|
|
Por Eduardo Morgan Jr.
| Ingresos Directos al Estado |
| Naves (impuestos y tasas, licencias int. de pesca, carnés de oficiales y marinos) |
$120.000.000 |
| Sociedades y Fundaciones de Interés Privado (tasa única y recargos cifras 2010) |
$114.000.000 |
| Registro Público **Se ha tomado el 80% de su total para reflejar la parte internacional |
$35.000.000 |
| Otros (papel notarial: títulos e hipotecas naves, escrituras sociedades) |
$ 2.000.000 |
| Total |
$271.000.000 |
| Ingresos Directos al Sector Privado y Notarías |
| Naves (hipotecas y registro de naves: abogados, traductores, notarios) |
$ 8.000.000 |
| Sociedades y Fundaciones de Interés Privado (ingresos por cartera y nuevas incorporaciones abogados y notarios) |
$81.000.000 |
| Totales |
$89.000.000 |
| TOTAL DE INGRESOS AMBOS SECTORES Divisas Procedentes en su Totalidad del Extranjero Contribución Anual |
| Ingresos Directos al Estado |
$271.000.000 |
| Ingresos Directos al Sector Privado y Notarías |
$89.000.000 |
| Total |
$360.000.000 |
¿Qué representan estas cifras en nuestra economía? Primero, hay que tomar en cuenta que todos estos ingresos proceden del extranjero, constituyen una exportación de servicios, una contribución anual del mundo hacia Panamá por la cual no hay que pagar. Si la valoráramos tomando en cuenta la rentabilidad anualizada del 4% representa para nuestro país un capital de $9.000.000.000 (nueve mil millones).Hay que tomar en cuenta que este capital aumenta anualmente con las naves, las sociedades y las fundaciones que registran cada año y que tienden a aumentar a medida que aumenta la globalización de la economía mundial y por tanto la necesidad de utilizar estos instrumentos. En otra perspectiva, ésta es, sin duda, la más importante inversión extranjera en Panamá..
Por Dr. Eduardo Morgan Jr.
25 de mayo de 2011
Presentación dada en el Club Unión para los miembros del Consejo de Comercio y Producción sobre:
- Beneficios para Panamá del registro de naves y sociedades anónimas y fundaciones de interés privado – Ingresos directos al estado
- Beneficios para Panamá del registro de naves y sociedades anónimas y fundaciones de interés privado – Ingresos directos al sector privado y notarías
- Total de ingresos ambos sectores
- Comparación de incorporaciones e ingresos entre Panamá y Delaware
- Tasa única anual de sociedades anónimas
- Carta de la Embajada de los Estados Unidos de América a Uspa y Amcham
- Carta del Colegio Nacional de Abogados a la Embajada de los Estados Unidos de América
- Carta de Procurador que Panamá sobre sociedades anónimas
- TIF Panamá y EU – Noviembre 30, 2011
- Carta de los Congresistas de Florida a S.E. Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América
Eduardo Morgan Jr.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no es, como pretende hacer ver, una verdadera organización internacional, encargada de establecer los estándares internacionales para la cooperación en materia fiscal. Es simplemente una organización de países ricos y, como lo dicen sus estatutos, fue establecida para el desarrollo de las economías y del nivel de vida de sus socios. Verdaderas organizaciones internacionales son, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional, (FMI), de las cuales son miembros casi todos los países que componen nuestro mundo. A la OCDE, la componen solo 32 países que la revista The Economist, cataloga como un club de países ricos; y Paul Krugman profesor de la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008, como un think tank.
En mis escritos, basados en información tomada de los archivos de la OCDE, la he descrito como un cartel, que busca que terceros países no compitan con sus socios en negocios financieros. Es la inventora del término “paraíso fiscal” y de las listas negras, grises y blancas, que la hizo objeto de una crítica feroz de la revista The Economist, que la catalogó de hipócrita.
