Por el Dr. Terry Dwyer,

Dwyer Abogados

Canberra, Australia

El derecho de los habitantes a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado y no se expedirán Órdenes, sólo en el caso que exista causa probable, apoyada por juramento o protesta y describiendo con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o cosas a incautarse.

Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos

Toda persona tiene derecho a ser protegido contra registros o incautaciones irrazonables.

Acta Constitutiva Canadiense de Derechos y Libertades

La Privacidad como un derecho humano

El concepto de privacidad como un derecho humano yace enterrado profundamente en la historia europea. La civilización europea se inició con la cristianización de las tribus bárbaras que se asentaron en las ruinas del Imperio Romano.

Para la mente medieval, que colocó a los hombres como hermanos en Cristo según Dios, el concepto del derecho divino de los reyes era una blasfemia. Un rey tenía gran poder, era poderoso en la tierra, pero estaba sujeto a la ley, incluyendo la ley de Dios. Los Papas y barones podían defender los derechos de la Iglesia o a los súbditos del Rey, al insistir en su adhesión a la ley o su destronamiento mediante el retiro de lealtad si el Rey no enmendaba sus costumbres. El juramento de lealtad tomado por reyes siempre se basó en la reciprocidad. El Rey protegería a sus súbditos y confirmaría sus derechos y les haría justicia. Ellos, a su vez, podrían adorarlo, rendir lealtad y verdadera obediencia. Cada uno tiene su posición en la vida y los reinos no fueron burocracias unificadas, sino se formaron de los diversos estados del reino.

En este esquema, el rey no tenía derecho arbitrario de tomar la propiedad de sus súbditos, invadir sus casas y exigir su dinero, salvo si era dispuesto por la ley, y teniendo en cuenta el consentimiento de los gobernados. En la ley Inglesa, “el hogar de cada persona era su castillo”. Así, el punto de vista medieval de la fiscalidad fue que era fundamentalmente una ayuda, subvención o subsidio a la Corona, dada como un regalo por los Comunes a la Corona, por lo general como resultado de alguna emergencia.

El antiguo principio de la ley Inglesa fue que el rey debe vivir «por su cuenta». El rey no necesitaba tomar el dinero de sus súbditos e invadir sus casas para ver la cantidad de oro que habían enterrado bajo el suelo. Todo lo que el Rey tenía que hacer era recolectar sus rentas feudales.

Esto debía ser suficiente para gobernar el país.² La visión medieval fue que el Rey era el dueño subyacente de las tierras y recursos naturales del país, que eran de su propiedad y que debía dejar la propiedad privada en paz. Si el pueblo entregaba algo de dinero al Rey era por su libre consentimiento como contribuyente voluntario, no como esclavos o siervos.

Sin embargo, como reconoce Blackstone, las tierras de la Corona y sus ingresos feudales fueron saqueados gradualmente por intereses privados en el primer gran movimiento de privatización, empezando por Enrique VIII y a través de los Cercamientos hasta la expulsión de las Tierras Altas.

Después de haber perdido sus ingresos feudales y de haber perdido la capacidad de atender a los pobres en las tierras de los comunes o de la Iglesia, los monarcas Tudor y Stuart recurrieron a más y más impuestos. Como el Papa en Roma dejó de tener poder para sancionarlos, los monarcas, tanto católicos como protestantes, afirmaron cada vez más que eran los ungidos de Dios con el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados o los parlamentos y, más ominosamente, que no estaban por encima de la ley. «El estado soy yo» de Luis XIV  representa el absolutismo, que rompió los límites de la monarquía medieval y hace hincapié en la verdad que «donde quiera que termina la ley, la tiranía comienza» (una verdad vista con claridad espantosa en el siglo XX en la centralización del poder judicial en el Gobierno en manos de dictadores como Mussolini, Hitler y Stalin).

La reacción a las afirmaciones de la soberanía absoluta de los monarcas, iniciada por primera vez en Inglaterra por Enrique VIII, fue la Guerra Civil y la Revolución de 1688. Francia tenía que esperar otro siglo por una revolución mucho más salvaje en respuesta a los soberanos más absolutos, pero no antes de que las colonias americanas de Inglaterra se revelen contra las nociones de la soberanía absoluta del Parlamento.

