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Por Roberto Brenes P.
La Prensa
Agosto 7, 2015
La semana antepasada fue para la historia. Los panameños nos pronunciamos, con indignación y solidaridad, ante lo que consideramos los abusos y atropellos de la FIFA –el establishment futbolístico mundial– contra nuestra selección nacional. Lo que más sal echó a la herida fue que esas medidas y abusos vienen de una organización cuestionada en su legitimidad y su honestidad. Ese sentimiento total de repudio y vergüenza probó que no nos gustan las trampas ni los tramposos. Pero, lo que los panameños deben saber es que iguales o peores abusos se perpetran contra nuestro sistema financiero y fiscal por parte de una organización igualmente ilegítima y deshonesta, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), que tampoco respeta las reglas del fair play.
En la persona de mi amigo, el abogado Gian Castillero, coinciden dos duras realidades. Una, la de ser dirigente de la Liga Panameña de Fútbol, que para poder jugar con el resto del mundo tiene que someterse a los dictados y caprichos de la FIFA con las consecuencias e inconsistencias que todos los panameños vivimos la semana pasada. La otra realidad de Castillero es ser el jefe negociador de Panamá ante la OECD, la que decidió que para jugar en el campo de los negocios mundiales, Panamá debe someterse a reglas arbitrarias, discriminatorias y desiguales.
La labor de Castillero, en uno y otro caso, no es muy diferente: lograr que se nos trate, primero, con respeto al sistema jurídico y, luego, con reglas comunes e iguales. De la misma manera, el respeto recíproco y la racionalidad de las reglas dependen en buena medida de la legitimidad y la verticalidad de quien pretende imponerlas.
En el caso del fútbol hemos tenido de primera mano una lección intensa que no es relevante repetir aquí. Pero es necesario abundar, para educar y advertir a todos los panameños sobre las consecuencias de las pretensiones de la OECD. Para empezar, debemos decir que esa organización, a pesar de estar compuesta por muchos de los países más importantes del globo, no está amparada en ninguna ley, convenio y ni siquiera adscrita a las Naciones Unidas. Es una organización de mucha pompa, pero dedicada a ser el policía de los sistemas tributarios del mundo, y busca imponer reglas de falso fair play a naciones cuyos sistemas tributarios y fiscales no se alinean con los que ella considera correcto.
El sistema de Panamá, como un país de régimen fiscal territorial, que solo grava lo que se genera a lo interno –tanto para panameños como extranjeros– es visto por la OECD como pernicioso, porque permite que ciudadanos de otras jurisdicciones eviten las enormes cargas fiscales que los países de la OECD recargan a sus ciudadanos. Esas cargas se destinan mayormente a sostener frondosas burocracias que, irónicamente, no ayudan a generar crecimiento ni desarrollo, sino todo lo contrario. Con razón los ciudadanos de esas jurisdicciones buscan alejar el dinero, legítimamente ganado, de esa vorágine de ineficiencia y populismo.
Pero lo más irritante y peligroso de las medidas de la OECD es que no son aplicadas de forma igual. A Panamá, por ejemplo, se le ha forzado a eliminar su sistema de acciones al portador, con la excusa de que es una fuente de evasión fiscal. Sin embargo, con países como Liberia, un súbdito de Estados Unidos, importante miembro de la OECD, se hacen de la vista gorda respecto a que los registros navieros de ese país mantengan acciones al portador. Esta diferencia crea una competencia desleal en el negocio de abanderamiento de naves, muy importante para nosotros. Así, en Liberia una “mano” es solo un dedo y aquí, todo el brazo.
Aun así, Panamá intenta jugar y nivelar el campo, y que lo diga el amigo Gian. Tenemos a nuestro lado el derecho internacional y el principio inalienable de ser un país soberano. Pero jugamos con un campo inclinado hacia el gol del contrario y con la versión francesa de Mark Geiger en la persona de Pascual Saint-Amans.
Muy importante: la gran diferencia entre las consecuencias del mal fair play de la FIFA y de la OECD es que en uno nos podemos quedar sin medallas, y en el otro nos quedaríamos sin economía. Como en la Copa de Oro, debemos cerrar filas y salir a ganar para defender nuestra integridad económica.