La guerra abierta contra la competencia financiera la inicia en 1998 con la publicación del documento “Competencia fiscal dañina- Un problema global”. Allí definen lo que para ellos es un paraíso fiscal dañino, y llegan al extremo de considerar la percepción como un elemento válido para identificarlo. Esto quiere decir, que Panamá, sin ninguna de las características que catalogan un paraíso fiscal (nuestras leyes fiscales no discriminan entre nacionales y extranjeros) lo era porque así lo percibían ellos. ¡Increíble!
Cuando los países afectados protestaron porque casi todos los socios de la OCDE, empezando por EE.UU., su socio más importante, tenían esa condición, “cambiaron el disco” y empezaron a decir que el estándar internacional es la transparencia y el efectivo intercambio de información fiscal. De aquí vienen las presiones contra Panamá que, indudablemente, les preocupa por ser el único centro financiero internacional del continente americano que compite con Miami.
Nuestro gobierno tiene la oportunidad de sacar a Panamá del chantaje de la OCDE, como la pequeña isla de Barbados que hizo “recular” a esta nefasta organización cuando la amenazaron con la lista negra. Esta oportunidad nos viene nada menos de los propios EE.UU., su socio más importante, el que paga el 25% de su presupuesto y establece sus políticas y que, con la complicidad de Francia, la utiliza para conseguir la aniquilación de nuestro centro financiero y del negocio de sociedades anónimas; el primero para Miami, y el segundo para Delaware y otros Estados.
Que nuestro país tiene un Dios que lo protege se hizo patente cuando el 2 de marzo pasado los 25 Congresistas de Florida, (posteriormente uno de sus Senadores y los dos Senadores de Texas también lo hicieron) escribieron al Presidente Obama conminándolo a que no aprobara un proyecto de reglamento del IRS (su Dirección de Ingresos) para que los bancos den información de los depósitos de extranjeros a sus respectivos países.
Esa carta, que es pública, sirve para que nuestro gobierno se la enrostre a la OCDE y, al igual que hizo Barbados, le exija que nos saque inmediatamente de su lista gris y elimine toda la información negativa contra nuestro país en el “cacareado” Foro Global (otra de las herramientas que el cartel utiliza para eliminar la competencia).
Seguidamente cito algunas de las afirmaciones de los congresistas de Florida, que describen el sistema de Paraíso Fiscal de EE.UU. para que el lector considere si la OCDE puede aseverar que la transparencia y el intercambio de información efectivo es el estándar internacional, o por el contrario, el verdadero estándar es la competencia y el respeto a la privacidad, tal como lo practica su socio principal, los EE.UU.
“Por más de 90 años, los EE.UU. han reconocido la importancia de los depósitos extranjeros y se han abstenido de gravar con impuestos los intereses generados por ellos, o requerir que se reporten”. (¿tax haven transparente o competencia fiscal y privacidad?).
“De acuerdo con el Departamento de Comercio, los extranjeros tienen $10.6 trillones invertidos pasivamente en la economía norteamericana, incluyendo cerca de “3.6 trillones reportados por los bancos y casas de valores de EEUU”. “De hacerse efectiva la norma propuesta, las compañías norteamericanas perderían cientos de billones de dólares en depósitos a instituciones en jurisdicciones que son nuestra competencia y que protegen la privacidad de los clientes. La meta que se pretende con esta regulación no se alcanzará, sino que dejará en desventaja a las instituciones financieras norteamericanas y a la economía de los EE.UU.”.
Ya nuestro Canciller “paró en seco” a Francia cuando esta exigió que nuestras sociedades llevaran libros en Panamá, aunque sus operaciones fueran en el extranjero. Ahora, y con mayor razón, debe hacerlo con la OCDE valiéndose de la carta de los Congresistas para exigirles que no sigan interfiriendo con nuestro país que en materia de bancos y de sociedades es ejemplo, no solo para EU, sino para el mundo. Si lo hace con energía y públicamente, el país ganará muchísimo y también la sociedad mundial, que todavía está pagando el costo de la debacle financiera consecuencia de la hipocresía y falta de moral de los países de la OCDE.