¿Qué tiene todo esto que ver con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Norma de Información Común?

Bueno, si se piensa en ello, una barbaridad. Las reacciones del siglo 17 y 18 en contra de la monarquía absoluta fueron fundamentalmente medievales. Fueron una afirmación de los derechos humanos fundamentales del súbdito y estaban a punto de establecer límites hasta dónde los reyes podrían privar a los súbditos de sus derechos o propiedad. John Locke, por ejemplo, se remonta a conceptos medievales cuando se refiere a los derechos naturales de la persona y propiedad fundados sobre el don del Creador de autonomía de la persona humana y el ejercicio por parte de dicha persona de sus derechos por los frutos de su mano de obra.

Así, el siglo XVIII trató de restaurar las barreras medievales contra el poder absoluto de los reyes, estableciendo en su contra el poder de los parlamentos elegidos por la gente común.

Desafortunadamente, se olvidaron una cosa. Los Gobiernos, ya sea Reales, Republicanos o Parlamentarios, todos requieren dinero. Los antiguos derechos de la Corona sobre los ingresos de la tierra después de haber sido privatizada, algo debían hacer para restaurar los ingresos públicos. El enfoque lógico era sustituir un impuesto a la tierra como se hizo en Inglaterra después de 1689. Pero eso nunca se hizo correctamente y nunca se ajustaron por la inflación.

La tributación ahora se volvió normal, en lugar de ser una ayuda extraordinaria o subsidio a la Corona dada por el pueblo.

Los que habían defendido los derechos del súbdito contra la Corona y en contra de la monarquía absoluta pensaron que habían asegurado los derechos del súbdito sobre su privacidad y propiedad, al exigir que los impuestos sólo pudieran percibirse con el consentimiento de los parlamentos representativos. La Constitución de los Estados Unidos, incluso fue más allá y fortaleció los derechos de las personas mediante su inserción en la Constitución y prohibición de leyes ex post facto, proyectos de ley de proscripción y sobre todo exigiendo en la Cuarta Enmienda la protección a la privacidad de los papeles personales de cada uno.

Pero estimaron mal.

Lo que no previeron fue el surgimiento del absolutismo democrático, el estado de vigilancia fascista totalitario con poderes otorgados por los votantes mendicantes o timoratos. La historia ha demostrado que la tiranía no se limita a las monarquías.

Cuando los impuestos estuvieron representados por los impuestos especiales sobre las necesidades comunes de la vida, junto con los impuestos sobre los lujos, y muy poco de los impuestos se gastaron en beneficios en efectivo para la población, el requisito del consentimiento de los gobernados funcionó bien para restringir los impuestos excesivos o la invasión de derechos humanos. Todas las clases de la sociedad prefirieron un gobierno económico y limitado. La gente respetable se habría escandalizado con la idea de que los gobiernos podrían mirar rutinariamente sus correos o sus cuentas bancarias sin su permiso.

Así, los acuerdos constitucionales del siglo XVIII, llevaron naturalmente a la financiación Gladstoniana.

Fue el surgimiento del estado moderno de bienestar de masas iniciado por Bismark a fin de obligar a las clases trabajadoras al nuevo trono imperial del Segundo Reich, y más tarde se adoptó en el mundo anglo-estadounidense como consecuencia de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que cambió la dinámica de la legislación fiscal. Como el número de beneficiarios del gasto público y de beneficios de transferencia en efectivo o en especie aumentaron, más y más gente vio los impuestos incrementales como una carga menor que el beneficio potencial del apoyo financiero. A menudo cualquier sentido de culpa moral fue mitigado por la reclamación fraudulenta que los esquemas intergeneracionales no financiados de Ponzi eran «seguros».

Esta tendencia se aceleró desde la década de 1970 y aumentó con la precarización de las relaciones de apoyo a la familia en las sociedades occidentales, ya sea entre cónyuges, entre padres e hijos en edad o entre padres e hijos.

Parcialmente esta tendencia se vio favorecida por el hecho de que muchos impuestos están enterrados o parecen estar perdidos en algún lugar y no a cargo de alguien en particular (el IVA es un ejemplo importante); en parte se debió a la idea cada vez más poderosa que siempre es posible hacer que alguien más rico que tú pague por ti. Como indicó un Canciller Canadiense de Hacienda «en su experiencia de fiscalidad, y fue considerable, sólo había un impuesto verdaderamente popular – el impuesto al otro compatriota.»