Por Adolfo Linares
Diario La Prensa
Julio 24, 2015
DERECHO INTERNACIONAL
Panamá no es un paraíso fiscal, tampoco una excolonia europea sino un país independiente y soberano y, como tal, no debe aceptar las imposiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No existe razón legal en el derecho internacional público para hacerlo, y la verdadera razón de la OCDE es convertirse ellos en los reguladores fiscales del mundo para imponer sus intereses, acabar con la competencia fiscal y mantener un Estado gordo e ineficiente, en el que los únicos beneficiados serían tanto la “casta” de burócratas nacionales como internacionales.
Un país no puede ser obligado, coaccionado o chantajeado, vía listas negras, para firmar algo en contra de su voluntad –ver Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales y la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas–, de forma que aceptar las imposiciones de la OCDE sería ir contra los intereses del pueblo panameño. Se estaría violando nuestra Constitución y lesionando gravemente a los ciudadanos panameños y extranjeros residentes, puesto que se afectarían garantías fundamentales básicas, como el debido proceso, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la información y privacidad de esta; además de mediatizar la soberanía nacional por el hecho de entregar el control de nuestra economía y fiscalidad a la OCDE. Esto sería peor que el Tratado Hay-Bunau Varilla, que hipotecó nuestra soberanía al crear la Zona del Canal, pero con el agravante de que en esta ocasión el que firmaría no sería un francés y no se daría en la clandestinidad, con credenciales espurias, ni bajo la excusa de que sin esto la independencia hubiera fracasado.
El legado político del gobierno que ceda ante la OCDE, y ahora ante la Unión Europea, ya sea este o el que venga, significaría tirar por la borda todo un esfuerzo generacional del pueblo panameño por alcanzar nuestra total independencia y soberanía, que pudo concretarse en 1999 con la reversión del Canal, lo que significó el despegue de nuestro crecimiento sostenido. Además, el aumento sistemático y anual de la inversión extranjera directa (IED), a diferencia de las economías de la OCDE que están en crisis por tener gobiernos gordos e ineficientes, alimentados con altas tasas impositivas.
Si Europa quiere convertirse en un “infierno tributario” ese es su derecho, pero lo que no podemos permitir es que nos señalen de ser “paraíso fiscal” por no tener tasas confiscatorias como ellos, ya que un principio fundamental del derecho internacional es que el diseño de la economía y fiscalidad es un tema exclusivamente interno de cada país.
Ceder ante la OCDE es comprometernos a legislar para generar pobreza nacional, además se estaría defraudando todo el movimiento nacionalista por ser dueños de nuestro propio destino, sin presiones ni exigencias de nadie. Movimiento que pudiera rastrearse desde el incidente de la tajada de sandía, en 1856; la formación de Acción Comunal, en 1923; el rechazo a artillar la Marina Mercante, solicitado por Estados Unidos, en 1941, que le costó la Presidencia al Dr. Arnulfo Arias; la siembra de banderas de 1959 en la Zona del Canal; el rompimiento de relaciones exteriores con EU, en 1964; el rechazo de los tratados tres en uno, en 1967; la firma de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977, y otra serie de expresiones y logros nacionalistas con los que el pueblo ha expresado que quiere ser dueño único de su propio destino. Esta es una aspiración legítima a la que no podemos renunciar.
No fue sino hasta 1999 cuando finalmente pudimos, como nación, tomar control de nuestro mayor activo, la posición geográfica. Basado en este y buscando la forma de exponenciar los beneficios a todo el país, se ha diseñado en el transcurrir del tiempo nuestra economía y fiscalidad, de la misma forma que los países de la OCDE, en su gran mayoría industrializados y con régimen fiscal de renta mundial, han diseñado la suya. Ellos tienen su derecho de hacerlo y nosotros el nuestro, así de sencillo.
Lo que pretende la OCDE es que la economía y fiscalidad de Panamá se diseñen no para beneficiar al pueblo, sino a los Gobiernos miembros de esa organización, y eso es inaceptable. Si cedemos, el desarrollo del país ya no dependerá de nosotros, sino de la OCDE y eso sería catastrófico.
Es importante tener presente que la única defensa y protección de los países pequeños, como Panamá, ante el bullying de las naciones grandes y poderosas es exigir el respeto del derecho internacional público, que se implementó precisamente para evitar los abusos que en el pasado sufrieron los países pequeños ante los “imperialistas”, uso este término no por ser seguidor del socialismo del siglo XXI, nada más lejos de la verdad, sino porque la evolución del derecho internacional se originó para evitar que la Europa colonial, junto con el advenimiento de Estados Unidos, como potencia mundial, abusaran de los países pequeños.