Con este Blog, pretendo poner a disposición de todos los interesados, familiares, amigos, colegas, ya sea que simpaticen o se opongan a mi tesis, años de intensas investigaciones, diversos artículos, valiosos materiales de referencia e interesantes colaboraciones, en torno a temas relacionados con Panamá como centro de negocios y proveedor de servicios financieros internacionales. Como se desprende del contenido, Panamá, siendo una joven nación democrática, de pujante economía, compite por los mismos recursos con los centros de negocios y financieros más importantes del mundo, lo que me ha obligado a desenmascarar algunos mitos y falacias endilgadas a mi país. También critico con vehemencia la doble moral e hipocresía de la OCDE, cartel que vela por los intereses económicos de sus miembros y que, por lo tanto, carece de la autoridad de un organismo internacional. Sin embargo, más que nada, me motiva crear este Blog el orgullo de panameño, que me ha impulsado a dedicar los mejores años de mi vida a contribuir al desarrollo de esa pequeña gran nación que es Panamá.
Mi afán por defender a Panamá se inicia desde que me fue encomendada la enorme responsabilidad de representarla como Embajador en Washington en el año 1996. Me correspondió prepararme para enfrentar los ataques que desde sectores políticos y del gobierno norteamericano, se hacían a los pilares de nuestra economía. Ello me obligó a estudiar a fondo nuestro sistema, sus bondades y fallas, y también a ahondar en el sistema imperante en Estados Unidos (EEUU). En mi libro “Memorias de una Embajada” hago un recuento de cómo nos propusimos, con la ayuda decisiva de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Asociación Bancaria de Panamá, Colegio Nacional de Abogados, y de otras instituciones, educar a los funcionarios norteamericanos sobre nuestro sistema, logrando que representantes de alto nivel del FinCEN (Financial Crime Enforcement Network), Departamento de Justicia, DEA, FBI y otros, conocieran la fortaleza de la economía de Panamá, su Zona Libre y sistema bancario. Como resultado, terminaron alabando la cooperación de nuestro país en el control de narcotráfico y lavado de dinero.
Quienes lean este blog, podrán constatar que Panamá es un país legítimo, con una pujante economía, un sistema financiero bien regulado, validado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconocido por verdaderos organismos internacionales, y que el país cuenta con calificaciones de grado de inversión otorgadas por agencias calificadoras internacionales como Fitch, Moody´s y Standard & Poor’s. Aquí podrán acceder a éstas y otras fuentes externas de referencia, estudios y vínculos que permiten apreciar las bondades de nuestro sistema financiero y de servicios internacionales. He incluído información confiable con relación a la legitimidad y validez de nuestra legislación, régimen fiscal y las sociedades anónimas panameñas. Dejo en evidencia, con fuentes y referencias externas, la doble moral de la OCDE. En particular, el doble estándar de EEUU y la verdadera razón detrás de la renuencia de los representantes de varios de sus Estados, como Delaware y otros, a mejorar su sistema de información, que no es otra que la de no ver afectada una de sus principales fuentes de ingresos.
Asimismo, busco romper el mito sobre las acciones al portador revelando que, de los 31 países miembros de la OCDE, más de la mitad tienen en sus leyes esta figura. EEUU no las necesita porque cuentan con las LLC (Limited Liability Companies) que hacen invisibles a sus propietarios. Los mejores análisis sobre la dificultad para la identificación de los beneficiarios en esta jurisdicción se encuentran en los estudios que ha hecho el propio Congreso de EEUU, en el informe de la Government Accountability Office (GAO), por parte del Departamento de Justicia, de Aduanas y del FinCEN, y en las presentaciones y audiencias del Senador Levin. Para ilustrar estos temas, he incluído el video de Dan Mitchell “Tax Heaven Speech on Capitol Hill”. Dan es experto en regímenes fiscales, miembro del Instituto CATO y es colaborador frecuente del Wall Street Journal y del New York Times.