De ahí que los parlamentos han cambiado gradualmente en más de 100 años de ser protectores de los derechos humanos de los contribuyentes a ser uno de los ofensores más groseras contra esos derechos. Pero para ser justos con los parlamentos, gran parte de esto ha sido inconsciente. La mayoría de los políticos no son más que los siervos de sus burocracias. Existen burocracias para mantener el proceso. El proceso sólo puede permanecer si más y más dinero ingresa para permitir a los políticos a seguir sobornando a los electores con su propio dinero. Por tanto, los políticos se vuelven cada vez menos aprensivos acerca de la bendición de los mayores poderes siempre buscados por sus supuestos servidores públicos de «proteger los ingresos».

Por lo tanto, en las principales economías, la progresiva consolidación en serio desde la década de 1930, la legislación nacional ha atacado esquemas de evasión fiscal y trató de convertir lo que era la evasión legal en una especie de evasión de impuestos cuasi prescrita y proscrita.

Los Parlamentos y Tribunales han buscado conscientemente a desdibujar las líneas afiladas de responsabilidad para crear tierras de nadie legales donde los contribuyentes temen pisar. Esto, por supuesto, es la antítesis de la ley y un repudio del principio eminentemente lógico que ningún hombre debe ser privado de su propiedad excepto mediante palabras claras e inequívocas consagradas en la legislación promulgada como su consentimiento considerado por sus representantes.

Sea como fuere, hasta la década de 1990 esto fue en gran medida una cuestión de debates jurídicos y de política tributaria nacional. Estas cosas ocurrieron a nivel nacional y, al menos en teoría, en un contexto de responsabilidad nacional de los gobiernos y parlamentos hacia sus ciudadanos o súbditos.

Sin embargo, con el lanzamiento de la publicación de la OCDE sobre Competencia Fiscal Perjudicial en 1998 se abrió una nueva dimensión.

Parece justo decir que desde 1998 se ha ejercido violencia extraordinaria a las normas tradicionales del derecho internacional y soberanía nacional en materia de tributación.

En particular, la consigna de la Revolución Americana de «no hay impuestos sin representación» se ha puesto de cabeza.

Se les dice a los países soberanos que «ustedes nos ayudarán a recaudar los impuestos que reclamamos sobre las actividades dentro de sus fronteras» – e independientemente de su derecho interno o sus principios constitucionales incluyendo cualquier principio de los derechos humanos.

Así, las reglas de larga data y lógicas de la doble incriminación, de la no aplicación de las leyes de ingresos de otros países y el respeto de las leyes nacionales sobre la privacidad y confidencialidad, han sido atacadas por organismos de «expertos» internacionales, no elegidos, designados de varias burocracias fiscales. De alguna manera, estos organismos no electos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Foro Global de Impuestos, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional se han elevado a sí mismos para convertirse en los amos de los gobiernos soberanos. Son ellos los que ahora establecieron las denominadas «normas internacionales» que los países soberanos tienen el propósito de cumplir, en áreas que van desde la ley de incorporación, derecho fiduciario, ley de propiedad personal, ley bancaria, ley de privacidad y ley tributaria.

Con una facilidad asombrosa, y un éxito que probablemente los ha asombrado tanto como los generales alemanes estaban asombrados por el éxito de la Wehrmacht contra Francia en 1940, estos clubes internacionales de burócratas, con la asistencia de entusiastas y, cabe sospechar, claques periodísticos informativos seleccionados, han montado olas de miedo público y resentimiento por la guerra contra el terror y la crisis financiera mundial en pro de sus objetivos.

Han ocultado hábilmente la realidad de que estas supuestas nuevas «normas internacionales» están surgiendo como una guerra relámpago inexplicable y casi imparable contra la soberanía de las naciones y los derechos humanos de sus súbditos.

El esfuerzo más reciente de la OCDE para el intercambio automático de datos fiscales que se concreta en la llamada Norma de Información Común ³ y aprobada por el G20 es un asalto a los derechos humanos tan audaz y atrevido como podría imaginarse.