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RESOLUCIÓN No.
(De 22 de julio de 2015)
Por la cual la Asamblea Nacional apoya la política exterior del Gobierno Panameño
LA ASAMBLEA NACIONAL,
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
CONSIDERANDO:
Que el pasado 17 de junio la Comisión Europea puso en marcha un plan de acción para relanzar la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea.
Como medida de presión se publicó una lista negra paneuropea de paraísos fiscales, en la que figuran treinta países o territorios considerados como “no cooperadoras en materia fiscal”, entre los cuales está la República de Panamá.
Que la República de Panamá en materia de cooperación internacional, ha firmado acuerdos para evitar la doble tributación con al menos diez países de la Unión Europea.
Que el gobierno de la República de Panamá, mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015 adoptó medidas para prevenir el blanqueo de capitales, entre otras cosas aumentando el catálogo de delitos precedentes lo cual demuestra nuestro compromiso de mejorar la legislación en materia financiera.
Que la República de Panamá no tiene porqué firmar tratados sobre información fiscal, cediendo a presiones internacionales, los cuales significarían la claudicación de la soberanía fiscal y el debilitamiento de nuestro centro financiero, con graves repercusiones a la imagen país.
Que la Asamblea Nacional rechaza de manera categórica la inclusión de nuestro país en listados de paraísos fiscales.
RESUELVE:
- Rechazar el comunicado emitido por la Unión Europea, en el cual declara a nuestro país como no cooperador en materia fiscal.
- Apoyar las acciones tomadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, en respuesta al comunicado emitido por la Unión Europea, el cual a la fecha ha sido rechazado por los Reinos de España y Países Bajos.
- Repudiar la posición adoptada por la Comisión Europea y exigir la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores en materia fiscal, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva.
- Enviar copia de la Resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, para que se haga llegar la presente comunicación a los representantes de la Comisión Europea.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil quince.
El Presidente,
H.D. Rubén De León Sánchez
El Secretario General,
Franz O. Wever Z.
La flota panameña representa el 18.5% del tonelaje de registro bruto mundial y el segundo en el ‘ranking’ figura con 7.5% menos que Panamá
El MSC Oliver, de la empresa Mediterranean Shipping Company (MSC), se registró en la Marina Mercante de Panamá. La Prensa/Archivo
Hasta mayo pasado, el registro de naves de Panamá ocupaba el primer lugar con 8 mil cinco naves, mientras que Liberia, el competidor más cercano, tenía 3 mil 45 embarcaciones, según IHS Global.
Si se mide por cantidad de embarcaciones, la cifra de los registros que tiene Liberia representa solamente un 38% de la flota mercante panameña, según esta firma.
Lo anterior aparece en un informe enviado por el administrador de la AMP, Jorge Barakat, a la junta directiva de la institución para aclarar la información sobre disminución del registro panameño.
El 30 de junio de 2014 el registro panameño tenía 8 mil 138 embarcaciones con más de 100 toneladas de registro cada una, según el informe de ese momento de la AMP.
La flota panameña representa actualmente aproximadamente el 18.5% del tonelaje de registro bruto mundial, entre tanto, el segundo en el ranking figura con 7.5% menos que Panamá.
Durante los seis primeros meses de 2014, el registro de naves panameño inscribió 608 embarcaciones; mientras que en el mismo período de 2015, se registraron 602.
Con esto se demuestra, dice el informe, un comportamiento muy similar tanto en términos de número de naves como en tonelaje, ya que se dio un crecimiento en tonelaje del 2% en 2015.
Igualmente se establece que en términos de crecimiento del registro, durante el primer año de gestión del gobierno 2009-2014, se denota un crecimiento de 252 naves, cifra derivada del comparativo entre las naves abanderadas frente a las canceladas dentro del mismo período.
Haciendo el mismo ejercicio con la actual administración, se observa un crecimiento de 326 naves. Por lo tanto, dice el documento, se observa que las políticas empleadas en este primer año de gestión han resultado efectivas en el fortalecimiento de la confianza de los usuarios en el registro.
