Eduardo Morgan Jr.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un cartel formado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, Inglaterra y Estados Unidos. Como se aprecia, es, fundamentalmente, un club de países ricos, que incluye a los siete miembros del G7 los que, a su vez, son los creadores de organizaciones tales como el Foro de Estabilidad Financiera y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y con un peso decisivo en las organizaciones económicas de las Naciones Unidas.

La génesis de las llamadas “listas negras” se encuentra en documentos de la propia OCDE, en los que se aprecia que éstas nacen como una reacción de sus socios a la competencia lícita que países y jurisdicciones pequeñas, ayudados por la revolución tecnológica, empezaron a hacerle a los centros financieros tradicionales, principalmente Inglaterra y Estados Unidos. Ante el temor de la competencia, los cerebros de la OCDE diseñaron estrategias, que sólo pueden ser calificadas como maquiavélicas, dirigidas a eliminar totalmente la viabilidad de los nacientes centros financieros. Con tal fin, se valieron de todos los recursos imaginables, sin importarles su moralidad, entre ellos la fabricación de falacias y toda suerte de triquiñuelas para obstaculizar y desprestigiar a sus nuevos competidores. Estos planes, diseñados en la década del 70, se mantuvieron en secreto hasta el año 2000, cuando el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE decidió hacerlos públicos en un documento llamado MEJORANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN BANCARIA, el cual puede ser consultado en el sitio de la OCDE en la INTERNET (www.oecd.org). La confesión del complot se encuentra plasmada especialmente en los párrafos 36, 37 y 38 de ese extenso documento. Allí expresan, con todo el descaro que les da su prepotencia, que la liberalización de los mercados financieros fue promovida por ellos como una “respuesta a la amenaza a los mercados financieros por parte de los centros financieros offshore. Estos centros, en las décadas 60 y 70 lograron atraer instituciones financieras extranjeras ofreciéndoles sistemas bancarios con regulaciones mínimas y con impuestos reducidos, en un momento en que los avances tecnológicos los hacían de fácil acceso. Como los flujos de capital a los centros financieros offshore amenazaban con afectar los mercados financieros tradicionales, se emprendieron una serie de reformas para nivelar la competencia entre los mercados financieros onshore y offshore. Los controles de cambio fueron eliminados. Algunos países establecieron mercados para competir directamente con los centros financieros offshore. Sumado a esto, se tomaron medidas para armonizar globalmente el marco normativo de los mercados financieros.”(36) En el párrafo 38 reconocen que si bien la “liberalización de los mercados financieros ha incrementado el crecimiento económico también ha facilitado nuevas oportunidades para no cumplir con las leyes impositivas” dándole a las personas naturales y jurídicas acceso, a costos reducidos, a sistemas bancarios alrededor del mundo para efectuar transacciones legales e ilegales y para acceder también a jurisdicciones que limitan el acceso a la información bancaria para propósitos de impuestos. Y agregan “También ha hecho más difícil a los Administradores de Impuestos, detectar los incumplimientos a menos que exista un adecuado intercambio de información con las administraciones de que se trate”.

El plan tenía dos etapas. En primer lugar, competir en términos de igualdad, para lo cual crearon la banca internacional en EEUU y en casi todos los centros financieros europeos, con las mismas condiciones y ventajas que ofrece la ley panameña a los Bancos de Licencia Internacional -cero impuesto en operaciones internacionales y para los depositantes extranjeros-. Pero esto no era suficiente. Había que liquidar esos centros financieros “offshore” y nada mejor ni más fácil que dañarles su reputación y dificultarles el hacer negocios. De aquí nacen las listas negras, las cuales se originan en EEUU con la tristemente célebre CERTIFICACIÓN ANUAL a los países, con la excusa de la lucha mundial contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero proveniente del mismo. Así, en 1996 y en 1997, acusan a Panamá de que en la Zona Libre de Colón se lavaban DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES de la droga. Así, olímpicamente y sin ningún sonrojo nos acusaban en un documento oficial y de circulación mundial de algo que no solo era una gran mentira sino un absurdo total, como se les demostró con el mero hecho de que en ese tiempo el PIB total de Panamá era de 7mil millones y el negocio de la Zona Libre no llegaba ni cerca de esa cifra. Aparte de las acusaciones a la Zona Libre también criticaban el Centro Financiero y el sistema de sociedades anónimas panameñas, alegando que el uno y el otro se prestaban para transacciones ilícitas.

