Se equivocaron de destinatario

Por Eduardo Morgan G.

Publicado en La Estrella de Panamá

Abril 6, 2014

Leyendo el extenso informe del FMI (Fondo Monetario Internacional) sobre Panamá, me vino a la memoria la anécdota del general Torrijos y el embajador norteamericano, cuando éste le lee la extensa misiva del Departamento de Estado regañándolo por el anuncio de que Panamá reanudaba relaciones diplomáticas con Cuba. Al terminar la lectura el embajador entrega la nota al general y éste se la devuelve diciéndole: ‘Está nota no es para mí. Seguro es para el gobernador de Puerto Rico. Panamá, como país soberano e independiente, tiene derecho de escoger a sus amigos’.

Esto ocurrió en 1975 y algo similar se repite en el 2014. Leyendo los 38 puntos del resumen ejecutivo del extenso informe (tiene 349 páginas), me doy cuenta de que el FMI se equivocó de destinatario. El destinatario es, sin duda, EE. UU., con un especial énfasis en el Estado de Delaware.

El informe se refiere al cumplimiento de los estándares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Reitero que se equivocaron de país, porque Panamá es un ejemplo para el mundo en el manejo correcto de sus bancos e instituciones para evitar que sean usadas para cometer delitos.

Pareciera que el trabajo de los funcionarios del FMI que visitaron Panamá partió de premisas equivocadas. El extenso documento, hace énfasis en la falta de estadísticas relacionadas con casos de lavado de dinero del narcotráfico y de operaciones sospechosas que los bancos reportan a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Es claro que el negocio de la droga produce más de 350 billones de dólares, pero también que estas enormes sumas de dinero en efectivo, se generan en los mercados de consumo, EE. UU. y Europa. A países de tránsito, como es Panamá, llegan exiguas cantidades en efectivo para pagar a los que cooperan en el traslado de la droga. Las estadísticas que no menciona el FMI son las cantidades de cocaína que se incautan en Panamá anualmente.

En los últimos años hay un promedio de más de 50 toneladas. Por supuesto que los billones del negocio se quedan en las últimas etapas del tráfico: los traficantes mejicanos y sus invisibles socios en EE. UU. De EE. UU. salen las transferencias bancarias a Colombia, realidad que está documentada por el FINCEN, que lo explica en su sitio web con el nombre de Colombian Black Market Peso Exchange (Mercado negro de Pesos Colombianos). Los dólares del narcotráfico se transfieren desde EE. UU. a casas de cambio colombianas y éstas los venden a su vez a empresas de ese país para pagar el costo de sus importaciones desde EE. UU. Los importadores pagan a las casas de cambio en pesos colombianos, que son los mismos que reciben los Carteles y con los que pagan a sus colaboradores. Los dólares de la mafia mejicana se invierten en el mercado norteamericano y muy poco regresa a Méjico. Otra vez, lo necesario para pagar a quienes colaboran en los Carteles.

Las otras estadísticas que no menciona el FMI son los costos millonarios que gastamos en la lucha contra las drogas. Más de mil quinientos millones en los últimos cuatro años para desalentar a los carteles de que sigan usando nuestro territorio como punto de paso. Y a esta suma hay que agregarle los costos que representa tener a un porcentaje altísimo de nuestra fuerza pública, persiguiendo el tráfico de drogas en lugar de estar cuidando a nuestra población: los costosos juicios a los narcos y el costo de mantenerlos en nuestras cárceles. Asimismo, sumar el costo de no hacer negocios legítimos por los estrictos controles que imponemos para que nuestros bancos no sean usados para blanquear el dinero de la droga, y de otros delitos.

Nuestro sistema de sociedades anónimas y personas jurídicas está amparado con la publicidad registral y la obligación legal de conocer y documentar al beneficiario por los agentes residentes. Este sistema lo están tratando de copiar los países de la Unión Europea y EE. UU., donde ha sido notorio el fracaso de la iniciativa del senador Carl Levin para que se apruebe la ley de conocer al cliente.

La otra estadística que debió ver el FMI es la de que los dineros mal habidos se encuentran en bancos europeos y norteamericanos, en éstos se habla de billones de dólares procedentes de delitos. El FMI debe hacer un inventario de las multas que ha impuesto el gobierno norteamericano a bancos en su territorio por escandalosos casos de lavado: Abacha, Marcos, la mafia Rusa, la mafia mejicana, entre otros y enterarse de las historias —muy bien documentadas— de periodistas y académicos sobre cómo les fue imposible formar compañías o abrir cuentas en Panamá sin que les pidieran información fidedigna de los beneficiarios de unas u otras. Ha debido también citar el reconocimiento público que el Departamento del Tesoro, mediante nota del 18 de abril de 2011, hace a Panamá de que, con la Ley 2 de 2011, nuestro país cumple con los estándares internacionales de identificar al beneficiario de las acciones al portador.

Por último, hay que mencionar un estudio que acaba de publicarse con el título de ‘Global Survillance of Dirty Money: Assesing Assessments of Regimes to Control Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism’. Vale la pena que nuestras autoridades lean este estudio, ordenado por el propio FMI a un grupo de expertos, y en el que se reconoce el fracaso de la política de esta institución y sus causas (mal orientadas) y se limiten a enviárselo al FMI con la frase del título de este artículo: ‘SE EQUIVOCARON DE DESTINATARIO’. (Tanto el estudio como la nota del Departamento del Tesoro pueden ser vistas en www.eduardomorgan.com o en los sitios del FMI y del Departamento del Tesoro).