De acuerdo con la administración, el mayor compromiso que mantiene el registro panameño con el sector marítimo es la mejora continua en la calidad del servicio. Para ello, preparan una propuesta de modernización del registro panameño que incluye la tecnificación del personal por medio de capacitaciones y la flexibilización de tramites sin menoscabo de lo exigido en los convenios internacionales.
También plantea una reestructuración interna, adecuación de las plataformas electrónicas ya existentes y adquisición de nuevas herramientas tecnológicas que optimicen el funcionamiento del registro.
Indica el informe enviado por la administración a la directiva que como primera fase se están revisando los actuales procedimientos para hacerlos más flexibles, pero siempre garantizando la seguridad de la vida humana en el mar, seguridad de la navegación y protección del medioambiente marino.
La segunda fase corresponde a reingeniería de la existente estructura organizacional del registro.
Aunque la estrategia de modernización incluye otros aspectos, el detalle de la propuesta lo presentará la administración a la directiva en la próxima reunión.
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Por Adolfo Enrique Linares Franco
Panamá no es un paraíso fiscal, tampoco una ex colonia europea sino un país independiente y soberano y como tal, no debe aceptar el intercambio automático de información fiscal no solo porque no existe razón jurídica o legal desde el punto de vista del derecho internacional público que nos obligue a hacerlo, ya que un principio fundamental del derecho internacional es que el diseño de la economía y fiscalidad es un tema exclusivamente interno de cada pais y a esto es lo que la OCDE quiere cambiar para convertirse así ellos en los reguladores fiscales del mundo para imponer de esta forma sus intereses, acabar con la competencia fiscal y así imponer sus políticas de un estado gordo e ineficiente donde los únicos beneficiados sería la «casta» de burócratas nacionales como internacionales y esto no puede aceptarse.
Como lo he reiterado en varias ocasiones, un pais no puede ser obligado, cohercionado o chantajeado, vía inclusión de listas negras o de cualquier otra forma, para que firme algo en contra de su voluntad -ver Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales y la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas entre otras resoluciones que sobre este tema se han emitido-y por lo tanto entrar en un intercambio automático de información, en contra de nuestra voluntad solo iria en contra de los intereses del pueblo panameño y de la Nación. Además que se estaría violando nuestra constitución política lo que representaría una lesión grave para los ciudadanos panameños y extranjeros residentes puesto que se afectarían nuestras garantías fundamentales como el principio del debido proceso, el derecho a la inviolabilidad de la información y privacidad de esta, además de mediatizar el principio de la soberanía nacional por el hecho de que estaríamos entregando el control de nuestra economía y fiscalidad a la OCDE y esto, y creo no exagerar, seria peor que la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla, que en cierta forma hipotecó nuestra soberanía al crear la Zona del Canal, pero con la agravante que en esta ocasión el que firmaría el o los tratados no sería un Francés, y su firma no se daría en la clandestinidad ni con credenciales espurias y ni habría la excusa que sin ese tratado lo más seguro Colombia hubiera retomado para si al istmo de Panamá. En otras palabras veo muy difícil que un gobierno pueda a explicar de un manera convincente la aceptación del intercambio automático al menos que acepten públicamente que nos dejamos «buliar».
Por el lado político interno, y lo comento no solo como panameño, abogado y panameñista, el legado político del gobierno que finalmente ceda ante la OCDE y ahora la UE, ya sea este o el que venga, a entregar el intercambio automático significaría el haber tirado por la borda todo un esfuerzo generacional del pueblo panameño por alcanzar nuestra total independencia y soberanía la cual pudo concretarse finalmente en 1999 con la reversión del Canal a Panamá y es desde esa época que Panamá ha venido creciendo sostenidamente. con el aumento sistemático y anual dela IED, a diferencia de las economías de la OCDE que están en crisis en su gran mayoría por tener gobiernos gordos e ineficientes alimentados con altas tasas impositivas como en Francia que cobra hasta el 80% por impuesto sobre la renta. Si Europa quiere ser un territorio con tasas impositivas confiscatorias ese es su derecho pero lo que no pueden pretender es que nosotros tengamos que desmantelar nuestras ventajas competitivas para beneficio de la OCDE, esto es un absurdo total!!!!!!!!