Comoquiera que inmediatamente surgieron críticas a la unilateralidad de la CERTIFICACIÓN, decidieron entonces atacarnos por medio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) creado por el comité ejecutivo de la OCDE, que conforman el Grupo de los 7. Y el GAFI crea sus listas negras de países no cooperadores en asuntos de lavado de dinero e incluye a Panamá, a pesar de que nuestro país era pionero en el establecimiento de controles para evitar el lavado de dinero en los bancos (el primer país de América Latina en reglamentar la obligación de conocer al cliente y en contar con una Unidad de Análisis Financiero [UAF] independiente) así como también lo era en el control de las sociedades anónimas (a diferencia de EEUU en Panamá solo los abogados pueden organizar sociedades y tienen, también, la obligación de conocer a su cliente). A pesar de ello, repetimos, y sin ninguna justificación, la GAFI nos incluyó en su lista discriminatoria alegando que a nuestras leyes les faltaba incluir el lavado como delito autónomo. Y esto lo hicieron a pesar de que en los últimos 10 años no había habido en nuestro país ningún caso escandaloso de lavado de dinero, los que sí se habían dado en los bancos de países de la OCDE. (Recordemos los escándalos de Raúl Salinas de Gortari, Benizar Buttho, Sani Abacha, los 7 mil millones de la mafia rusa y, últimamente, los del notorio Vladimiro Montesinos, que se descubrieron en bancos de Miami, Suiza, Londres y Nueva York). Rápidamente y con la más amplia colaboración de la sociedad civil, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa aprobaron las nuevas leyes y reglamentos que nos exigían por lo que no tuvieron más remedio que sacarnos de esa lista.

Pero los ataques no cesaron y seguidamente nos incluyeron en una nueva lista, que elaboró ya el mismo Club de los Países Ricos, la OCDE, con el sonoro nombre de PARAÍSOS FISCALES NO COLABORADORES. No les importó que comprobáramos que Panamá no tenía ninguna de las características que ellos atribuían a los paraísos fiscales y que el sistema territorial de impuesto era perfectamente legítimo. Ellos PERCIBÍAN, repetimos, PERCIBÍAN que éramos un paraíso fiscal y eso les bastaba. Ante la escandalosa realidad de que muchos de sus miembros, sino todos, eran abiertamente paraísos fiscales y los Estados Unidos el más grande, dijeron que la diferencia con nosotros era que ellos sí eran colaboradores en el suministro de información; que antes de cierta fecha teníamos que cambiar nuestras leyes y, además, firmar con cuanto país nos lo solicitara tratados de intercambio de información fiscal y de transparencia sobre nuestros bancos, sociedades anónimas y los demás componentes de nuestra economía de servicios. Como es bien sabido, sin privacidad, sin confidencialidad no puede existir, no digamos un centro de servicios internacionales, sino ningún tipo de actividad comercial.

En pocas palabras, el fracaso de la conspiración que idearon a principio de los años 70 para destruirnos y evitar que les pudiéramos hacer competencia en los servicios internacionales los ha mantenido en estado de alerta permanente. Ellos saben que Panamá tiene todos los componentes para convertirse en el Centro de Servicios por excelencia: un Canal por el que se mueve el 4% del comercio mundial; los mejores puertos en ambos mares; la Zona Franca por excelencia del continente; un Centro Financiero Regional, regulado con apego a las mejores normas internacionales; el dólar como moneda; un sistema fiscal de impuesto territorial; las mejores comunicaciones internacionales; un eje aéreo de primera; una democracia y una seguridad política cimentada en tres elecciones ejemplares, pero sobre todas las cosas, un componente humano capaz, eficiente y con una profesionalidad comprobada y reconocida.

Los intentos de la OCDE se vieron frustrados ante el trato igualitario exigido por los países calificados como Paraísos Fiscales (entre ellos, por supuesto, Panamá), lo que se conoció con su nombre en el idioma inglés: el Level Playing Field. Es decir, que los Centros Financieros afectados se opusieron a dar información fiscal al menos que todos los centros financieros así lo hicieran, incluyendo países miembros de la OCDE, tales como Suiza, Luxemburgo, Bélgica y Estados Unidos.