EEUU no solamente está lejos de cumplir con los estándares de su grupo, sino que evidentemente brinda ventajas fiscales a los inversionistas extranjeros, vis a vis sus nacionales para atraer capital. Claramente, compite con Panamá por los mismos recursos y negocios internacionales, lo que explica los ataques infundados hacia nuestra nación.
Panamá, no solamente cuenta con entidades regulatorias y de supervisión, sino también con instituciones investigativas, como lo son, entre otras, la Procuraduría General de la Nación; el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Superintendencia Bancaria, cuyos estamentos están en capacidad de identificar a quienes hacen mal uso de los vehículos jurídicos panameños. Podemos destacar casos como los de David Murcia, Vladimiro Montesinos, o los ex-presidentes de Costa Rica, Chile y Nicaragua, a quienes fue posible identificar como beneficiarios finales, precisamente, porque utilizaron sociedades anónimas panameñas y porque medió un proceso judicial internacional legítimo. Panamá cumple ampliamente con los estándares del FMI, OMC y otros verdaderos organismos internacionales, y nuestras autoridades judiciales y de investigación tienen éxito en la identificación de beneficiarios finales de las sociedades investigadas.
En este Blog, podrán encontrar todo este material además de un caudal histórico de información relevante en torno a estos interesantes temas. Los invito a navegarlo y desde ya le doy la bienvenida a sus comentarios y contribuciones.
Por Elizabeth González
TVN Noticias
13 de abril de 2011
15 de marzo de 2011
Estimado Sr. Owens:
Me refiero a sus recientes comentarios en relación con “El Final de los Paraísos Fiscales”, artículo publicado en la edición de marzo del “The International Tax Review”
Es difícil creer que usted continúe hablando acerca de los paraísos fiscales y, sin embargo, deja de reconocer que Estados Unidos (EU), miembro principal del cartel de la OCDE, es el mayor paraíso fiscal del mundo de acuerdo con la definición de la propia organización. ¿Cómo puede continuar ignorando el hecho indiscutible de que los depósitos extranjeros de no residentes no pagan impuestos en EU? No es ningún secreto que EU, no proporciona información a los gobiernos extranjeros sobre depósitos bancarios mantenidos por sus ciudadanos, con la excepción de Canadá.
¿No ha leído usted la carta al Presidente Obama, fechada 2 de marzo de 2011, y firmada por los 25 miembros de la Delegación de Florida a la Casa de Representantes de EU, en la que se urge el retiro de un propuesto reglamento del IRS (REG-146097-09) que requeriría informar el interés pagado a los tenedores de depósitos de cuentas extranjeras, a fin de que sean entregados a los gobiernos extranjeros? ¿No está consciente de que la preocupación principal es que si este reglamento no es retirado, los bancos de Florida, que tienen depósitos sustanciales de América Latina, serían duramente golpeados y esto sacaría el capital creador de trabajo fuera de América? No hay duda de que tal reglamento socavaría los mercados financieros de EU, enviando un mensaje a las personas extranjeras con depósitos existentes y potenciales, de que EU, ya no es jurisdicción secreta. Propuestas similares han sido engavetadas después de encontrar gran oposición tanto de la industria privada como de las organizaciones de políticas públicas de EU ( ref: Http:/www.freedomandprosperity.org/FL-Delegation-03-02-20011.pdf)
Si usted insiste en ignorar todos estos hechos, le recomiendo encarecidamente que lea el estudio “Depósitos de No Residentes Mantenidos Privadamente en Jurisdicciones Secretas” del “Global Financial Integrity”, promovido por la Fundación Ford. Este estudio, que también ha sido convenientemente ignorado por la OCDE, claramente demuestra que EU es el mayor y más secreto paraíso fiscal del mundo y que de las 10 principales jurisdicciones revisadas, EU es la primera en la lista. Otras siete son miembros de la OECD, y las dos restantes (Caimán y Jersey) son territorios dependientes de otro miembro. También le exhorto a revisar numerosas audiencias del Senado de EU, e informes de las Redes Policivas de Crímenes Financieros, de la GAO de EU; de la Agrupación de Fuerza para Acción Financiera (The Financial Action Task Force (FATF )), y varias otras fuentes confiables en relación con los estándares de transparencia de EU ¿Dónde está la “transparencia e intercambio efectivo de información” que la OCDE vehementemente proclama?
