Minería responsable

Inocencio Galindo de O.

Es comprensible la preocupación de ambientalistas e indígenas, por las modificaciones al Código Minero.  Por ser la minería actividad de alto impacto, es necesario que se desarrolle con responsabilidad, conforme a los más altos estándares y con la adecuada fiscalización.

Lo que es incomprensible e irresponsable, es la manipulación y la desinformación transmitida por ciertos opositores sobre el contenido y fin de la nueva ley. Algunas opiniones en los medios evidencian intereses políticos mezquinos; otras muestran conocimiento superficial de las reformas. Esto ha generado protestas violentas como el injustificado ataque al vice ministro Carles, quien acudió ante los manifestantes de manera pacífica.

Mi conclusión del análisis de la Ley 8 de 2011 es que propicia el desarrollo de una minería responsable, por lo que deseo aclarar algunos aspectos.

1.  Es incorrecto afirmar que su propósito es permitir o incentivar la minería a cielo abierto. Bajo el Código Minero original esta actividad se permitía y se venía dando en Panamá pero con requisitos mucho más laxos que los incluidos en las reformas en cuanto a fiscalización por las autoridades competentes, multas aplicables por violaciones a los contratos o a las normas, cánones y regalías pagaderas en concesiones de exploración o explotación, etc.

2.  No es cierto que el Gobierno está regalando territorio panameño a gobiernos extranjeros.  El texto de la Ley 8 es claro, no permite que gobiernos extranjeros adquieran el dominio (la propiedad) de territorio nacional–ni de tierras, ni del subsuelo.  Las modificaciones al Código Minero mantienen la prohibición de otorgar concesiones a gobiernos extranjeros o sus instituciones.  Adicionalmente, la Ley 8 regula el financiamiento por entidades de gobiernos extranjeros y aclara que no recibirán, en garantía, terrenos de propiedad del concesionario; y que las concesiones deberán permanecer en manos de empresas privadas.  

3.  Se afirma que al permitir que entidades de gobiernos extranjeros inviertan o financien estos proyectos, Panamá estaría en riesgo de una disputa con un gobierno extranjero ante el cual no nos podremos defender.    De ser esto  así, no hubiésemos podido financiar la expansión del Canal de Panamá, ni numerosos proyectos públicos y privados financiados por entes multilaterales o de gobiernos extranjeros; ni emitir bonos en mercados internacionales por temor de que empresas de gobiernos extranjeros inviertan en ellos y, por dicha vía, adquieran poder sobre nuestro país; u otorgar concesiones de servicios públicos a empresas en las que participen gobiernos extranjeros como en el caso de los puertos y la electricidad.  Es importante destacar que aunque la Ley 8 permite que entes de gobiernos extranjeros inviertan en concesionarios mineras, los concesionarios deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado bajo las normas panameñas, renunciando a la reclamación diplomática, y sometiéndose a las leyes de Panamá, aplicando en todo caso nuestra legislación sobre medidas de retorsión.

4.  Se afirma que es un gran negocio para unos pocos y que el Estado recibirá migajas.  Falso.  La Ley 8 establece el pago de una regalía de 5% para proyectos de cobre, cuando anteriormente era 2% — ¡un incremento de 150%!  Mediante la regalía el Estado recibirá el 5% de la facturación de la empresa—es decir, el 5% se aplica antes de que la empresa deduzca sus gastos operativos, financieros y demás.  El Estado cobrará además impuestos sobre la renta, actualmente de 30% para la minería.  Lo anterior representará miles de millones de dólares en ingresos que estarán disponibles para obras y programas de asistencia social; generará miles de empleos durante la construcción y operación de los proyectos, y del desarrollo de infraestructuras que luego pasarán al Estado.  Con respecto al proyecto cuprífero de Minera Panamá en la Provincia de Colón, se estima que, a los precios actuales, la regalía aplicable para el Estado supere los 125 millones de dólares anuales; bajo la reforma, unos 50 millones de dólares al año se destinarán a las comunidades y 25 millones al año a fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. 

Aun cuando entiendo que siempre habrá sectores opuestos a la minería, recomiendo leer  con mente fresca la nueva ley. Una lectura objetiva de la misma nos demuestra que la norma no hace más que mejorar el marco legal aplicable a esta actividad fortaleciendo las entidades gubernamentales que la fiscalizan, incrementando las multas, mejorando las normas de fiscalización en el tema ambiental y sobre el cierre de las minas, incluyendo a los grupos indígenas en las decisiones sobre proyectos de desarrollo en las comarcas, e incrementando las regalías y beneficios para el Estado y las comunidades.  El análisis sereno evitará enfrentamientos innecesarios y costosos para la paz social.