Al encaminar el debate lejos del escrutinio interno en los parlamentos nacionales y al servicio de los resultados de una agenda pre-orquestada de nuevo hacia los parlamentos nacionales a través de los decretos de la OCDE, un representante del organismo de burócratas no electo y ni siquiera nombrado por los parlamentos y uno con aún menos legitimidad que la Comisión Europea, las burocracias fiscales internacionales han tratado con habilidad esquivar todos los requisitos y procesos constitucionales nacionales internos. El proceso se ha vuelto aún más desagradable al ser incorporado hábilmente en las agendas del G-20. ¿Qué  líder de gobierno o qué ministro de Finanzas mirará cuidadosamente un tema de la agenda que le promete ingresos fáciles de alguna olla de oro en el extranjero y el apoyo incondicional de la prensa?

Si, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos dijeran abiertamente a su electorado que están pasando la legislación para obtener información completa sobre todos los activos financieros y los ingresos de todos los estadounidenses con el fin de entregárselo a cualquier gobierno extranjero en cualquier país donde cualquier ciudadano estadounidense podría elegir vivir, uno puede imaginar que un buen porcentaje sustancial del electorado o el Congreso podría empezar a pensar en la Constitución y la Declaración de Derechos. Del mismo modo, si el gobierno canadiense hiciera abiertamente lo mismo, uno podría imaginar a los abogados diciéndoles a los contribuyentes que la Acta Constitutiva Canadiense de Derechos y Libertades podría tener algo que decir sobre el asunto. Del mismo modo, uno podría imaginar que la ciudad de Londres podría decirle algo al Gabinete Británico.

La singular belleza de los políticos de tener la Norma de Información Común de la OCDE aprobada por el G20 es que los políticos como el presidente Obama o el Primer Ministro, David Cameron, simplemente pueden decir que, si bien puede ser deplorable, es necesario y no se puede tomar acción unilateral y el gobierno debe verse como un «buen ciudadano internacional».

La Norma de Información Común de la OCDE según lo aprobado por la G20 es, pues, uno de esos puntos de inflexión inadvertidos en la historia. Si tiene éxito y no se le pone resistencia, por primera vez en la historia humana, con el tiempo cualquier gobierno será capaz de realizar un seguimiento de la riqueza financiera personal de cada uno de sus ciudadanos.

Lo que se ha popularizado en los medios de comunicación como un ataque necesario sobre los evasores de impuestos anti-sociales empieza a verse muy diferente si se considera que las minas de oro de información se están creando para los políticos sin escrúpulos que tratan de exprimir a sus críticos, para las bandas criminales que planean el robo de identidad y buscan cuentas objetivo para el hackeo en línea, o para los secuestradores que buscan objetivos rentables. De hecho, es sorprendente que los gobiernos occidentales con grandes burocracias nacionales y grandes instituciones financieras con cientos de miles de empleados parezcan tan indiferentes sobre los incentivos que se están creando para la infiltración o la corrupción de su personal. No hace mucho tiempo la Mafia Rusa sedujo y usó mujeres empleadas del Banco de Nueva York para el blanqueo de miles de millones.

Existe una gran preocupación y reacción contra la vigilancia masiva del gobierno, sin orden judicial o supervisión judicial, sobre las comunicaciones de los ciudadanos. Las revelaciones hechas por WikiLeaks y Edward Snowden sobre el alcance del hackeo del gobierno en comunicaciones privadas no sólo han molestado sino sorprendido y enfurecido a la gente. La reacción quizá no ha sido tan salvaje como era de esperar debido a que muchas personas se sienten incapaces de oponerse en la era de terror y podrían pensar que por lo menos algo de la vigilancia tenía un propósito socialmente útil, es decir, anticiparse a los asesinos. Sin embargo, cuando uno compara esto con el acceso del gobierno a todas las cuentas financieras de todos los ciudadanos, las cosas se ponen serias en efecto. Si los gobiernos pueden intervenir teléfonos móviles, una vez que conocen los números de cuenta, ¿por qué no pueden hackear las cuentas financieras? ¿Por qué no pueden embargar bienes antes de que se emitan las órdenes? ¿Por qué no pueden asegurarse de que las personas que tienen cargos de  delitos de cualquier tipo se vean privados de los medios para montar una defensa en los tribunales?

Todo el concepto de rendición de cuentas y la transparencia se han puesto de cabeza.