La ley fiscal es una parte inalienable de la soberanía de un país, y las naciones alrededor del mundo confían en su política económica y soberanía fiscal para promover las exportaciones y atraer inversión directa en favor del bienestar de sus ciudadanos. Quizás ningún otro país del mundo tiene estos conceptos más profundamente arraigados en su cultura que EU, lo que lo convirtió en el estándar internacional, e hito para las mejores prácticas mundiales. De hecho, las naciones a través del mundo, grandes y pequeñas, están compitiendo por los mismos recursos financieros; la política fiscal forma gran parte del ambiente comercial global de competencia. Para mantener el balance entre la competitividad y los intereses nacionales, los países confían en las relaciones internacionales, los tratados de doble imposición, y leyes domésticas que tratan con los aspectos extraterritoriales de los impuestos de una nación.
EU no solamente es el socio más importante de la OCDE sino también el líder indiscutible del G20, es decir, de las economías más desarrolladas del planeta. Son ellos, precisamente, los que, por su poderío económico, militar y cultural tiene mayor influencia en el concierto de las naciones para fijar políticas, sobre todo, económicas. Su enorme desarrollo económico y político descansa en los pilares fundamentales de la competencia, el respeto a la iniciativa privada, y la privacidad. La fuerza de estos pilares se hizo manifiesta con el desplome de las economías planificadas que dio al traste con la Unión Soviética y sus países aliados. Estados Unidos promueve la competencia fiscal y la privacidad de las personas tanto como un factor de desarrollo, como uno de protección a los contribuyentes, para que estos no sean víctimas de impuestos abusivos. Si esto es así, y si además todos los países principales de la OCDE están en la misma línea, el verdadero estándar internacional es la competencia fiscal y la privacidad del individuo, por lo que no queda otra interpretación a la invención de la OCDE de “transparencia y efectivo intercambio de información”, que de lo que se trata, no es otra cosa que un ardid que solo busca eliminar la competencia de los países pequeños a los miembros de su Cartel.
Me gustaría mucho recibir sus comentarios. Mientras, le invito a visitar mi Blog https:www.eduardomorgan.com.
De usted, muy atentamente,
Eduardo Morgan Jr.
Ex embajador de Panamá en Estados Unidos
Phyllis M. Powers
Embajadora de los Estados Unidos en Panamá
Hace poco más de un año, la Secretaria de Estado Hillary Clinton hizo un llamado de compromiso global con la Libertad del Internet, aplicar la libertad de reunión, expresión y asociación al ciberespacio. Al preservar estos derechos en la era digital, estamos preservando la promesa del Internet como plataforma para la innovación, conexión y crecimiento económico.
Luego de los eventos que tuvieron lugar en la Plaza Tahrir en Egipto y el bloqueo más grande a Internet que se haya producido en nuestro tiempo, seguimos oyendo numerosos clamores para que se respete la libertad de conectarse. El Internet se ha vuelto la ‘plaza del pueblo’ mundial del siglo 21. A lo largo de este discurso, resurgen nuevas dimensiones de los debates que hemos venido sosteniendo durante siglos. Al mirar hacia el futuro, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo protegemos la libertad y la seguridad? ¿La transparencia y la confidencialidad? ¿La libertad de expresión y la tolerancia?
