Por la defensa del Centro Financiero

Adolfo Linares

Luego de que el Gobierno anunciara que, producto de la visita a París del presidente Ricardo Martinelli, Francia aprobaría –antes de finalizar el año– el convenio suscrito con nuestro país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; compromiso que reiteró, el pasado 14 de diciembre, el enviado del presidente Sarkozy, Damien Loras, vimos con sorpresa que ese mismo día la Comisión de Finanzas del Senado francés rechazó la aprobación de dicho convenio, por considerar que Panamá tiene lagunas y deficiencias en su ordenamiento jurídico en materia fiscal. Por tal motivo, se recomendó aplazar la aprobación, hecho que se produjo ayer, en la Cámara baja, pero ahora el texto pasará al Senado.

Esta táctica no es más que un vil chantaje que tiene como precedente el que nos hiciera Estados Unidos cuando exigió que se firmara un acuerdo de intercambio de información, en vez de uno para evitar la doble tributación, como condición previa para la ratificación del TPC. Panamá cedió, y el TPC se ratificó varios meses después. Ahora Francia quiere hacer lo mismo.

Vemos con preocupación, cómo la política de Estado establecida originalmente por la Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros de Panamá, apoyada por el Gobierno nacional y el sector privado, de negociar y suscribir únicamente tratados para evitar la doble imposición se ha venido modificando, producto de las presiones que recibe el Gobierno de la OECD. En un principio, al negociar y suscribir un acuerdo para la cooperación y el intercambio de información en materia de impuestos con EU y, ahora, cuando el Gobierno se plantea la posibilidad de negociar y suscribir convenios para el intercambio de información tributaria con otros países, además de EU, a pesar de que estos acuerdos no representan ningún beneficio a nuestro país. Como si fuera poco, el Gobierno analiza la posibilidad de eliminar o restringir las acciones al portador para, de esa forma, supuestamente evitar que a Panamá los países miembros de la OCDE y del Foro Global le impongan sanciones económicas.

A manera de aporte, y con todo el respeto que se merece, quisiera sugerirle al ministro de Economía, encargado de este tema desde que era viceministro de Economía, quien hasta ahora mantiene una posición digna y patriótica en defensa de nuestros intereses nacionales –sobre todo con la posición que mantuvo ante Francia–, que no ceda ante las presiones de firmar convenios para el intercambio de información y se mantenga con los convenios para evitar la doble imposición, como hace Singapur, con quien nuestro país suscribió un convenio para evitar la doble imposición.

En el sitio web de la OCDE https://www.eoi-tax.org/jurisdictions/SG#agreements se señala que Singapur, a la fecha, tiene 71 convenios fiscales y todos son para evitar la doble imposición. En muchas ocasiones, el presidente Martinelli ha dicho que Panamá es el Singapur de las Américas. Pues, empecemos a tener la valentía y dignidad de aquel país y no firmemos convenios que nos perjudican.

Igual debo decir en cuanto al tema de las acciones al portador. Tras la implementación de la Ley 2 de 2011, Panamá ha dado serios y decididos pasos para afianzar las medidas que permitan conocer al cliente, en cuanto a agentes residentes de entidades jurídicas se refiere, lo que incluye la identificación de los verdaderos tenedores o dueños de las acciones al portador, por tanto, elaborar un proyecto de ley para eliminarlas o restringirlas sería un gran error. Me atrevo a decir que ningún país miembro de la OCDE, en especial Francia y EU, tiene normas tan estrictas como las que tenemos en Panamá.

La DGI puede confirmar el número de intercambios efectivos de información que ha llevado acabo, producto de la implementación práctica de los convenios firmados. Recomiendo la lectura del informe de la OCDE titulado Tax Cooperation 2010 Towards a Level Playing Field – Assessment by The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Entre las Pág. 176 a 188 se establece que, actualmente, 19 de los 34 países miembros o integrantes de la OCDE permiten la emisión de acciones al portador. Estos países son: Alemania, Austria, Canadá, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Israel, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rep. Eslovaca, Suiza y Turquía. ¿Con qué cara Francia y los otros miembros de la OCDE se atreven a pedirnos que hagamos algo que ellos no han querido implementar? Recordemos que Panamá debe mantenerse en la negociación de convenios para evitar la doble imposición, de acuerdo a nuestros intereses y siempre que nos ofrezcan ventajas económicas adicionales; así se convertirían, junto con los tratados de libre comercio, en nuestra mejor carta de presentación y en vehículos para la atracción de capital e inversión extranjera.

Ese es el camino.