En lugar de que los gobiernos sean responsables ante los que los eligen y pagan por ellos y ser transparentes para que sus jefes, la gente, puedan ver lo que están haciendo, la persona privada se está haciendo responsable y sus asuntos transparentes para los burócratas sin rostro. La idea que los asuntos públicos son públicos y los asuntos privados son privados (y no son asunto de nadie más) se ha invertido y pervertido.

Resistencia Práctica

Resistencia nacional

Así como en el siglo XVII y XVIII, habían hombres valientes que se atrevieron a hablar en contra de los abusos de poder, y en contra de las doctrinas de la monarquía absoluta o la soberanía absoluta de los parlamentos representativos, por lo tanto podemos esperar que otros ahora se levantarán y señalarán la realidad obvia de que todo esto no es más que un recrudecimiento viscoso y resbaladizo del totalitarismo – la doctrina que el ciudadano existe para el Estado.

Con suerte los grupos de libertades civiles se darán cuenta de que la «guerra contra las drogas», la «guerra contra el terror» y cualquier otra guerra política se han transformado en una guerra contra las libertades civiles básicas y en una guerra contra los contribuyentes y una guerra contra la privacidad básica.

Resistencia externa

Mientras tanto, hasta que las burocracias internacionales no electas que no rinden cuentas se ponen en cintura, se espera que la resistencia sea liderada por algunas naciones y jurisdicciones nacionales dándose cuenta por fin de la violencia de las llamadas nuevas normas internacionales hacia su soberanía, los derechos de sus ciudadanos, así como el daño potencial a su bienestar económico.

Muchos centros financieros extraterritoriales entienden que los clientes privados a menudo tienen razones fiscales no legítimas para querer colocar los activos en estructuras anónimas. Creen, pues, que la divulgación de impuestos no disminuirá necesariamente su atractivo. Se equivocan.

Los clientes privados en los principales países de la OCDE saben que incluso la planificación fiscal lícita a menudo será atacada tan vigorosamente como la evasión abierta o no divulgación. También saben que la divulgación de impuestos puede negar o destruir las otras ventajas buscadas por la colocación de activos en el exterior.

Por ejemplo, si un patriarca o matriarca de la familia es arrastrado a una pelea legal sobre la legitimidad de una estructura financiera particular en el exterior, la ventaja que él o ella trataron de obtener por tener una estructura anónima protegida de acreedores potenciales o reclamaciones de herederos decepcionados puede negarse.

Fundamentalmente muchos centros offshore parecen no darse cuenta de que sus sectores de servicios financieros se encuentran bajo una amenaza muy real. Algunos parecen querer consolarse con la idea de que habrá suficiente trabajo corporativo para compensar la pérdida de trabajo de clientes privados. Tal vez los ataques a Irlanda y Luxemburgo pueden estar levantando el velo de sus ojos.

Resistencia Legal

Sin embargo, a menos que y hasta que la opinión nacional y los países o jurisdicciones bajo ataque, desde Andorra por Delaware y Liberia, fuercen un cambio de política, los asesores fiscales, en particular los abogados, van a tener que repensar la naturaleza de la planificación fiscal internacional de los individuos.

Fundamentalmente, la legislación fiscal es ahora irrelevante.

El verdadero problema es la protección de la privacidad de los clientes. Los abogados fiscales están regresando a lo que eran en el siglo XVII, defensores principales de los derechos humanos fundamentales.

Sir Frederick Pollock observó que la historia de la ley Inglesa de tierras fue una historia de la lucha del gobierno por crear un registro público de la propiedad de la tierra y la resistencia exitosa de los propietarios de tierras a cualquier registro. Así Enrique VIII fracasó en su intento de destruir fideicomisos y donde el registro de la titularidad se adoptó, como en Australia y Nueva Zelanda, se aprendió a coexistir con los intereses beneficiosos no revelados.

Observando la Norma de Información Común de la OCDE como un abogado, una cosa se ​​destaca. No tiene sentido. Nunca define lo que es la propiedad. Debido a que está tratando de ser todo para todas las autoridades fiscales, intenta crear un sistema de información que incluye tanto la propiedad beneficiosa y el control como si fueran una sola y la misma cosa. Eso, por supuesto, es un disparate jurídico.