Esta resultó una tarea imposible para la OCDE y entonces empezaron con el argumento de la cooperación en materia impositiva y a seguir exigiendo a los países pequeños la firma de tratados de intercambio de información fiscal. Está claro que países como Panamá, con un sistema fiscal de impuesto territorial, no tiene porqué firmar tratados que serían de una sola vía. Pero, además, no puede acceder a la solapada actitud de la OCDE, que lo que persigue es eliminar la competencia de lo que ellos llaman centros offshore. La bandera de la “competencia fiscal dañina” que esgrime la OCDE alegando la evasión del pago de impuestos no es más que un subterfugio que no resiste el más mínimo análisis. Así, por ejemplo la más grande evasión de impuesto de contribuyentes extranjeros se da en el miembro más influyente de la OCDE, los Estados Unidos, que no grava los depósitos extranjeros en sus bancos, ni mucho menos las inversiones multimillonarias de extranjeros en sus Bolsas de Valores. y no le da información de estas inversiones a ningún país, excepto Canadá. ¿Por qué la OCDE no lo presiona, no para que firme tratados de información que no cumple, sino para que grave las ganancias de esas inversiones o esos intereses bancarios y los entregue a los respectivos países, como lo hace Suiza con los países de la Unión Europea? ¿Qué piensa la OCDE del escándalo que se formó no hace mucho cuando el Internal Revenue Service trató de que los bancos dieran esta información? ¿Y de la protesta del entonces Gobernador de Florida, Jeff Bush, hermano del Presidente Bush, y de la mayoría del Congreso, que se negó a aprobar esa medida? ¿Ignora, acaso la OCDE los argumentos de los Senadores y banqueros de EEUU en el sentido de que dar esa información provocaría el alarmante éxodo de millones de millones (trillones) de dólares de la economía norteamericana?

¿Cuál es, pues, el país que más contribuye a la evasión fiscal en el mundo? Por supuesto que todo apunta a los Estados Unidos, su miembro más conspicuo y el mayor contribuyente a su muy gordo presupuesto anual de 340 millones de Euros.

¿Ignora la OCDE que fue, precisamente, el United States Government Accountability Office (GAO) el organismo que hizo hace poco la siguiente aseveración: “LOS CRIMINALES USAN LEYES ESTATALES ACOMODATICIAS PARA CREAR COMPAÑÍAS DE PAPEL QUE EVADEN IMPUESTOS O LAVAN DINERO. ESTAS COMPAÑÍAS, CREADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SE HAN USADO PARA LAVAR HASTA $36 BILLONES DE GANANCIAS ILÍCITAS PROVENIENTES DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA, DE ACUERDO CON FUENTES DEL FBI CITADAS EN EL INFORME. EL FBI TIENE ABIERTAS 103 INVESTIGACIONES SOBRE MANIPULACIÓN DE MERCADO, LA MAYORÍA DE LAS CUALES INCLUYEN EMPRESAS DE PAPEL DE ESTADOS UNIDOS”. Y si esto fuera poco, preguntamos si la OCDE ignora también el siguiente párrafo de la misma declaración: “LOS OFICIALES GUBERNAMENTALES ENTREVISTADOS PARA EL INFORME DIJERON QUE LA FALTA DE INFORMACIÓN PUEDE MATAR UNA INVESTIGACIÓN. LOS OFICIALES DE ADUANA QUE NO PUDIERON INVESTIGAR LA CORPORACIÓN DE NEVADA, QUE RECIBIÓ MÁS DE 3,774 TRANSFERENCIAS CABLEGRÁFICAS POR UN TOTAL DE $81 MILLONES EN UN LAPSO DE DOS AÑOS, DIJERON A LOS INVESTIGADORES DEL CONGRESO, QUE NO SE HIZO DEBIDO A QUE NO SE SABÍA QUIÉN ERA EL DUEÑO DE LA COMPAÑÍA”. Y, para rematar, ¿ignora la OCDE esta última afirmación?: “EL AÑO PASADO EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA NORTEAMERICANO RECIBIÓ 75 SOLICITUDES DE ASISTENCIA, DE PARTE DE LAS AUTORIDADES UCRANIANAS, PARA DETERMINAR LOS PROPIETARIOS DE COMPAÑÍAS DE PAPEL NORTEAMERICANAS. LAS AUTORIDADES RUSAS TAMBIÉN PRESENTARON 30 SOLICITUDES. EN TODOS LOS CASOS EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SE VIO IMPEDIDO PARA SUMINISTRARLAS POR FALTA DE INFORMACIÓN”. Las aseveraciones transcritas pueden ser consultadas en la página web de GAO (www.gao.gov). Y para que la tarea sea más productiva, remito a los lectores al periódico USA TODAY, ediciones del 23 de febrero y 19 de marzo de 2007 donde pueden comprobar, igual que los señores de la OCDE, lo fácil que es abrir cuentas en algunos de sus bancos y lo difícil que es abrirlas en los bancos de Panamá. Finalmente, recomendamos también la lectura de la revista The Economist, edición del 19 de abril de 2007, que tiene un artículo muy interesante y revelador en torno a las intimidades de la OCDE. Quizá allí esté la explicación del por qué los burócratas que la dirigen lo único que hacen es velar por los intereses de los países que les pagan sus jugosos sueldos libres de todo impuesto además de otros beneficios, como la remodelación del lujoso apartamento en París, del Director General, que por esas ironías del destino, era el Ministro de Hacienda de México, hermano país que fue de los primeros en incluirnos en una lista negra. Dice así The Economist: “Muchos de los delegados están descontentos con el arreglo de pagos que el señor Gurria se agenció, además de una residencia por la que no tiene que pagar alquiler. Su salario básico, de 183 mil euros, fue elevado mediante un paquete confidencial: la asignación como expatriado, de 33 mil euros (sin precedentes para el jefe mayor); una asignación para gastos “domésticos” de 11 mil euros, y gastos de “representación” de 50 mil euros. Esto último puede ser utilizado como mejor le parezca y no está sujeto a auditoria. Una definición un tanto ambigua de “gastos normales”, hizo que fruncieran el entrecejo algunos oficiales que vieron una factura por una cena de aniversario de bodas de Gurria con su esposa, de acuerdo con un documento que vio The Economist. Los oficiales le indicaron que este tipo de gastos no podía ser reembolsado. Un vocero dijo que eran gastos personales y no fueron tramitados”.

