quiero resaltar el hecho de que el nombre con el cual se ha titulado el proyectado convenio, Tratado de Intercambio de Información Fiscal, es erróneo e incorrecto en su forma y en su fondo, ya que Panamá, por las razones que he expuesto, no tiene información fiscal que intercambiar con ningún país, y por lo tanto no obtendría ninguna contrapartida válida con la firma del mismo. Por lo tanto, el nombre correcto y apropiado con el que se debe conocer ese proyecto es el de Tratado Mediante el Cual Panamá Concede a Estados Unidos Jurisdicción Fiscal sobre todo su Territorio.
En 1903, Buneau-Varilla suscribió a nombre de Panamá el Tratado del Canal, que dio origen, precisamente por las concesiones jurisdiccionales a Estados Unidos, a casi un siglo de luchas y sacrificios por parte de varias generaciones de panameños, con el fin de superar las causas de conflicto que con él se provocaron. Es de esperar que en los inicios del Siglo XXI y en vísperas del centenario de la firma de aquel funesto Tratado, los panameños no reincidan firmando otro tratado que sin duda dará origen a nuevas causas de conflicto entre los dos países, con las secuelas que la Historia, que debe servirnos de maestra, ya nos ha enseñado.
La Señora Presidenta, que siempre ha actuado con dignidad y nacionalismo, no puede permitir, como responsable constitucional de nuestras relaciones internacionales, que un Tratado como el propuesto se llegue ni siquiera a considerar, por lo que esperamos impartirá las instrucciones necesarias a las personas que corresponda, para que le comuniquen a Estados Unidos que Panamá no puede aceptar un convenio que pone en peligro la soberanía y el bienestar de la Patria.
Muchas gracias por su paciencia.