Primeramente y con frecuencia, la libertad y la seguridad se ven mutuamente excluyentes, pero debemos tener suficiente seguridad para poder utilizar nuestras libertades, pero no demasiada como para ponerlas en peligro. El punto de apoyo de este delicado balance es el estado de derecho. Nuestra lealtad a éste no se desvanece en el ciberespacio; tampoco lo hace nuestro compromiso a las libertades civiles. La “seguridad” a menudo se invoca como la justificación de ataques agresivos a la libertad en Internet, pero los Gobiernos que arrestan a blogueros, investigan las actividades pacíficas de sus ciudadanos y limitan o cierran el acceso a información bajo el pretexto de mantener la seguridad no engañan a nadie. Silenciar las ideas no las hace desaparecer.
En segundo lugar, debemos proteger tanto la transparencia como la confidencialidad. La transparencia es importante. Podemos y debemos dar a los ciudadanos información acerca de sus gobiernos, pero la confidencialidad también es de suma importancia. Los Gobiernos tienen una norma más estricta que cumplir al utilizar la confidencialidad, puesto que sirven al público. Pero todo gobierno requiere un nivel de confidencialidad cuando trata con asuntos como la seguridad pública y nacional. Por ejemplo, no sería sensato publicar en Internet los detalles de negociaciones delicadas entre países sobre cómo combatir la violencia de los carteles de drogas.
En tercer lugar, debemos tratar de proteger la libertad de expresión mientras promovemos simultáneamente la tolerancia. Al igual que la plaza de un pueblo, el Internet alberga todo tipo de discursos: falsos, ofensivos, constructivos e innovadores. El desafío es lograr un compromiso con la libertad de expresión en línea mientras aprovechamos la capacidad del Internet para promover la tolerancia y la paz. Exponer y desafiar los discursos ofensivos, en vez de suprimirlos, permite el escrutinio y la respuesta pública.
Mediante la libertad en Internet, tenemos la rara oportunidad para vincular un asunto de derechos humanos con nuestras aspiraciones de prosperidad económica mutua. Los mercados abiertos a nuevos productos y servicios catalizan el espíritu empresarial, la innovación y la inversión. Hemos visto como la inversión e innovación en el mercado mundial del Internet fluye hacia aquellas naciones, como Panamá, que se esfuerzan en hacer de la transparencia la característica principal de su política de Internet.
A medida que avanzamos y la plaza universal del Internet continúa floreciendo, confiamos en que podemos proteger y promover los principios de libertad y seguridad; transparencia y confidencialidad; y libertad de expresión y tolerancia. Juntos conforman los cimientos de la libertad y la apertura de Internet.
Eduardo Morgan Jr.
Panamá fue un país pobre hasta el año 2000. Nuestra riqueza, la posición geográfica, nos había sido arrebatada por la interpretación absurda que Estados Unidos, con la complicidad de Bunau-Varilla, hizo del tratado que lleva su nombre. Nos quitaron los puertos y convirtieron Panamá y Colón en unos guetos enclavados dentro de las cinco millas de la concesión que creó la Zona del Canal, sin ninguna posibilidad de crecimiento. Continue reading Tenemos la riqueza. Invirtámosla bien.
Inocencio Galindo de O.
Es comprensible la preocupación de ambientalistas e indígenas, por las modificaciones al Código Minero. Por ser la minería actividad de alto impacto, es necesario que se desarrolle con responsabilidad, conforme a los más altos estándares y con la adecuada fiscalización.
Lo que es incomprensible e irresponsable, es la manipulación y la desinformación transmitida por ciertos opositores sobre el contenido y fin de la nueva ley. Algunas opiniones en los medios evidencian intereses políticos mezquinos; otras muestran conocimiento superficial de las reformas. Esto ha generado protestas violentas como el injustificado ataque al vice ministro Carles, quien acudió ante los manifestantes de manera pacífica.
Mi conclusión del análisis de la Ley 8 de 2011 es que propicia el desarrollo de una minería responsable, por lo que deseo aclarar algunos aspectos.