Es de todos sabido que nuestra economía, en un porcentaje superior al 80%, está sustentada en el sector de servicios. Ello es así, fundamentalmente, debido a nuestra posición geográfica, que hizo posible el Canal, y que nos ha convertido en un eje para las comunicaciones, no solo en las Américas sino entre los continentes. La posición geográfica estuvo secuestrada durante todo el siglo pasado. El Canal nos fue devuelto en el año 2000 y los puertos a partir de 1979 (hasta 1948 fuimos, además, un país sin un puerto aéreo). El uno y el otro requirieron y requieren ingentes inversiones para adecuarlos al comercio mundial. Al estar privados de nuestra posición geográfica tuvimos que ingeniarnos para sobrevivir y así, nuestros prohombres crearon, en 1919, el Registro Abierto de Naves y lo complementaron, en 1927, con el sistema de sociedades anónimas. Ambos han sido vehículos esenciales en los inicios de la globalización, al permitir a los distintos países hacer negocios entre sí teniendo como vínculo un instrumento neutral. (Actualmente nuestro Registro Abierto de Naves representa cerca del 20% de la marina mercante mundial). A principios de 1970 se creó en Panamá el primer Centro Financiero Internacional, fuera de los tradicionales Centros Financieros de países de la OCDE. El desarrollo de las telecomunicaciones ha eliminado distancias y asientos. Todo está en la Internet y el idioma universal ya no es ni el inglés o el mandarín sino el idioma binario. Esta revolución tecnológica y los otros complementos que ofrece Panamá, como la nueva Ley de Sedes Regionales, brinda a nuestro país la posibilidad de convertirse en un Centro Financiero y de Servicios al mismo nivel que Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong y Singapur. La OCDE, por supuesto, quiere impedirlo tal como lo demuestra este documento. Mi propósito al escribirlo es alertar a la comunidad de los aviesos designios y métodos de la OCDE, y convencer a nuestro gobierno de que la arremetida de la OCDE contra Panamá, para forzarnos a firmar tratados de intercambio de información fiscal con todos sus miembros, es inmoral y sin ningún fundamento en el Derecho Internacional y mucho menos, en el contexto de las relaciones entre los países de la propia OCDE. Creemos haber demostrado, también, que lo que persiguen es eliminarnos como Centro Financiero y de Servicios Internacionales. Con la fuerza que da el conocimiento de la verdad, el Gobierno Nacional debe tomar las medidas que tiene a su alcance, apoyándose en nuestras leyes y en el Derecho Internacional, para que los países que nos perjudican cesen en su agresión excluyéndonos de sus listas negras.