La norma supuesta indica que “El término “Control de Personas” se refiere a las personas físicas que ejercen control sobre una entidad. En el caso de un fideicomiso, dicho término se refiere al fideicomitente, los fideicomisarios, el protector (si lo hay), los beneficiarios o clase de beneficiarios, y cualquier otra persona física que ejerza un control efectivo final sobre el fideicomiso, y en el caso de una disposición legal que no sea un fideicomiso, dicho término se refiere a las personas en posiciones equivalentes o similares. El término «Control de Personas» debe interpretarse de una manera consistente con las Recomendaciones del GAFI».⁴

Esto es tan claro como el barro. Cualquier abogado señalará rápidamente que los fideicomisarios son quienes «controlan» y es la Corte quien los controla a ellos. También señalan que el Fideicomitente puede estar muerto o desaparecido y ni siquiera se conocen a un protector o beneficiarios. ¿Qué se entiende por otras disposiciones legales?

Si «Control» es la prueba en materia de fiscalidad, entonces el Secretario del Tesoro de Estados Unidos debe pagar impuesto sobre la totalidad del presupuesto de Estados Unidos. Un abogado pregunta ¿qué quiere decir con propiedad? ¿Qué quiere decir con control? ¿Qué pasa si el control es común? ¿Qué pasa si el control se delega? Su Majestad es la Reina de la Commonwealth de Australia, pero prácticamente todos sus poderes se han delegado desde 1901 a su Gobernador General nombrado (aunque ella todavía puede ejercerlos personalmente cuando se encuentra en el país). Sin embargo, el Gobernador General a su vez tiene que actuar en el consejo de su Primer Ministro, quien a su vez tiene que contar con el apoyo de su Gabinete y una mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿quién tiene el control?

En cuanto a la «propiedad efectiva», la supuesta norma dice “El término “Titular de la Cuenta” se refiere a la persona indicada o identificada como el titular de una Cuenta Financiera de la Institución Financiera que mantiene la cuenta. Una persona, que no sea una Institución Financiera, con una Cuenta Financiera en beneficio o por cuenta de otra persona como agente, custodio, nominado, signatario, asesor de inversiones, o intermediario, no se trata como propietario de la cuenta para efectos de este Anexo, y esa otra persona se trata como propietaria de la cuenta”.⁵ Este intento de sustituir a los propietarios efectivos por propietarios legales parece que tendrá casi tanto éxito como lo tuvo el Estatuto de Usos de Enrique VIII al tratar de hacer lo mismo mediante la ejecución del fideicomiso.

Si la propiedad es la prueba para la fiscalización, Su Majestad es por ley la última propietaria de toda la tierra de la Commonwealth de Australia. Sin embargo, ella ha concedido todo tipo de títulos sobre la tierra, de pleno dominio a arrendamiento perpetuo a arrendamiento condicional a licencia. A su vez aquellos a quienes ella las ha concedido han creado arrendamientos, fideicomisos u otras licencias sobre sus tierras. Entonces, ¿quién posee la tierra?

Cuando uno mira a la riqueza de la ley y la sutileza infinita de sus conceptos y la capacidad de mezclar y combinar el contrato, fideicomiso y otras doctrinas legales para lograr el resultado que el cliente quiere, se ve que los burócratas de la OCDE sufren el vicio habitual de los economistas fiscales (puedo decir esto con conocimiento – teniendo un doctorado en economía de la Universidad de Harvard).

Ellos han asumido simplemente que los conceptos económicos de la propiedad y el control son cosas objetivas simples que existen en la naturaleza. Del mismo modo que no se dan cuenta que la palabra «ingreso» requiere una definición precisa y no tiene sentido sin un medio para especificar de quien son los ingresos o de donde surge el ingreso, por lo que la Norma de Información Común de la OCDE se enfrenta a un dilema fundamental.

Si se solicita la propiedad efectiva, puede que no haya ninguna, como en un fideicomiso totalmente discrecional o un fideicomiso con un propósito, como una obra de caridad.

Si se solicita control, puede haber muchos controladores.

Si se piden ambos, puede obtener sobreabundancia. Por ejemplo, un fideicomiso puede elaborarse para las clases de personas privadas, para instituciones públicas y para fines de beneficencia pública.