A mi humilde criterio el gobierno que ceda ante estas presiones, no solo estaria haciendo leyes que traerán pobreza al país, sino que estaría defraudando todo el movimiento nacionalista por ser dueños de nuestro propio destino, sin presiones ni exigencias de nadie, movimiento que pudiera rastrearse desde el incidente de la tajada de sandía, la formación de acción comunal, el rechazo al encañonamiento de la Marina Mercante solicitado por los EU en 1941 lo que le costó la Presidencia al Dr. Arnulfo Arias, la siembra de banderas de 1959 en la Zona del Canal, el rompimiento de relaciones exteriores con EU en 1964, el rechazo de los tratados 3 en 1, la firma de los Tratados Torrijos-Carter 1977 y otra serie de expresiones y logros nacionalistas donde el pueblo panameño ha expresado que quiere ser dueño único de su propio destino, y esta es una aspiración legitima a la cual no podemos renunciar.
No ha sido sino desde que retomamos el canal en 1999 que hemos venido experimentando como país este crecimiento sostenido, envidiable por todo el mundo. Y esto es así ya que por primera vez pudimos como nación tomar control de nuestro mayor y quizás único activo cual es nuestra posición geográfica, y en base a ese activo y buscando la forma de exponencial los beneficios a todo el país, se ha diseñado en el tiempo nuestra economía y fiscalidad de la misma forma que los países de la OCDE, en su gran mayoría industrializados y con régimen fiscal de renta mundial, han diseñado la suya. Ellos tienen su derecho de hacerlo y nosotros el nuestro asi de sencillo.
Lo que pretende la OCDE es que nuestra economía y fiscalidad-se modifique-no para beneficiar al pueblo panameño- sino a los gobiernos de la OCDE y esto es inaceptable, por lo menos desde mi humilde punto de vista.
Los intereses nacionales, como país, deben estar por encima de los intereses de cualquier industria o negocio, y so pretexto de salvaguardar cualquier actividad económica o industria no se puede sacrificar o debilitar la soberanía de una nación, que a final de cuenta es el elemento principal que nos hace ser un estado independiente. Si entregamos esto el desarrollo de nuestro pueblo ya no dependerá de nosotros mismos sino de la OCDE, y esto sería catastrófico.
Es importante tener presente que los países pequeños como Panamá su única defensa y protección ante el «bully» de los países grandes y poderosos es exigir siempre el respeto del derecho internacional público el cual se implementó precisamente para evitar los abusos que en el pasado sufrieron países pequeños ante los países «imperialistas» y uso este término no por ser seguidor del socialismo del Siglo XXI, nada más lejos de la verdad, sino porque la evolución del derecho internacional se originó precisamente para evitar que la Europa colonial, junto con el advenimiento de EU como potencia mundial, abusaran de los países pequeños. Además es un mandato de nuestra Constitución, establecido en su artículo 4.”
Varela amenazó con aplicar la ley de retorsión
Empresarios y Gobierno coinciden en que la ley de retorsión es necesaria para quienes mantengan a Panamá en listas. LA PRENSA/Eric Batista
La Comisión Europea (CE) pospondrá hasta finales de año la actualización de la lista negra que incluye 30 paraísos fiscales -entre los que se encuentra Panamá- como parte del plan de acción que pretende evitar los abusos financieros y luchar contra la evasión.
“Actualizaremos a final de año la lista y continuaremos haciéndolo periódicamente. Sin embargo, de momento, no podemos confirmar la fecha exacta, pero sí que será al final del año. Vamos a confiar en la información recogida por los Estados miembro para hacer las actualizaciones necesarias”, ha informado una fuente del organismo europeo a La Prensa.
Además, la CE se ha desvinculado de la elaboración del repertorio que considera a Panamá como un refugio oculto para dinero de origen ilícito, porque su jurisdicción no contribuye a la lucha contra el fraude. Según ha especificado esta misma fuente, “no hay ningún análisis o estudio que parta de la Unión Europea”, sino que se trata, en realidad, “de una compilación de lo que ya existía previamente”.
De manera que la llamada “lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativos en materia fiscal” no ha tenido en cuenta los avances en materia de transparencia fiscal y las 15 reglamentaciones en las que trabaja el Gobierno de Panamá para reforzar las normas financieras y solventar las debilidades detectadas.
La semana pasada, después de haber publicado la lista negra, la CE invitó a los 30 países definidos como paraíso fiscal a remitir un informe que refleje el marco legal que regula la fiscalidad.