1. Es incorrecto afirmar que su propósito es permitir o incentivar la minería a cielo abierto. Bajo el Código Minero original esta actividad se permitía y se venía dando en Panamá pero con requisitos mucho más laxos que los incluidos en las reformas en cuanto a fiscalización por las autoridades competentes, multas aplicables por violaciones a los contratos o a las normas, cánones y regalías pagaderas en concesiones de exploración o explotación, etc.
2. No es cierto que el Gobierno está regalando territorio panameño a gobiernos extranjeros. El texto de la Ley 8 es claro, no permite que gobiernos extranjeros adquieran el dominio (la propiedad) de territorio nacional–ni de tierras, ni del subsuelo. Las modificaciones al Código Minero mantienen la prohibición de otorgar concesiones a gobiernos extranjeros o sus instituciones. Adicionalmente, la Ley 8 regula el financiamiento por entidades de gobiernos extranjeros y aclara que no recibirán, en garantía, terrenos de propiedad del concesionario; y que las concesiones deberán permanecer en manos de empresas privadas.
3. Se afirma que al permitir que entidades de gobiernos extranjeros inviertan o financien estos proyectos, Panamá estaría en riesgo de una disputa con un gobierno extranjero ante el cual no nos podremos defender. De ser esto así, no hubiésemos podido financiar la expansión del Canal de Panamá, ni numerosos proyectos públicos y privados financiados por entes multilaterales o de gobiernos extranjeros; ni emitir bonos en mercados internacionales por temor de que empresas de gobiernos extranjeros inviertan en ellos y, por dicha vía, adquieran poder sobre nuestro país; u otorgar concesiones de servicios públicos a empresas en las que participen gobiernos extranjeros como en el caso de los puertos y la electricidad. Es importante destacar que aunque la Ley 8 permite que entes de gobiernos extranjeros inviertan en concesionarios mineras, los concesionarios deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado bajo las normas panameñas, renunciando a la reclamación diplomática, y sometiéndose a las leyes de Panamá, aplicando en todo caso nuestra legislación sobre medidas de retorsión.
4. Se afirma que es un gran negocio para unos pocos y que el Estado recibirá migajas. Falso. La Ley 8 establece el pago de una regalía de 5% para proyectos de cobre, cuando anteriormente era 2% — ¡un incremento de 150%! Mediante la regalía el Estado recibirá el 5% de la facturación de la empresa—es decir, el 5% se aplica antes de que la empresa deduzca sus gastos operativos, financieros y demás. El Estado cobrará además impuestos sobre la renta, actualmente de 30% para la minería. Lo anterior representará miles de millones de dólares en ingresos que estarán disponibles para obras y programas de asistencia social; generará miles de empleos durante la construcción y operación de los proyectos, y del desarrollo de infraestructuras que luego pasarán al Estado. Con respecto al proyecto cuprífero de Minera Panamá en la Provincia de Colón, se estima que, a los precios actuales, la regalía aplicable para el Estado supere los 125 millones de dólares anuales; bajo la reforma, unos 50 millones de dólares al año se destinarán a las comunidades y 25 millones al año a fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
Aun cuando entiendo que siempre habrá sectores opuestos a la minería, recomiendo leer con mente fresca la nueva ley. Una lectura objetiva de la misma nos demuestra que la norma no hace más que mejorar el marco legal aplicable a esta actividad fortaleciendo las entidades gubernamentales que la fiscalizan, incrementando las multas, mejorando las normas de fiscalización en el tema ambiental y sobre el cierre de las minas, incluyendo a los grupos indígenas en las decisiones sobre proyectos de desarrollo en las comarcas, e incrementando las regalías y beneficios para el Estado y las comunidades. El análisis sereno evitará enfrentamientos innecesarios y costosos para la paz social.
Adolfo E. Linares Franco
Las declaraciones vertidas por el canciller Varela durante su encuentro con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de que “… Panamá está listo y dispuesto a cumplir con cualquier tema pendiente lo antes posible”, para completar el proceso de ratificación del TPC son, por decir lo menos, desatinadas y vergonzosas.