Un fisiócrata o discípulo de Henry George puede estar muy feliz de crear un fideicomiso para beneficiar no sólo a sus hijos, nietos y bisnietos, sino también al estudio de la tributación racional y en relación con ello proporcionar beneficios a dichas oficinas de impuestos nacionales que estén dispuestas a abolir los impuestos sobre el trabajo y el capital en favor de la recaudación de ingresos públicos de la tierra y otros recursos naturales de la nación.

Esto no es imaginario. Los fideicomisos han sido creados por personas patriotas dispuestas a permitir que sus fideicomisarios beneficien no sólo sus familias, sino a la nación como un todo. ¿Quién es el beneficiario en estos casos?

Sin embargo, mejor dejo de señalar problemas lógicos y deficiencias ya que la supuesta norma indica que “Una jurisdicción debe tener normas y procedimientos administrativos en el lugar de garantizar la aplicación efectiva de, y cumplimiento con, los procedimientos de información y de debida diligencia antes expuestos incluyendo … las reglas para evitar que cualquier Institución Financiera, persona o intermediario adopten prácticas destinadas a eludir la presentación de informes y los procedimientos de debida diligencia”⁶

En inglés simple, esto se traduce a «no sabemos lo que estamos haciendo, pero pensamos que debe hacerlo como nos gustaría que lo haga (si hubiéramos pensado en ello) y si no adivinas correctamente lo que queremos decir con “debe”, debe ser castigado”.

Esa arrogancia es impresionante. Por supuesto, los ciudadanos particulares podrán tomar todas las medidas que puedan para proteger su privacidad. Tienen todo el derecho de hacerlo y tienen todo el derecho de obtener los servicios de abogados al hacerlo. Es un antiguo principio constitucional de la ley Inglesa que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Igualmente los ciudadanos y abogados no tienen la obligación de cumplir con los requerimientos vagos sin formar en los pechos de los burócratas -. Lex non promulgata non obligat (una ley no publicada no obliga).

La corrupción del gobierno constitucional

Lo que es tan inquietante acerca de la supuesta Norma de Información Común es la corrupción de los principios jurídicos que se encuentran en el centro del gobierno constitucional y limitado. Se exige que las leyes internas sobre la Tierra de cada país deban hacerse para cumplir con edictos de un grupo de burócratas anónimos que no rinden cuentas y que los derechos y libertades antiguas deben dar paso a las exigencias de la OCDE y sus burócratas patrocinadores de varios tesoros nacionales.

El dicho “el poder corrompe, el poder absoluto tiende a corromper absolutamente” fue de Lord Acton. Pitt el Viejo recordó antes a John Locke y dijo algo similar “el poder ilimitado se encuentra apto para corromper las mentes de aquellos que lo poseen, y esto lo sé, mis señores: que donde termina la ley, empieza la tiranía”.⁷

La Norma de Información Común es un ejemplo de la corrupción del debido proceso en manos de un club mundial de burócratas sin límites por las leyes de cualquier nación o tradiciones constitucionales.

Para volver a lo básico, uno puede preguntarse ¿qué derecho legal o moral un país, país A, tiene que decirle a otro, país B, que el país B debe ayudar el país A, recolectar el impuesto sobre la renta o utilidades o ganancias que pudieran producirse en el país B, sólo porque las rentas o ganancias pueden pertenecer a un residente del país A o, aún más remotamente, a una empresa o fideicomiso en el país B de propiedad, controlado o financiado por ese residente del país A? ¿Qué Ley Divina o Ley de la Naturaleza puede decirse que para la propuesta que extendió el impuesto sobre la renta «basado en la residencia» es la «norma» que todas las naciones y los pueblos deben cumplir? ¿Qué pasó con la soberanía territorial? No sólo los ciudadanos de ambos países, sino el soberano del país B deberían estar ofendidos por tal presunción.

Personalmente, viendo a los políticos tanto como un servidor público dentro y fuera de una sala de gabinete y como abogado y votante prefiero inclinarme a la idea de que el poder absoluto confunde absolutamente. Admiré al Senador (Senador Harradine) al que serví que en realidad era tan sabio (y raro) como para no quererlo.

Tal vez el último juicio que la historia le hará a la norma de información común es que para tener toda la información que le gustaría a su disposición es garantizar que usted realmente no sabe nada.