Hay que reconocer que nuestro Presidente y su Canciller han tratado el tema con los Jefes de Estado de esos países, pero los resultados, en tres años de gobierno y de gestión personal, han resultado infructuosos. Nuestro Presidente debe ahora poner en ejecución los instrumentos que le proporciona nuestra Ley de Retorsión. Esta ley tiene dos vertientes: la retorsión, propiamente dicha y las medidas recíprocas. La retorsión puede consistir en la exclusión de las empresas de capital proveniente de aquellos países que nos mantienen en las listas negras, a fin de que no puedan participar en contratos gubernamentales. Las medidas recíprocas, como su nombre lo indica, consisten en la aplicación de medidas similares o iguales a las que estos países le aplican a Panamá, o a sus individuos o empresas.

La Ley de Retorsión tomó como modelo la “Retaliation Statute” de Estados Unidos y su finalidad, tanto en ese país como en el nuestro, es contar con medidas que sirvan para disuadir a países a que dejen de discriminar contra productos y servicios propios. En Panamá la ley fue una respuesta a las listas negras y se pensó aprovechar la proximidad de las multimillonarias obras de ampliación del Canal para que empresas interesadas en esas obras, muchas de las cuales provienen de países que nos mantienen en listas negras, presionaran a sus respectivos gobiernos para excluirnos de las mismas, so pena de no poder participar en la magna obra. El gobierno anterior dio los pasos iniciales para la aplicación de la retorsión pero la acción no fue continuada por el gobierno actual, que prefirió iniciar una política de gestión personal como ya hemos mencionado. La demora en aplicar la retorsión ha tenido como consecuencia el que ya no sea oportuno hacerlo porque podría interferir con las licitaciones para la ampliación de la vía y porque el interés de Panamá es la concurrencia del mayor número de empresas internacionales sin cortapisas de ninguna clase. Pero el gobierno sí debería aplicar la otra variante de la ley, o sea la que tiene que ver con la aplicación de medidas recíprocas. Estas medidas en nada afectarían la participación amplia que se quiere en las obras del Canal, pero sí serían un instrumento legítimo para que las empresas que operan, o piensan operar en Panamá, y que provienen de los países que nos mantienen en listas negras, presionen a sus gobiernos a que nos excluyan so pena de quedar sometidas a las mismas medidas discriminatorias que sus gobiernos aplican a Panamá y a sus empresas. Estas tienen que ver, principalmente, con la obligación de retener sobretasas o cargas impositivas por encima de las aplicadas a transacciones ordinarias, cuando se trata de remesas monetarias a Panamá. En el caso de México, por ejemplo, toda remesa a bancos, empresas o individuos panameños conlleva la obligación de aplicar y retener una sobretasa del 40%, como impuesto especial. Si igual medida se fuera aplicada por Panamá, tendríamos que a empresas como ICA y Cemex, en el caso de México, se les tendría que retener igual sobretasa adicional y pagarla a nuestro Fisco, también como un impuesto especial sobre todas las remesas que hagan a México. En el caso de España, la sobretasa que nos imponen por virtud de la Lista Negra, es del 20%, la cual se aplicaría a empresas como Unión Fenosa, a los bancos españoles y la empresa Telefónica. Estamos seguros que de aplicarse las medidas recíprocas la ley cumpliría su propósito, esto es, antes de que la retención se hiciera efectiva, las empresas de esos países moverían a sus respectivos gobiernos a excluirnos de esas listas negras. Estas listas negras, a la vez que son una afrenta a la dignidad del país, impiden que podamos desarrollar a plenitud nuestra economía de servicios, sobre todo, nuestro Centro Financiero. Es aquí donde reside la verdadera riqueza de Panamá, la que nos ayudaría a resolver los problemas de la pobreza y nos pondrían a todos a la altura del Canal: para llegar a ser un país del primer mundo, sin niños descalzos ni estómagos vacíos. Nuestro gobierno tiene la fortaleza que le dio el amplio mandato del electorado para enfrentar a la OCDE, cuyos únicos argumentos son la prepotencia y la doble moral.

Panamá, Octubre 2007