“Cualquier avance de estos países con respecto a la transparencia fiscal se tendrá en cuenta cuando la CE actualice la lista, ya que se ha comprometido a hacer una base periódica”, ha especificado.
El presidente Juan Carlos Varela amenazó con aplicar la ley de retorsión contra aquellos países que determinen que Panamá es un paraíso fiscal.
Además, la Cancillería pidió específicamente a los países de la Unión Europea que excluyan al país del listado de “jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal”.
Los principales gremios empresariales de Panamá han manifestado su rechazo frontal a la inclusión del país en la lista europea.
Además, se han mostrado a favor de aplicar la ley de retorsión a los países que tomen medidas discriminatorias contra Panamá.
por Irma Rodríguez Reyes
Telemetro
Julio 2, 2015
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Carlos Fernández dijo que ve con buenos ojos la aplicación de las medidas de retorsión para países que incluyen a Panamá dentro de las listas grises.
De acuerdo con Fernández, algunos empresarios deben ser consecuentes con la inversión y actividades que realizan en Panamá. “Se quieren meter con la soberanía de nuestro país” expresó el empresario.
El presidente de la CCIAP dijo que empresarios extranjeros desarrollan inversiones y se apoyan en el sistema bancario y el crecimiento económico. Además considera que las autoridades panameñas han dado pasos importantes en materia financiera.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela anunció en su informe de primer año de gestión que responderá con “reciprocidad” y aplicará la Ley de retorsión a los países y organizaciones que mantengan o incluyan a Panamá dentro de una lista negra.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en la categoría de lista gris desde el 2014, mientras que la Comisión Europea incluyó a Panamá el pasado 17 de junio en una lista negra de paraísos fiscales.
La Estrella de Panamá
jueves 2 de julio de 2015 – 1:38 p.m.
Redacción digital
Es un nuevo ataque directo contra Panamá, su economía y su reputación’, destaca el gremio empresarial
 CORTESÍAIntegrantes de COSIP.
El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), grupo empresarial y profesional que agrupa a los principales gremios exportadores de servicios del país, rechaza los constantes ataques que entes internacionales, de manera colectiva, y países, de manera individual, dirigen en contra de la institucionalidad y reputación en abierta violación al Derecho Internacional Público, en especial a los principios de soberanía, no intervención e igualdad jurídica de los Estados.
COSIP hace referencia a la reciente lista negra de paraísos fiscales publicada por la Comisión Europea, pues consideran que esta lista, aparte de carecer de criterio objetivo para su creación, tan es así que dos de sus países miembros la han rechazado públicamente.
“Es un nuevo ataque directo contra Panamá, su economía y su reputación, que no puede ser visto ni tratado con ligereza. Ya esta bueno”, destaca la COSIP.
Todas las acciones tomadas por la Cancillería de Panamá serán apoyadas por la COSIP, en especial el comunicado rechazando la inclusión de Panamá en la lista de “paraísos fiscales” por la Comisión Europea.
COSIP respalda la citación que hiciera la Cancillería a los embajadores de los países miembros de la Unión Europea para que den explicaciones ante este repetitivo e injusto ataque a la economía y reputación como país independiente y soberano.
“Instamos, y apoyamos, al Gobierno Nacional a que proceda con la misma convicción y contundencia a defender los intereses nacionales contra los ataques provenientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en especial de Pascal Saint Amans, director del Centro de Administración Tributaria de dicho organismo, este último por haber difamado a Panamá en diferentes redes sociales y entrevistas públicas”, recalca el comunicado de la COSIP.
El grupo empresarial solicita al Gobierno Nacional que no acepte firmar ningún tratado tributario con Colombia sin antes haber determinado con claridad las repercusiones económicas que dicha firma traería vía fuga de capitales y de inversión colombiana en el país.
De acuerdo a COSIP la información que supuestamente daría Colombia, Panamá no la necesita, por lo que –a priori- no se ve ningún beneficio en ratificar este convenios con el vecino país.
“Panamá ha sido, es y seguirá siendo un país cooperador, conscientes de nuestro rol dentro de la comunidad internacional, siempre y cuando dicha cooperación se haga acorde a los principios del Derecho Internacional Público, uno de los cuales es el que establece que el diseño de la economía y la fiscalidad son temas exclusivamente internos de cada país”, indica COSIP.