Hacer un pajar grande reduce en lugar de incrementar su probabilidad de encontrar la aguja.

La información no es ni ciencia, ni sabiduría.

Puede ser perfectamente inútil y en el mundo real de asuntos humanos, donde las respuestas de comportamiento son posibles, los edictos de arriba a menudo son inútiles.

Los abogados optan por la propiedad y el control y los buenos abogados no son nada si no son creativos. Al igual que los grandes abogados de propiedades del siglo XVII fueron pioneros en el desarrollo de los asentamientos sobre latifundios, por lo que, se confía que la profesión de abogado se elevará a la defensa de los legítimos derechos de la privacidad y la propiedad. Uno puede sin duda pensar en varios métodos para enviar la búsqueda de la «propiedad» o «control» en dirección de la caza de un quark metafísico.

En esto, los abogados tienen una gran responsabilidad. Sus talentos de hecho pueden ser buscados por personas nefastas que buscan llevar a cabo empresas criminales. Pero si los abogados se adhieren a las tradiciones propias y nobles de la profesión y se limitan de acuerdo con la ética legal y básica para la obtención de los derechos de los ciudadanos que simplemente están buscando asegurar su privacidad y seguridad, los abogados tendrán nada por qué pedir disculpas y deberán ser reconocidos como los defensores de los derechos humanos más básicos.

Tal vez algunos dirán, no nos preocupamos por estos asuntos. La OCDE y G20 tenían y tienen agravios históricos legítimos contra los abusos practicados o tolerados por los centros financieros extraterritoriales y seguramente la OCDE y G20 han llegado al final de sus demandas contra otros condados y las libertades de sus propios ciudadanos. Tal argumento nos recuerda un discurso pronunciado en 1938⁸ por un ex Canciller de Alemania.

Sin embargo, ignorar las provocaciones de la OCDE y su asalto implacable en los conceptos básicos del derecho internacional, soberanía y libertades y derechos de sus propios ciudadanos es confundir la naturaleza fundamentalmente totalitaria de la Norma de Información Común.

Deben perdonarse los notables fracasos de las naciones de la OCDE en frenar su gasto derrochador, sus redes entrelazadas corruptas de influencia entre los bancos y los gobiernos rescatados y sus fracasos en aumentar los ingresos de sus propias tierras y recursos naturales. La Norma de Información Común es sólo una parte de «La Gran Mentira» en la cual la evasión fiscal en el extranjero es culpable de los problemas fiscales de muchos países de la OCDE.

El triunfo de este totalitarismo no es inevitable. La resistencia no será inútil.

A veces, uno sólo tiene que decir «No». Pero incluso si aparece el mal de una red integrada a nivel global de los Estados de supervisión, y el cual abarca desde los regímenes abiertamente autoritarios como Rusia a jurisdicciones supuestamente basadas en los «derechos humanos» (tal como EEUU pretendió ser), tenemos al menos un consuelo. Simplemente no va a funcionar. Pero al igual que todos los experimentos desastrosos en la historia humana, desde el Terror de la Revolución Francesa hasta la caída del Imperio Bolchevique, este experimento causará un sufrimiento innecesario y sería mejor que se ponga fin a la misma cuanto antes, en lugar de su triste conocimiento de lo que suceda más tarde.

NOTAS FINALES:

1. La doctrina se remonta a 1300 y fue pronunciada por Sir Edward Coke, en el caso de Sernayne (1604). La doctrina es el origen de la Cuarta Enmienda de la Declaración de Derechos de Estados Unidos.
2. Es interesante que los estados petroleros más o menos a menudo han sido capaces de hacer esto. De las grandes economías, Rusia en una manera curiosa ha vuelto a nacionalizar los ingresos petroleros como una parte importante de sus ingresos públicos, pero no se ha invertido, en los cargos de la tierra o alquiler, otras privatizaciones sucias de tierra y otros recursos naturales.
3. https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-financial-account-information-common-reporting-standard.pdf
4. Norma de Información Común p39
5. Norma de Información Común p41
6. Común p Norma de Información 42
7. Caso Wikes, Discurso (9 de enero de 1770)
8. 26 de septiembre 1938, https // www.greatspeeches.net / 2013/05/adolfhitler-no-more-territorial-demands.html