Desatinadas, porque éstas dan a entender que para el canciller el proceso de negociación está todavía abierto –solo para EU, porque Panamá ya ratificó el tratado y, por lo tanto, no puede pedir nada más– y vergonzosas, puesto que reflejan una actitud entreguista y en extremo dócil hacia el Gobierno norteamericano que ha tratado muy mal a Panamá con el tema de la ratificación del TPC.
El canciller Varela debiera aprender del presidente Santos de Colombia, cuyo TLC tiene también varios años de languidecer en el escritorio de Obama, ya que este dijo tajantemente –ante la sugerencia de EU de que previo a su ratificación Colombia tenía que cambiar una serie de leyes– que: “El TLC está firmado y aprobado por nuestro Congreso. Está cerrado con candado. No hay posibilidades de negociar”. Esta es la posición que debe tomar nuestro gobierno nacional y no dar a entender que estamos dispuestos a dar lo que sea, con tal de que se nos apruebe.
El hecho de que el canciller Varela haya aceptado un encuentro entre delegaciones de Panamá y Estados Unidos para “… acordar los detalles finales del TPC” es un error garrafal que además demuestra una actitud sumisa y entreguista de parte del canciller. Haciendo esto da a entender que Panamá acepta que el proceso de negociación está todavía abierto, a diferencia del mensaje alto y claro que dio el presidente colombiano.
Panamá no debe aceptar reunirse para discutir nada so pretexto de culminar detalles finales para que EU ratifique el TPC. No hay nada que discutir. Lo que tiene que hacer EU es enviar el TPC al Congreso y punto. El período para discutir detalles o pedir cosas ya pasó. El canciller Varela debió plantearle tanto a Hillary Clinton como a Ron Kirk que Panamá ya cumplió con todo lo que tenía que hacer para ratificar el TPC, que las negociaciones ya se terminaron y que lo que queda es que EU cumpla con su parte sin poner trabas adicionales y mucho menos exigir nuevas prebendas de manera extemporánea.
El canciller no debe permitir que se nos humille de esa manera y mucho menos aceptar cándidamente que se utilice la ratificación del TPC como un documento de “extorsión” para que EU nos pida cuanta cosa se le venga en gana, que es lo que van a hacer en la encerrona en que el canciller ha aceptado participar. La poca precisión que denuncian los congresistas republicanos en lo que se le está pidiendo a Panamá es una prueba de que nos están agarrando de tontos y nos pedirán cuanta cosa se les ocurra o venga en gana. Ya el canciller Varela acepto y corrió a firmar un tratado de información fiscal (TIA), que para nada beneficia al país y me atrevería a decir que después del Hay–Bunau-Varilla es el acuerdo más lesivo a los intereses patrios que se haya firmado, con el agravante de que este sí fue firmado por un panameño –Varela– y el otro lo firmó un francés –Bunau-Varilla– con credenciales espurias.
Nuestro canciller debe tener en cuenta que en el derecho internacional hay un principio que es el de la igualdad jurídica de los Estados, que significa que todos los Estados son iguales ante las leyes internacionales, y otro principio de reciprocidad que nos permite hacer lo mismo que otros países hacen con nosotros. Pero para que estos principios prevalezcan, es necesario que los países pequeños o débiles como el nuestro actúen con dignidad y nos demos a respetar, de lo contrario nadie nos respetará.
Ante este nuevo desaire del gobierno de Obama, la Asamblea Nacional debe rechazar de inmediato el TIA y decirle a EU que no negociará ningún nuevo acuerdo de este tipo ni aceptará ninguna revisión adicional a nuestra legislación, si antes no se ratifica el TPC con nosotros.
Por otro lado, el Gobierno debe seguir con la estrategia que correcta e inteligentemente diseñó el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, de firmar acuerdos para evitar la doble imposición tributaria. Ese es el camino correcto. Ese es el camino digno que merece nuestro país.
|
|