TVN Noticias
Economía panameña
Panamá ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde 2014, y en el pasado reciente en la lista negra Paneuropea de paraísos fiscales. Esto ha generado inconformidad por parte del gobierno panameño.
El presidente Juan Carlos Varela, afirmó que no permitirá que se perjudique la imagen de Panamá, en el caso de que algún país «nos mantenga en cualquier tipo de lista».
Estas fueron sus declaraciones durante su informe a la Nación, este miércoles 1 de julio, cuando dio inicio la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Diputados para el periodo 2015-2016.
Varela aseguró que si a Panamá aún lo mantienen en alguna lista, «para el próximo año, para estas fechas aplicaremos la Ley de Retorsión».
Listas
La semana pasada, la Cancillería de Panamá, reveló que Panamá fue colocada -desde el 17 de junio- en una lista de paraísos fiscales por la Comisión Europea. En esta lista figuran países como Brunei, Hong Kong, Belice y Bahamas, entre otros.
Pero además, aparecen territorios europeos como: Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey (dependiente del Reino Unido).
Esto a pesar que España ha retirado a Panamá de la lista de paraísos fiscales.
La Cancillería pidió a los países de la Unión Europea -en una reunión la semana pasada- ser excluido a Panamá de listado de «jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal».
Se destacó una molestia por parte del gobierno panameño ante esta decisión. El vicecanciller, Luis Miguel Hincapié reveló además que se está formando una comisión técnica para evaluar posibles medidas que se tomarán contra los países que hayan incluido a Panamá en la lista, «desprestigiando la imagen del país».
Y es que el gobierno ha hecho varios esfuerzos porque el país salga de cualquier lista, que quiera manchar la imagen de la nación.
La viceministra de Finanzas, Eyda Varela, dijo en entrevista a TVN Noticias, que se han dado pasos correctos como la aprobación de la Ley de Blanqueo de Capitales.
« Se creó una Intendencia, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que velará por supervisar 20 sectores que no estaban regulados y que fueron detectados como vulnerables para el blanqueo de capitales», afirmó la viceministra.
Junto a Panamá, aparecieron en esa lista: Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba, Etiopia, Iraq, Kuwait, Lao PDR, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Sudan, Siria, Tayikistan, Turquía, Uganda, Yemen y Zimbabue.
Por Angel López Guía, Roberto González
Diario La Prensa
29 jun 2015
El vicecanciller Luis Miguel Hincapié se reunió con los jefes de misión de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea para que sus naciones retiren a Panamá de la lista de jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal.
El vicecanciller reunió a los embajadores europeos el lunes, en el Palacio Bolívar. Tomada de mire.gob.pa
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que se encuentra evaluando medidas contra los países de Europa que continúen incluyendo a Panamá en listas de naciones que no son cooperadoras en materia fiscal.
«El vicecanciller Luis Miguel Hincapié indicó que se está formando una comisión técnica para evaluar posibles medidas a tomarse en contra de los países que hayan incluido a Panamá en dicha lista, desprestigiando la imagen del país, e hizo un llamado a ser consiguientes con los mutuos acuerdos e intereses de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre Panamá y dichos países», precisa un comunicado de la Cancillería.
Las declaraciones de Hincapié se dieron en el marco de una reunión entre el vicecanciller y los jefes de misión de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea.
“Es sumamente preocupante el que países amigos y con fuertes vínculos diplomáticos y comerciales, desprestigien la imagen de un país como Panamá, que tiene una sólida plataforma financiera y corporativa», indicó Hincapié, solicitándole a los embajadores «rectificar» esta posición y excluir a Panamá de esta lista.
La reunión con los embajadores europeos ocurre luego de que la semana pasada se conociera que la Comisión Europea (CE) publicó un informe titulado «Un Sistema Fiscal Corporativo Más Justo en la Unión Europea: 5 Áreas Claves de Acción», en donde señala a Panamá como uno de los 30 países del mundo no cooperadores en materia fiscal.
Días más tarde, los gobiernos de España y el Reino de los Países Bajos, se desmarcaron de esta posición y señalaron que no consideraban a Panamá dentro de los países no cooperadores en materia fiscal.
Desde el 17 de diciembre de 2002, el Ejecutivo tiene una norma -la Ley 58 de 2002- que establece «medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá».
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