Dr. Eduardo Morgan Jr.
Febrero 2009
La inclusión de Panamá en discriminatorias “listas negras” de algunos países, con la excusa de que según la OCDE somos Paraíso Fiscal, no se ajusta a la realidad. Panamá no posee ninguno de los componentes que citó la OCDE para validar dicha calificación en el estudio titulado HARMFUL TAX COMPETITION-AN EMERGING GLOBAL ISSUE (en sitio web de la OCDE); y no es del interés de Panamá, como lo exigen para eliminarnos de sus listas, firmar Tratados de Intercambio de Información Fiscal ya que no necesitamos información de rentas en otros países. Lo que realmente se persigue, y es precisamente lo que busca la OCDE, es que nos obliguemos a dar información sobre los depósitos en nuestros bancos a los países de su Club y a identificar, para ellos, los beneficiarios de nuestras sociedades anónimas y servicios.
Si esto llegara a pasar, sería la ruina total del sector más importante de nuestra economía y la desaparición de Panamá como Centro de Servicios Internacionales (Centro Bancario, Zona Libre, registro de Barcos, oficinas de abogados, etc.). Y esto es, precisamente, lo que persigue la OCDE que, temerosa del potencial de nuestro país, e impotente ante la imparable globalización y los avances tecnológicos de la comunicación, pretende socavar ese potencial. Sobre todo, porque sufren la pérdida de confianza en sus Centros Financieros, una vez descubierta la rampante inmoralidad con que manejaron sus finanzas apadrinados con la complicidad de sus bien pagados 2500 funcionarios y de su flamante Secretario General.
Panamá posee condiciones privilegiadas propicias para convertirse en el Singapur del hemisferio occidental; en un verdadero centro (Hub) de la economía mundial. Entre ellas, nuestra posición geográfica, el Canal, importantes puertos en ambos mares, 5 cables ópticos globales, un sistema fiscal moderno, democracia probada, sociedad en armonía y libre de discriminaciones, y a salvo de catástrofes naturales. Además, y muy importante, cuenta con un componente humano que ha probado ser del primer mundo, ampliamente demostrado en la eficiente operación del Canal.
No tenemos porqué someternos a las sinrazones del Secretario General de la OCDE ni a sus caprichos. Panamá no debe seguir el ejemplo de los pequeños países y jurisdicciones coloniales que sí lo han hecho para recibir, a cambio, la bendición y el título de países cooperadores. Si estamos en listas negras (todas son anteriores al año 2000, con excepción de la del Ecuador emitida en el 2008) es por la falta de acción de nuestro gobierno de aplicar la Ley de Retorsión, o de denunciar a esos países ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por discriminaciones contra Panamá, violatorias de las reglas de la OMC.
Aunque parezca un contrasentido, la defensa de nuestros servicios hay que hacerla internamente, en Panamá. Porque el problema no son los otros países sino nuestro gobierno que no actúa como lo que somos: un verdadero país, con un verdadero centro de servicios global, y una historia de luchas por sus derechos y su dignidad. Y que es simplemente ridículo tenerle miedo a la OCDE y a su Secretario General. Vale hacer notar que EE.UU., Inglaterra, Francia China, Japón, amén de otros países importantes, no nos tienen en listas discriminatorias. Y también, que tanto Rusia como Ucrania, que también nos discriminaban, tuvieron que dejar de hacerlo porque fue nuestra condición para darles la aprobación en sus procedimientos de ingreso a la OMC. En otras palabras, les aplicamos la retorsión, que es todavía regla de oro en las relaciones internacionales. Es incomprensible que nuestro gobierno siga dándole a empresas de países que nos discriminan, no solo la posibilidad de participar en la magna obra del Canal, sino en los más grandes contratos de obras públicas otorgados en los últimos años. Y que nuestro Presidente siga perdiendo el tiempo en gestiones personales ante los Presidentes de los países con listas negras. La opinión pública por conducto de innumerables asociaciones (Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Asociación de Abogados Internacionales, Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Asociación de Fiduciarias de Panamá) le han manifestado a nuestro gobierno que la hora de la diplomacia ya pasó. En carta del 21/5/2008 la Asociación Bancaria urge al presidente Torrijos la aplicación de la Ley de Retorsión. Es lo que corresponde hacer como país digno.
10 de febrero de 2009
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